El pasado mes de febrero los jóvenes participantes en el programa Cátedras Conacyt quedaron ojipláticos por el anuncio y percepción que la directora de Conacyt, Elena Álvarez Buylla, tenía sobre la operación de ese programa. Avisó que se cancelaría y si bien reconoció sus virtudes, también advirtió su inviabilidad: “se atendió de una manera parchada e insostenible [las opciones laborales para los jóvenes]. Hoy tenemos colgados de la nómina a 1500 catedráticos, eso tiene que cambiar” (Boletín AMC/024/19. 05.02.2019).
A los jóvenes no les pareció nada grata la apreciación sobre su trabajo y menos la incertidumbre sobre su futuro laboral. Una buena parte de ellos respondieron en las redes sociales detallando los proyectos en los que participaban, destacando sus logros y consideraron inaceptable ser calificados como parásitos. En los mismos medios Álvarez Buylla se disculpó e intentó aclarar el sentido de sus palabras.
Sin embargo, frente a la posibilidad de que el programa se modificara sustancialmente o se cancelara en definitiva, otros jóvenes más se organizaron y solicitaron formalmente un encuentro con la titular del organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas. En ese momento no hubo respuesta oficial, pero finalmente el pasado fin de semana se realizó la reunión.
El programa Cátedras Conacyt, como seguramente se recuerda, fue puesto en marcha en la administración anterior. Inició en el 2014 con una oferta de alrededor de medio millar de lugares y la publicación de las normas a las que se sujetarían las personas que buscaran obtener una cátedra.
Las cátedras siguieron un procedimiento de asignación convergente: las instituciones (universidades, centros públicos de investigación o institutos nacionales) presentaban a Conacyt un proyecto para una cátedra individual o una colectiva (entre tres y cinco jóvenes) y los aspirantes se inscribían en un padrón de elegibilidad. Las autoridades de entonces dijeron que siguieron un principio de equidad, porque se dio preferencia a las entidades con menor desarrollo científico y tecnológico y se asignaron cátedras colectivas para un mayor efecto de respaldo e impulso.
El esquema era atractivo: por una parte, ofrecía oportunidades laborales a jóvenes talentosos, con una formación de alto nivel que no encontraban acomodo en el refractario y competido mercado del trabajo incapaz de abrirles un espacio; y, por otro lado, compensaba el rezago científico y tecnológico de algunas entidades federativas.
Sin embargo, la peculiaridad del programa fue que las cátedras no formarían parte de las instituciones receptoras. Los jóvenes catedráticos serían considerados como personal académico de Conacyt, comisionado a la institución de adscripción por un periodo de 10 años y renovables las veces que sea necesario. Así que para efectos normativos el organismo es el patrón, el que cubre la nómina. En un contexto de recursos escasos ese era y es el principal problema.
En un inicio la idea era duplicar el número de plazas anualmente y expandir el programa a un mayor número de instituciones. Pero, como ocurre frecuentemente, todo dependía de los recursos autorizados y no los hubo. El número de cátedras más bien disminuyó a la mitad en los siguientes cuatro años y la administración anterior, a junio de 2018, concluyó con un total de 1 mil 511 plazas distribuidas en todo el territorio nacional en casi un millar de proyectos y en más de un centenar de instituciones.
Según los datos que presentó Peña Nieto en su último informe de gobierno, el total de recursos erogados entre 2014 y 2018 sumaron casi cuatro mil millones de pesos para el programa de Cátedras Conacyt. El volumen de recursos fue la principal preocupación de la nueva administración del organismo y una de las razones para cancelar el programa.
En la reciente reunión de los jóvenes catedráticos con Álvarez Buylla, la titular del organismo les dijo que se buscará cambiar su estatus laboral: “esto es, que dejen de ser considerados administrativamente como funcionarios públicos, con plazas de confianza y, en un futuro, se incorporen como investigadores, con toda formalidad y derechos plenos, en alguno de los 139 centros de investigación e institutos a los que están adscritos” (Comunicado 36/19 11.05.2019).
En realidad la solución no está a la vista: el programa surgió, precisamente, porque ni la industria ni las instituciones públicas de educación superior podían abrir un lugar de trabajo. Ahora el problema retornará a esas mismas instituciones y más complicado porque las instituciones tienen menos presupuesto y podría disminuir todavía más. Nada fácil.
Pie de página: A propósito de la reciente reactivación del fondo sectorial SEP-Conacyt, el secretario de Educación Pública informó que “la inversión total, en esta administración, será cuatro veces mayor a la realizada en los dos años previos”. Veremos los números.
Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
