Juan Carlos Miranda Arroyo
Dentro del contexto de discusiones sobre las leyes secundarias en materia educativa en el Congreso, el punto 2 de las “Preocupaciones Generales” (1) del colectivo RED (Red / Educación / Derechos), integrado por académicos de la UNAM, el CINVESTAV, la Universidad Ibero y el Tec de Monterrey, entre otras instituciones de educación superior, registra lo siguiente: “Regresa y se afirma la injerencia sindical en comisiones tripartitas relacionadas con el ingreso, promoción y reconocimiento docente. Se pierde la rectoría del Estado y con ello retornan la venta, renta y herencia de plazas docentes.”
¿Se dan cuenta que también regresa, con esta pieza de “los abajo firmantes”, el discurso central de la pasada administración federal en materia educativa, la del “Pacto por México” (PRI, PAN, PRD), al señalar o denunciar los males del pasado, que también fueron construidos durante los gobiernos priístas y panistas: “Se pierde la rectoría del Estado y con ello retornan la venta, renta y herencia de plazas docentes…”. Un fantasma recorre los pasillos de la educación…
Percibo en la nueva oposición política, generalidades (ejemplo: “habrá un retroceso”… ¿En qué específicamente?) y carencia en el análisis de los actores o sujetos activos en la disputa por los contenidos, procedimientos y finalidades de las políticas públicas educativas.
Este tipo de coyunturas, en donde se debate intensamente el contenido de las leyes secundarias en los espacios parlamentarios, relativas al derecho a la educación (Artículo Tercero de Constitución Política), lleva a los actores, sin duda, a definirse o a redefinirse. En ese contexto, empiezo a encontrar fuertes coincidencias en los discursos de los grupos parlamentarios hoy opositores (PRI, PAN, PRD, MC) con el producido por este tipo de colectivos académicos (grupo RED), y el que publicitan los miembros de la llamada “sociedad civil organizada” (Mexicanos 1o.): “Se anteponen las demandas sindicales sobre el derecho a aprender de niñas, niños y adolescentes”, dicen en sus “Preocupaciones” los autonominados “Derechos”.
Luego, en otro fragmento significativo, viene el tono sobrecargado más que de razón, de emoción, pero diluido en lenguaje academicista: “Se deja al sindicato la decisión más importante del sistema educativo: la carrera de los docentes. Y con ello, se les entrega el futuro del país en términos de desarrollo económico y social.” (Por cierto, en una afirmación con visible falta de rigor analítico y argumentativo)
Discurso sesgado y antisindicalista
Aparte de reducir la noción de rectoría del Estado en la Educación, al tema laboral (pierden de vista que hay otras dimensiones como la definición de planes y programas de estudio de la Educación Básica y Media Superior; así como las políticas para la formación inicial y continua de docentes de Educación Básica), los académicos del colectivo RED, recurren al discurso “antisindicalista” como recurso argumentativo: “La inclusión de los sindicatos en mesas tripartitas para que participen en los procesos que antes eran considerados de evaluación rompe completamente con el principio de rectoría del Estado.”
RED condena la “paridad” como si fuera un atentado a la nación… No coincido con esa postura. Me parece que la paridad regulada (Gobierno federal, Gobiernos de los estados y Sindicatos) puede representar avances en los niveles académicos, que garanticen el derecho a la educación de niñas, niños, jóvenes y adultos. Esa regulación deberá de precisarse en la ley aplicable en el orden federal, así como en los acuerdos secretariales (SEP) que correspondan.
Al margen de esta discusión, me pregunto: ¿Cuándo estos académicos, defensores también del discurso del “mérito” y la “meritocracia”, se pronunciaron alguna vez a favor de la democracia sindical? ¿Desconocen por completo o a medias las historia de las luchas magisteriales por la democratización al interior del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la democratización de las instituciones públicas del país?
Asumir como ciertos escenarios de futuro
Dice el colectivo RED, en su “Preocupación” No. 4: “Se viola el principio constitucional de “igualdad de condiciones y equidad” al privilegiar el ingreso de egresados de escuelas normales, de la Universidad Pedagógica Nacional y de Centros de Actualización del Magisterio, tratándose de dar la vuelta al texto constitucional al justificar en la ley de la carrera de maestras y maestros que esta medida es para fortalecer las instituciones públicas de formación docente. Ello tendrá profundos efectos negativos sobre los aprendizajes de los alumnos.”
Bueno, esto sí que es saltarse la barda; es no respetar ningún criterio de prudencia intelectual, ni guardar las formas de las metodologías de ciertas ciencias sociales: Encuentro inconsistencia en el discurso aludido, al asumir ciertos escenarios de futuro como irreversibles o linealmente indeclinables: ¿Unas políticas educativas orientadas al fortalecimiento de las instituciones públicas encargadas de la formación de docentes (Normales, UPN y CAM), tendrá profundos efectos negativos sobre los aprendizajes de los alumnos? ¿Cuál es el sustento de tal afirmación? ¿Acaso las estrategias puestas en operación durante los 36 años en que ellos, o sus colegas académicos, fungieron como responsables de las políticas públicas educativas en esos tiempos, generaron “efectos positivos” sobre los aprendizajes de las y los estudiantes de educación básica y media superior?
Para que tomen nota los “Jefes de Enseñanza”
En el punto 6 de las “Preocupaciones”, los académicos señalan lo siguiente: “La sección argumentativa del dictamen ignora sustentar las razones por las que se reinstauran figuras como las de jefe de enseñanza, que en el pasado derivaron en prácticas de corrupción y tuvieron nulos beneficios en la mejora del aprendizaje de los alumnos en el país.” No voy a contrargumentar este punto, porque los propios Jefes de Enseñanza, entre los cuales tengo a admirados colegas y amigas(os) en la estructura de la Educación Secundaria pública, sabrán exponer sus ideas y defender, en su caso, las falsas acusaciones.
Rebasados por la “izquierda social”
Considero que los trabajadores de la educación, agrupados en las diferentes expresiones sindicales, tienen derecho a integrar los cuerpos colegiados para gestionar los espacios laborales, pero ello no debe significar que decidan la distribución de plazas, ni las promociones o reconocimientos al personal. Habrá que regular esos procesos con criterios académicos y con una “paridad” alineada a términos técnicos, educativos y pedagógicos.
RED condena la “paridad” como si fuera un atentado a la nación… No coincido con esa postura. Me parece que la paridad regulada puede representar avances en los niveles académicos, que garanticen el derecho a la educación de niñas, niños, jóvenes y adultos, tal como antes lo afirmé.
Lo que veo, al final de este episodio de disputa fuerte y acalorada por la toma de decisiones en torno a la educación pública en México, es que los sectores más radicalizados de las bases magisteriales, han tomado o han asumido su papel como actores sobresalientes en estos procesos de cambio o transformación social. Al final de cuentas, me quedo con la percepción de que, en materia de la Reforma Educativa 2018-2019, los actores que en el pasado inmediato tomaban las decisiones o eran activos principales en esta materia (políticas públicas educativas), hoy fueron rebasados por la “izquierda de la movilización social” (no electoral), misma que ha canalizado sus propuestas con los actores y dirigentes del régimen de la “Cuarta Transformación” (colocados hoy, por mandato popular, en los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales).
Fuente consultada:
(1) Comentarios sobre los dictámenes por los que se expiden la Ley General de Educación y se abroga la Ley General de la Infraestructura Física Educativa; la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y la Ley Reglamentaria del Artículo 3º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educación. Documento en formato “PDF”, dado a conocer el 18 de septiembre de 2019, en la plataforma “México Evalúa”.
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