Las facciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación andan a todo lo que dan. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con su política de amago, movilización y presión sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de los estados donde es mayoría. Su exigencia —que no demanda— es volver las cosas a como estaban o, mejor aún, obtener más.
La Sección 22 lo planteó sin ambages: “Que el gobierno derogue el decreto del 20 de julio de 2015”, con el cual el gobierno de Enrique Peña Nieto, de la mano del gobernador Gabino Cué, le arrebató el control que tenía del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y sobre los maestros.
Los propósitos de la facción que capitanea Alfonso Cepeda Salas no difieren de los de la CNTE, pero lo hace con una envoltura retórica distinta: de loas al Presidente y al “Nuevo Acuerdo Educativo”. También apoya al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma. Además, con ponencias en las audiencias públicas a las que convocó el Congreso federal. Tan es así que, en la primera sesión, del lunes 24, presentó 18 de 38 ponencias.
Claro, es un sindicato y su primera obligación es velar por los derechos de sus agremiados. Pero en la mayoría de las propuestas —al menos por lo que el SNTE anuncia en sus comunicados— se nota la ausencia de su materia de trabajo: la enseñanza. Menos aparecen los derechos de la infancia, educación de calidad (o buena educación para poner un término que no desata polémicas) ni compromiso ético de los docentes; ese que Pablo Latapí sintetizó en “la normalidad mínima”.
Cuando el SNTE habla de los alumnos es para que se inserten al mundo tecnológico; por ello demanda incrementar equipamiento y conectividad de los planteles escolares. También se pronuncia por alinear “la práctica pedagógica en las escuelas con la visión de formar para la vida, así como incluir en el currículum deportes, idiomas y tecnologías”. Ésas no son posturas reaccionarias, pero no se distinguen mucho de propuestas neoliberales que impulsan organismos intergubernamentales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Lo demás es para garantizar en las leyes General de Educación, del Sistema para la Mejora Continua de la Educación y del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros la posibilidad de su retorno a cogobernar en el sistema educativo mexicano: programas de capacitación y actualización; desarrollo y capacitación continua; becas para diplomados, maestrías y doctorados; un programa obligatorio de capacitación didáctica; y que las evaluaciones diagnósticas sean diseñadas por personas con experiencia frente a grupo (es decir, por fieles del SNTE).
Si la Ley General del Servicio Profesional Docente ponía énfasis en el mérito (cierto, más individualista que colectivo, más centrado en la persona que en la corporación), la propuesta del SNTE es retornar a la vieja usanza: “Para la promoción se solicita considerar antigüedad en el servicio y función inmediata anterior… y el ascenso lineal tomando en cuenta el desarrollo profesional [credenciales], la actualización continua, actitudes, aptitudes y habilidades docentes en su entorno escolar”, juzgadas por sus pares. En otras palabras, el regreso del escalafón bajo control de los líderes.
Cuando leo los comunicados del SNTE viene a mi mente una frase que acuñó Emilio Blanco: “La formación y actualización de los docentes son terrenos fértiles para la simulación” (en Los límites de la escuela).
Espero que los congresistas tomen en cuenta las premisas que esta misma Legislatura incorporó al artículo 3º de la Constitución: “La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva… El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos”.
Si no, será otra reforma laboral, no educativa.
