Con 389 votos a favor, 60 en contra y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular el dictamen con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 3o, 31 y 73 constitucionales en materia educativa, tras escuchar las 30 reservas en las que 20 legisladores presentaron propuestas de modificación.
De todas las reservas solo fue admitida por el Pleno la planteada por la diputada Erika Sánchez Martínez del PRI, respecto al Artículo al Decimoquinto transitorio.
“Los principales desafíos que enfrentan las instituciones de Educación Superior es la insuficiencia e incertidumbre en el financiamiento, que ha variado según las condiciones económicas y políticas del país”, expuso.
“Tanto en la fracción octava como en la décima, se establecen explícitamente las responsabilidades que tienen las entidades federativas, como de los municipios para garantizar el derecho a la educación y cumplir con la obligatoriedad de la Educación Superior, no así la obligatoriedad en materia presupuestal por parte del Gobierno federal”.
La legisladora manifestó que no se trata de que los estados y municipios dejen de invertir en educación, sino de que el Gobierno federal asuma los costos adicionales de esta reforma sin que se afecten las finanzas de los demás órdenes de gobierno, contando con un fondo federal real que garantice el acceso a la Educación Superior.
Pese a que también el Artículo Decimosexto transitorio fue reservado por varios diputados, al tratarse del que deja abierta la posibilidad de que los sindicatos vuelvan a tener control sobre el otorgamiento de plazas magisteriales, ninguna de las propuestas fue aceptada por mayoría.
El dictamen será enviado de nueva cuenta al Senado de la República para que se retome el curso de la Reforma Educativa y se envíe a los congresos locales lo aprobado por ambas Cámaras.
