Las novedades, contribuciones, controversias y ausencias del anteproyecto de Ley General de Educación Superior presentado por la ANUIES, desde la opinión de especialistas, se expusieron durante la última mesa del Foro de discusión El futuro de la educación pública en México.
El jefe del Departamento de Investigaciones Educativas (DIE) del Cinvestav y vicepresidente del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE), Germán Álvarez Mendiola, aclaró que si bien el anteproyecto a analizar es un documento que puede tomarse como base, no se ha ingresado formalmente al Legislativo, por lo que no forma parte de la discusión en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, se trata de una propuesta más incluyente, sólida, mejor estructurada y con propósitos bien definidos, al elaborarse pensando en la complejidad del sistema de Educación Superior, su diversidad y su problemática financiera y de calidad, para establecer las bases de lo que es un sistema y de los mecanismos para gobernar los sistemas tanto en el plano nacional como en los locales.
“Este proyecto intentó, entonces, generar un marco normativo que permitiera definir con claridad lo que es un sistema de Educación Superior, porque en México no tenemos realmente un sistema, le decimos así como por comodidad, pero en realidad nos estamos refiriendo a un nivel educativo con toda esta complejidad”, apuntó Álvarez Mendiola.
Javier Mendoza Rojas, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, dio un panorama de cómo está conformada actualmente la Educación Superior en México, detallando que actualmente se cuenta con 6 universidades federales, 35 estatales, 23 con apoyos solidarios, 119 tecnológicas, 10 interculturales, 126 tecnológicos federales, 237 normales públicas y más de 2 mil instituciones particulares.
“Tenemos un conjunto que no conforma un sistema, es un conjunto, y lo hemos dicho desde hace muchísimos años, que es como la Edad Media, es un sistema feudal el de la Educación Superior (…), porque cada uno de estos subsistemas o conjuntos de instituciones van por su lado, incluso los que están en el ámbito del propio gobierno federal o de los propios gobiernos estatales”, afirmó el investigador.
Por lo tanto, en este anteproyecto se define el sistema de Educación Superior, sus componentes y finalidades, delimitando competencias entre la autoridad federal y las autoridades locales federativas, así como las facultades concurrentes, para modificar su gobernanza, según explicó.
Para Abril Acosta Ochoa, profesora investigadora de la UAM Xochimilco, los tres elementos más relevantes de la propuesta de ley son el establecimientos de mecanismos de coordinación integral del sistema de Educación Superior; la garantía de que el presupuesto anual sea siempre superior al del año fiscal anterior, así como el establecimiento de los presupuestos plurianuales; y la creación de un sistema nacional de evaluación que funcione tanto para la transparencia y rendición de cuentas, como para generar una red de información.
