Miguel Casillas
Juan Carlos Ortega
En tanto bien público, la garantía de la calidad de la educación superior es una responsabilidad del Estado. Por lo anterior es necesario regular tanto los organismos, los procesos y los criterios con los que el Estado puede hacer válida dicha garantía. En la Ley General de Educación, como parte de las leyes secundarias debe actualizarse el marco legal para hacerla efectiva.
Antecedentes
El antecedente inmediato del desarrollo universitario en México son 30 años de políticas neoliberales que han desmantelado el sentido público de la educación, que impulsaron deliberadamente la privatización del sistema, llevando a que la iniciativa privada en la educación atienda al 30% de los estudiantes.
De manera deliberada y contra el proyecto intelectual que reivindica las universidades públicas, el Estado favoreció la privatización de los servicios educativos, Mientras que a la educación superior pública se le limitaba con recortes presupuestales y se le imponían controles y requisitos burocráticos, la educación privada se dejaba desregulada, sujeta a las libres fuerzas del mercado. El efecto acumulado en 30 años es que hoy casi la tercera parte de los estudiantes de licenciatura están en una institución particular, y lo mismo le sucede la mayoría de los estudiantes de posgrado (principalmente de maestría). La privatización desregulada dio lugar a un mercado de miles de instituciones privadas de muy dudosa calidad. Los REVOE siempre fueron una ficción, un fondo para la corrupción y la componenda, y un recurso político propio del “capitalismo de cuates”.
La experiencia escolar universitaria es muy desigual entre las instituciones de educación superior. Dado el desordenado crecimiento del sistema, de la indiscriminada apertura al mercado privado y de la falta de compromiso con la observancia de la calidad de la educación por parte de las entidades estatales responsables, tenemos un sistema segmentado, muy desigual, con instituciones con una amplia y diversa oferta, con artes y deportes integrados a una formación integral, con instalaciones especializadas, con amplios recursos de información y comunicación, con profesores altamente calificados y planes de estudio ampliamente acreditados; y por otro lado hay miles de estudiantes que viven su experiencia escolar en instituciones de dudosa calidad, sin infraestructura ni recursos mínimos, sin estar cercanos a la investigación científica ni al acceso a la cultura y las artes en lo que se ha denominado Circuito de Educación Precaria. Es necesario recalcar que esta segmentación entre instituciones educativas de diversa calidad ocurre por igual en la educación pública y en la privada.
El Circuito de Educación Precaria, en general, funcionó en el viejo régimen como un recurso político para generar legitimidad, ofreciendo educación, aunque no fuera de calidad, a cambio de votos. En el caso del sector privado, claramente se trata de una oferta educativa basada en el engaño, que es al mismo tiempo un fraude económico; este tipo de oferta educativa, en el caso del sector público, es no sólo demagógica, sino además constituye un acto de corrupción y una herramienta engañosa para legitimar el poder.
El mapa de las desigualdades educativas que tenemos exige decidirnos como sociedad a romper con el engaño y el fraude educativo; para exigirle al Estado políticas públicas con mayor fundamento que atiendan la exclusión, fomentando una oferta educativa de alta calidad; para exigir mecanismos de control sobre la calidad que aseguren, tanto en el sector público como en el privado, condiciones y procesos de excelencia en todas las escuelas de México.
Esta demanda al Estado no es nueva: la situación ha sido denunciada constantemente con poco éxito por investigadores del campo educativo, funcionarios honestos y en ocaciones por la población afectada; sin embargo, se abre una nueva posibilidad de cambio con el reciente cambio de régimen pero mal haríamos en dejarlo en manos de los nuevos gobernantes, se requiere mayor participación de la ciudadanía para obligar al cambio de rumbo.
Un primer paso es la creación de un registro creible de la oferta y condiciones de funcionamiento de las instituciones e educación superior.
Propuesta
Se crea el Consejo nacional de registro de instituciones, programas de estudio y diplomas para la educación superior (IES) que tendrá como funciones validar las condiciones mínimas de operación de las IES y sus programas educativos, sugerir planes de mejora y dar validez oficial a los títulos y diplomas que ofrecen. Para ello elaborará un Registro nacional de programas educativos.
El Consejo tomará en cuenta que:
- Las universidades públicas, en ejercicio de la autonomía que les otorga la Constitución, tienen la capacidad de validar sus programas educativos y darles registro en el Registro nacional de programas educativos.
- Todas las demás instituciones de educación superior deberán contar con un registro oficial previa autorización del Consejo.
- Todas las demás instituciones de educación superior deberán validar sus programas educativos en el Registro nacional previa autorización del Consejo.
El Consejo nacional dará registro y validez a las instituciones y a los programas educativos siempre que cumplan con criterios básicos que garanticen su calidad y excelencia.
Las instituciones deben garantizar que cuentan con:
- Espacios físicos adecuados
- Aulas
- Espacios deportivos
- Biblioteca
- Laboratorios
- Otros servicios asociados a la educación y a las condiciones dignas para el estudio
- Plantas de profesores suficientes y calificados
- Planes y programas de estudio con registro oficial
- Solidez financiera para garantizar la conclusión de los estudios de los estudiantes matriculados
Los planes y programas de estudio que se impartan deben garantizar:
- Contar con contenidos pertinentes y actualizados.
- Tener definición clara de los contenidos, de aprendizajes esperados, y de las competencias u objetivos a los que aspiran los estudiantes
- Tener planeaciones didácticas con actividades y ejercicios
- Especificar bibliografías y fuentes diversas, pertinentes y actualizadas
- Tener planes de vinculación con otras IES y con el mercado laboral
- Contar con un sistema de seguimiento a egresados
La información que se asiente en el Registro deberá darse a conocer al público, con las salvedades que la protección de datos personales requieran, como una forma de transparencia y con el fin de que los estudiantes y padres de familia puedan evaluar la calidad de la educación que se ofrece en las IES.
