¿Cómo va la transformación educativa en México? Corre por varios planos y a velocidades diferentes. En Chiapas y Oaxaca muchos niños han perdido clases a lo largo del ciclo y centenares de maestros siguen sin poder tomar sus tareas en la adscripción de su nombramiento porque son amenazados por sus “compañeros”. Campeche, con un trabajo notable en comunidades dispersas; Sonora, con un avance ejemplar en formación inicial de docentes; Sinaloa y Jalisco, poniendo las bases de una estrategia de primera infancia, ejemplos que el gobierno federal bien haría en considerar.
Las familias asimilando la cascada de información: hay becas, pero no se sabe bien cómo aplicar, o si llegarán solas, o a la escuela de sus hijas e hijos; las obras en el plantel ya no son de Escuelas al Cien, pero de todos modos siguen paradas; que cambió la calificación y ahora el calendario, o que no, que eso es hasta el ciclo entrante; que ya se van a cerrar los Consejos Escolares de Participación. Las y los profes frente a grupo también lidian con la incertidumbre, pero sobre todo con el rumor: que ya van a quitar… no, que siempre sí se pagan los estímulos K1. Que ya no va a haber Consejos Técnicos. Que van a basificar a todos los que están con contratos temporales y entonces ya no va a haber oportunidad de crecer en sueldo o responsabilidades porque no habrá vacantes ni horas en años. Que si no te pliegas a los líderes viejos y nuevos, ahora ni esperanza de promoción.
Ese es el día a día. Apenas han pasado 15 de cuando se culminó con su promulgación, pero hay mucho en el nuevo texto constitucional que da fundamento normativo a la educación para que el país se sienta legítimamente orgulloso.
Quedó muy extenso –y no en la mejor prosa, rasgo comprensible por la pluralidad de las aportaciones para ajustar y corregir la iniciativa presidencial– pero fija el rumbo de un acuerdo nacional que puede durar y profundizarse, sin perecer con el sexenio.
En medio del oleaje diario y del fondo marino del nuevo Artículo Tercero, hay corrientes y remolinos. La “carta” que se ha difundido, con la cual se supone que el Presidente responde a los representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ha levantado consternación entre varios estudiosos y legisladores.
Queda claro, tal como ocurrió con el tan traído y llevado “memorándum”, que la carta es un mensaje político que no está fundado ni motivado, como sí ocurre con un oficio, y por lo tanto no es una actuación formal, ni tiene en principio consecuencias jurídicas. Está hecha para la percepción.
Preocupa que con ella se pretenda hacer una promesa que pudiera alterar el proceso democrático. Le corresponde al Legislativo la aprobación de las leyes, y no al Presidente, y menos aún al gusto de un grupo particular. Puede mandar iniciativas, que es lo previsible para las leyes secundarias, pero que se sumarán a las de los legisladores. La descuidada expresión propaga la idea lamentable de que los legisladores trabajan para el Ejecutivo y no para los representados.
Varios de los contenidos mencionados son ajenos y hasta contrarios a lo que manda el artículo 3o Constitucional vigente. Se plasmó en la Magna Carta el interés superior y los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, atronadoramente ausentes en la carta.
En el campo mismo de los derechos profesionales de los docentes, algunos temas están ausentes (el derecho a la formación continua) y otros de los mencionados son simplemente incompatibles con lo que manda la Constitución. Las referencias a una basificación indiscriminada, a porcentajes cargados a la antigüedad, o bien a privilegiar a los normalistas (cuando ya ocurre naturalmente que los normalistas destacan en pruebas de contenido y se llevan la mayoría de la vacantes, típicamente por arriba del 80% de las plazas disponibles), no tienen manera de tomar sustento en lo recién aprobado.
La Constitución vigente mandata que los aspirantes participen –en igualdad de condiciones– en procesos públicos, generales, transparentes y justos, fundados en los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y desarrollo integral de los educandos.
Jugar a las cartas algo tan importante genera desánimo en los esforzados, pasividad en los indecisos, ambición en los abusivos. Si el proceso de reforma educativa puede aspirar a continuar como Acuerdo Nacional, estas expresiones lo desmienten en la práctica, dejándolo en un simple arreglo.
Esperamos que la invitación al diálogo que se hace a la Coordinadora, invitación que debe ser celebrada, no se desoriente por expresiones inmoderadas como las de la carta, que se presten a ser interpretadas como que el titular del Ejecutivo estaría cediendo la rectoría del Estado sobre el derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de México.
