Con todo y que el presidente López Obrador y en mayor escala el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, hablan de la Nueva escuela mexicana (NEM), mientras no se elaboren las leyes secundarias y se definan las líneas dominantes, la noción no pasa de ser una consigna. Sin embargo, la política que se enarbola puede caracterizarse con cierta claridad.
Al igual que los planteamientos de cambio de los gobiernos de Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto la NEM que empuja el gobierno del presidente López Obrador desciende de la cúspide del poder político. La que promueve AMLO también se parece a las de Salinas de Gortari y Peña Nieto en la realización de consultas. No hubo novedad. Los resultados de dichas deliberaciones siempre coincidieron con planteamientos del discurso gubernamental.
En las consultas de 1989 la mayoría de las ponencias de maestros, expertos, grupos y líderes sindicales concluyeron en que la modernización educativa era una de las prioridades nacionales. En las dos rondas que organizó el gobierno de Peña Nieto la mayoría de los ponentes se abocaron a definir asuntos de un nuevo modelo educativo.
En los foros que organizó la Secretaría de Educación Pública a partir de diciembre del año pasado, la mayoría de los participantes –que fueron del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación– coincidieron con el presidente en que había que acabar con la “mal llamada” reforma educativa.
El pacto que firmó el presidente Calderón con Elba Esther Gordillo no requirió de asambleas; brotó de la cúpula sindical.
No obstante, a pesar de las consultas, en las tres reformas precedentes, el diseño y ejecución fue descendente y del centro a la periferia. Y, al final de cada sexenio, no alcanzaron la profundidad que los gobernantes deseaban. Empero, la de Salinas, con la descentralización educativa sembró instituciones nuevas que pronto se desgastaron. Y fue por dos causas que operaron de forma simultánea: la política gandalla de los líderes de las facciones del SNTE y la corrupción, dejadez y debilidad política e institucional de los gobiernos de los estados.
Tanto el Acuerdo, la ACE y el Nuevo modelo aspiraban a ser fundamentales, es decir, cambiar las bases de funcionamiento, alcanzar propósito elevados, desterrar prácticas que consideraban nocivas para el sistema y conquistar la voluntad del magisterio para su causa. Las de Salinas y Peña Nieto no fracasaron del todo, resultaron con cambios que sociólogos neoinstitucionalistas llaman incrementales. No modifican el fondo, pero sí afectan porciones amplias de la superficie. La que signó el presidente Calderón consistió en la renuncia del gobierno a sus facultades.
Las propuestas de los gobiernos de Salinas y de Calderón se hicieron en avenencia con la cúpula sindical. La de 2013 se realizó en contra de aquellas facciones, aunque flaqueó en las negociaciones con la CNTE. En la que promueve el presidente López Obrador, la Coordinadora es interlocutora dilecta.
Espero equivocarme, pero quizá el trasfondo del Acuerdo Educativo Nacional que pregona la SEP se encamine a relajar la rectoría de la educación y trasladar de nuevo al SNTE y sus facciones incontables facultades. La frase “queremos la bilateralidad” resume la demanda sindical. Insisten –y el presidente les dice que sí– que quieren que las relaciones laborales se manejen por lo que manda el numeral X del aparatado B del artículo 123. Es decir, escalafón administrado por los líderes del SNTE. También quieren la famosa bilateralidad en el dispositivo que sustituya al Programa de Promoción en la Función por Incentivos en Educación Básica (antes Carrera magisterial).
La noción de bilateralidad esconde el propósito de las facciones del sindicato. La historia de cómo los fieles del SNTE colonizaron el gobierno de la educación básica enseña que esa es la tirada principal. No es coincidencia que tanto la corriente que comanda Cepeda Salas, como los jefes de la CNTE armonicen en esa exigencia.
Los pasos “incrementalistas” de las reformas de 1992 y 2013 implicaron grandes montos de dinero. El gobierno de Salinas transfirió sumas gigantes a los estados debido al Acuerdo para la modernización de la educación básica –y los de Zedillo, Fox y Calderón le continuaron– que se desfondaron por la voracidad de los cabecillas seccionales del SNTE, corrupción gubernamental e ineficacia. Además, el manejo errático de la SEP.
El gobierno de Peña Nieto recentralizó el pago de la nómina. Si bien no consiguió eliminar todas las desviaciones (se siguió pagando a cerca de nueve mil comisionados sindicales), representó un ahorro al erario de alrededor de 60 mil millones de pesos de 2015 a 2018.
Más allá de las confusiones conceptuales de la NEM, su tendón de Aquiles será la austeridad republicana. No habrá con que financiar los gastos que implica mantener el ritmo, no se diga crecer. Las quejas –que no protestas– de los gobernadores– en su reunión del lunes pasado con el secretario Moctezuma auguran escasez. El secretario sólo se comprometió a hacer gestiones ante la Secretaría de Hacienda y el Congreso.
Pero los gobernadores argumentan que ya –en estos días– les faltan recursos para pagar la nómina, el bono a jubilados, el reconocimiento de plantilla, aguinaldos y homologaciones que el presidente se comprometió a resolver. Y los líderes de las facciones del SNTE no sueltan el hilo.
Pero sin crecimiento económico, sin reforma fiscal y con los fondos que se destinan a los proyectos del presidente, no habrá dinero para la educación. La Nueva escuela mexicana será pobre, pero las facciones del SNTE ganarán poder y dinero.
