En la víspera del Día del Maestro, estamos también a pocos días de tener un artículo 3º constitucional reformado, que trae consigo la promesa de cambios significativos para las y los maestros en el país. Algunos de los avances más importantes en esta reforma tienen que ver con los derechos profesionales docentes (DPD), aquellos que garantizan a cada docente una trayectoria profesional orientada al ejercicio pleno de su derecho a aprender, así como el de sus estudiantes.
El establecimiento de procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento “públicos, transparentes, equitativos e imparciales” a los que concurrirán en “igualdad de condiciones”, ayudará a brindar certeza a las y los maestros sobre estos aspectos fundamentales de su trayectoria profesional.
Asimismo, por primera vez se reconocerá, desde la Constitución, el derecho de las y los docentes a una formación continua integral, basada en evaluaciones diagnósticas, vinculadas con los “objetivos y propósitos” del sistema educativo. Una formación continua, relevante y pertinente que responda a sus necesidades es una deuda histórica con las y los maestros, y reconocerla como derecho –exigible en las cortes– representa un gran paso hacia delante.
Por otro lado, aunque la reforma estipula la obligación del Estado de “fortalecer” a las escuelas normales, todavía no queda tan bien establecido el derecho a contar con una formación inicial que desarrolle las prácticas, aptitudes y conocimientos necesarios para promover efectivamente el derecho a una educación inclusiva. Tendremos que esperar hasta la emisión de la Ley de Educación Superior para ver cómo se define este derecho, proceso que podría dejar a las escuelas normales –de por sí ya abandonadas– sin un marco normativo sólido ni atención adecuada hasta diciembre de 2020.
Afortunadamente, en el último momento de la conversación en la Cámara de Diputados, el miércoles pasado, se aprobó una reserva que establece la obligación del Ejecutivo federal de presentar, dentro de 180 días, una estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales. Adicional a plasmar las acciones necesarias para mejorar las condiciones físicas y financieras de las escuelas normales, esta estrategia debe detallar cómo se promoverá la gestión escolar efectiva, el desarrollo profesional del cuerpo académico y la implementación de un currículum pertinente y vinculado a la práctica. Será imprescindible que esta estrategia se desarrolle en coordinación con las autoridades locales y que contemple mecanismos para fortalecer las capacidades institucionales en todas las entidades.
Con una reforma ya (casi) aprobada en papel, llega el momento de dedicarnos al trabajo de asegurar que las aspiraciones ahí plasmadas se cumplan en la realidad.
La mejor manera de agradecer a nuestras maestras y maestros es estar atentos y exigentes para que en las etapas que vienen se cumplan sus derechos como profesionales del aprendizaje.
JENNIFER L. O’DONOGHUE
