Si algo se le debe reconocer al Presidente López Obrador es que ha cumplido puntualmente con algunos de sus compromisos más importantes de campaña. No importa que se trate de disparates, como la cancelación del aeropuerto de Texcoco, o que, como en el caso que aquí me ocupa, su tesón se traduzca en un retroceso a un arreglo que ha llevado a que en México tengamos un sistema educativo oneroso e ineficaz, que da pésimos resultados, ha condenado ya a generaciones enteras, desde hace medio siglo, al analfabetismo funcional y ha impedido que el país forme el capital humano necesario para poder competir en las condiciones de la economía global, que para bien y para mal impera en el mundo.
El candidato López Obrador ofreció cancelar la “mal llamada Reforma Educativa” como base de la alianza electoral que estableció con distintas facciones del sindicalismo magisterial, principalmente con la radical de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE); ahora, el Presidente López Obrador está cumpliendo con su promesa. Su objetivo es reducir el conflicto magisterial recurrente planteado por la organización gremial que domina en los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y parte de Ciudad de México con un discurso cuasi insurreccional, pero que en realidad busca mantener los privilegios ganados por el magisterio como parte del arreglo corporativo de la época clásica del PRI. Para el Presidente de la República es mucho más relevante mantener la gobernabilidad entre el magisterio que mejorar el desempeño del sistema educativo y la calidad de la enseñanza.
Los sujetos de la acción justiciera presidencial son los profesores, a los que considera agredidos por la reforma neoliberal, no los niños condenados a una formación extremadamente deficiente. Es una cuestión de enfoque: en la medida en la que ni los padres ni los propios alumnos demandan una mayor calidad educativa, lo racional para este Gobierno es desarticular la protesta en el sector que sí se moviliza con estruendo, que paraliza ciudades enteras y deja sin clase a miles de estudiantes en las regiones más pobres del país. Una organización que se aferra a los privilegios heredados y que desde hace décadas se ha apropiado de una buena tajada de rentas estatales, de la cual dispone discrecionalmente para mantener la lealtad y la disciplina de sus agremiados.
La carta de López Obrador a la CNTE es transparente: las leyes secundarias derivadas de la reforma constitucional reciente, la cual fue facilitada por los partidos que impulsaron los cambios de hace seis años, diseñados precisamente para quitarle al sindicalismo magisterial el control del sistema educativo que el régimen corporativo le había escriturado, serán escritas de consuno con los sindicatos y en ellas se reestablecerá el otorgamiento automático de plazas a todos los egresados de las normales públicas, los ascensos no serán más definidos por concursos de méritos, sino con base en la antigüedad, experiencia y tiempo de trabajo, además del reconocimiento del buen desempeño medido no por evaluaciones diseñadas con criterios técnicos, sino por el mucho más amable método de consulta a los compañeros de trabajo, padres y alumnos. Además, promete “federalizar” (léase en realidad “centralizar”) todas las plazas magisteriales.
El proyecto de López Obrador busca un retorno no a la situación previa a 2013, sino al arreglo que prevalecía antes de la fallida reforma descentralizadora de 1992. De hecho, busca recuperar la situación de la década de 1970, cuando en tiempos de expansión demográfica las plazas magisteriales se repartían entre todos los egresados de las normales públicas. Nada le importa al Presidente toda la evidencia de los males que aquel arreglo provocó en el sistema educativo. Los resultados de México en la prueba PISA seguro le parecen sesgados por el neoliberalismo y de nuevo, como en los buenos tiempos del monopolio del PRI, parece querer volver a un sistema educativo cuyo objetivo central era formar capital político, no mexicanos con la formación necesaria para conseguir empleos de calidad.
Me imagino que ahora se estarán llevando un gran chasco quienes vieron en la reforma constitucional de hace unas semanas un éxito que salvaba al menos en parte lo avanzado en 2013, al tiempo que eliminaba los puntos más conflictivos de la fallida reforma, aquellos que hicieron que nunca fuera bien vista por los profesores. Los resquicios abiertos por los cambios constitucionales recién promulgados serán suficientes para que, de nuevo, las plazas y la carrera de los docentes esté controlada por los sindicatos, pues el SNTE no tardará en hacer lo que siempre hace: aprovechar los embates de la CNTE para sacar raja. Las profesoras y los profesores, mientras tanto, seguirán siendo clientelas cautivas de estos sindicatos verticales y nada democráticos, en la medida que sus incentivos seguirán siendo sindicales y políticos, no académicos y profesionales.
Lo paradójico es que la reforma de 2013 contó en su día con un amplio apoyo social y político. Ahora casi nadie ha salido a romper una lanza por lo que entonces se consideró un paso relevante para desmontar el poder corrupto de una de las organizaciones gremiales más poderosas del país, que dispone, tanto en su vertiente tradicionalmente oficialista como en la radical, de manera discrecional de cantidades ingentes de recurso sobre los que no rinde cuentas a nadie y que ha sido el principal obstáculo para que México cuente con un magisterio profesional, bien capacitado y comprometido con la formación de la niñez y la juventud.
La decisión de López Obrador de pactar con el sindicalismo magisterial en términos casi idénticos a los que caracterizaron al arreglo autoritario es tremendamente injusta, porque condena a las generaciones en formación a una educación de mala calidad y porque impide que el sistema educativo sea una palanca para atemperar la desigualdad brutal que define al país. No veo cómo puede ser considerado progresista un proyecto que lo que hace es mirar al pasado con nostalgia y que quiere volver a una arcadia falsa, donde los profesores eran vistos solo como clientelas políticas a las cuales controlar para mantener el poder y no como profesionales especializados de importancia estratégica para el desarrollo.
