Jesús Francisco Galaz Fontes
Al trabajar en instituciones de educación superior (IES) públicas, los académicos mexicanos están sujetos, teóricamente, a reglamentaciones y acuerdos contractuales que regulan su trabajo y remuneración a lo largo de su contratación, ingreso, permanencia, promoción e, inclusive, retiro de su lugar de trabajo. ¿Por qué entonces la necesidad de aplicar uno o más programas de pago por mérito (PPM) que, sobre los hechos, han asumido la regulación del trabajo académico y, con ello, reducido significativamente las capacidades institucionales para modular el trabajo y la carrera académica de su personal conforme a necesidades locales y autónomas?
Varios factores son importantes para responder esta pregunta. En primer lugar, a principios de la década de 1980 el gobierno mexicano, en el contexto de una severa crisis económica, dejó de financiar de forma benévola (irrestricta, sin referente alguno a resultados) diversos sectores y servicios para, en su lugar, asignarles recursos condicionados a un determinado desempeño evidenciado mediante evaluaciones. En segundo lugar y dentro de una política de contención salarial más amplia, el gobierno decidió no canalizar recursos adicionales para otorgar aumentos salariales generalizados al personal de las IES públicas. Los ya entonces insuficientes ingresos de los académicos, particularmente aquellos de tiempo completo, se enfrentaron a presupuesto reducido.
En tercer lugar, el gobierno adoptó la propuesta de un sector de la comunidad científica de otorgar una remuneración adicional exclusivamente a aquellos académicos con un trabajo de calidad, meritorio. Dicho mérito sería identificado mediante evaluaciones que confirmaran el logro de determinados indicadores. En cuarto lugar, para otorgar los recursos adicionales a este grupo reducido de académicos se consideró necesario implementar procedimientos externos a los tabuladores salariales de las IES y, al mismo tiempo, independientes de sus estatutos de personal académico y cuerpos colegiados formalmente instituidos. De entonces a la fecha los ingresos adicionales se han distribuido mediante becas y estímulos que no han impactado los ingresos estables del personal, los cuales han seguido sujetos a la política de contención salarial ya mencionada.
En quinto lugar, aunque en un principio los ingresos extra-salariales jugaron un rol complementario en cuanto a los ingresos totales de los académicos, los montos de esas becas crecieron y hoy en día pueden representar hasta un 70% de las remuneraciones que recibe mensualmente un académico de tiempo completo. Bajo estas circunstancias las becas y estímulos han dejado de ser complementarias y, en esa medida, participar en los PPM ya no constituye una alternativa, sino una decisión “obligada” con la que el académico busca el máximo beneficio económico posible, sin importar en ocasiones que los medios empleados en esa competencia vayan más allá de la legitimidad académica.
En sexto lugar, las autoridades federales determinaron que las IES, dada su poca (y en ocasiones nula) fortaleza académica y colegiada, no tenían la capacidad técnica para distribuir adecuadamente un recurso destinado a reforzar la “calidad” y la “productividad.” Había, entonces, que hacer por ellas ese trabajo. En séptimo lugar, en función de los antecedentes patrimonialistas y de intercambio político de la gestión de muchas de las IES públicas (acaparamiento de puestos directivos por verdaderas mafias o dinastías familiares con fuertes y complejas relaciones con los poderes locales y, en no pocas ocasiones, con los federales), no se consideró prudente transferir fondos adicionales para que dichas autoridades estuvieran en capacidad de canalizarlos de acuerdo a sus muy personales estilos de gobernar.
Por último, se dice que México es una República Federal, pero en los hechos su funcionamiento sigue estando marcado por un fuerte centralismo. Pareciera que ante cualquier problema la solución debe implicar la formulación de algún tipo de programa nacional controlado, administrativa y presupuestalmente, desde las oficinas federales correspondientes. Así, tales programas se diseñan para ser implementados exactamente de la misma manera a todo lo largo y ancho del territorio nacional.
Todos los factores descritos han influido en el debilitamiento de la carrera académica al interior de las IES y, al mismo tiempo, en la consolidación del lugar común actual según el cual los académicos deben recibir sus remuneraciones en función de la evaluación esencialmente externa del mérito del trabajo que realizan. En consecuencia, cuando se plantea finalizar la etapa de los PPM, como son el Sistema Nacional de Investigadores o los programas institucionales de incentivos, la propuesta puede interpretarse en el sentido de que se está proponiendo dejar de considerar el mérito en la determinación de los ingresos de los académicos. No es así, lo que se propone es el tránsito a un modelo en el que las propias IES, a través de sus estatutos del personal académico, sus cuerpos colegiados, su estructura escalafonaria y los salarios asociados a ella, asumen la regulación del trabajo y carrera de su personal académico.
Más allá de programas o sistemas nacionales dirigidos al personal académico, es fundamental impedir que la carrera académica, en aras de una supuesta competitividad de dudosa calidad, siga debilitándose en detrimento del cumplimiento cabal de las funciones y misiones de cada IES. En lugar de buscar una solución universal, el reto es fortalecer la carrera académica desde la perspectiva de sus condiciones reales y respondiendo a modelos que valoren integralmente sus diferentes tareas y funciones. Ello ubicaría a las IES en una mejor situación para responder de una manera más pertinente y oportuna a las necesidades del entorno social y económico en el que se encuentran.
