Este martes por fin brotaron a la luz pública los proyectos de dictamen para las tres leyes secundarias en materia educativa que se refieren a la educación básica y media superior. Algunos elementos de la iniciativa morenista se matizaron y por fin se incluye, acertadamente, una primera normativa nacional para dar primeras certezas sobre la función de Asesor Técnico Pedagógico.
Pero entre lo mucho que quedó mal, descuella el llamado “pase automático” para las y los normalistas. Es anticonstitucional, es de consecuencias potencialmente negativas para el derecho a aprender de niñas y niños, y es oportunista.
Es anticonstitucional porque el Artículo Tercero lo estableció en términos claros, llanos: “La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión, se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones y establecidos en la ley prevista en el párrafo anterior, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Los nombramientos derivados de estos procesos sólo se otorgarán en términos de dicha ley”.
En cambio, en el proyecto de dictamen de la Ley General del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros (LGSCM) –a la que se refiere el actual y vigente Artículo Tercero– se pretende colar, contrarios al espíritu y la letra de la Constitución, tres artículos (el 35, el 39 y el 40) que establecen “preferencia” y “entrega de plazas” a favor de los normalistas, rompiendo la igualdad de condiciones, lo equitativo e imparcial. Vean ustedes el fraseo del postulado artículo 35: “Con objeto de fortalecer a las escuelas normales públicas, a la Universidad Pedagógica Nacional y a los Centros de Actualización del Magisterio, de acuerdo a las necesidades del servicio educativo, el ingreso a estas instituciones corresponderá a la demanda prevista en el proceso de planeación educativa de la autoridad competente. Para tal efecto, la Secretaría, a través de su área competente, establecerá un modelo para los procesos de admisión a dichas instituciones públicas. Una vez definida la demanda futura por región, se asignarán las plazas a los egresados de las escuelas normales públicas, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los Centros de Actualización del Magisterio, de conformidad a las estructuras ocupacionales autorizadas en términos de esta ley. En todo caso se garantizará la prestación del servicio educativo a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que se encuentren en zonas de marginación, pobreza y descomposición social”.
En síntesis, la Federación –conscientísima, quién sabe cómo, de la diversidad regional–, establecerá la admisión en las escuelas normales, para que “salgan” de las normales tantos como se vayan necesitando, en las estructuras ocupacionales. Cadena de producción, pues. Y se asignarán las plazas a los egresados… ¿y absolutamente todas y todos cumplirán con lo “necesario” a lo que se refiere el Artículo Tercero? ¿Se los apartan desde que entran, cuatro años antes de cubrir los requisitos del plan de estudios? ¿Y si alguna se enferma o se atrasa? Las preguntas parecen tontas, pero la verdad es que sólo se pueden hacer por lo poco inteligente y bizarro del sesgo que se quiere imponer. Es materia de litigio por inconstitucional.
Es, por diseño, contraria al interés superior de la niñez, que con tanta fanfarria se ha anunciado, pero poco se ha verificado. Parece una nueva pieza de confirmación de una tendencia en el actual gobierno a invisibilizar y restringir el derecho de los niños y las niñas, y pegarle a la justicia intergeneracional favoreciendo a ancianos y jóvenes; el acuerdo educativo nacional va que vuela a arreglo educativo, reedición de los fracasos del pasado cuando se conjuga sindicalismo opaco y depredador con partidismo ambicioso y populachero. En ningún momento queda en primer lugar los “conocimientos, aptitudes y experiencia” para servir a los niños, sino haberse matriculado en la Normal. El mismo argumento se vuelve contra los corifeos: ¿no quedamos que “no cualquiera puede ser maestro”? ¿No estaba en eso la embestida, agresión, etc? Y ahora resulta que inscribirse en la Normal dota de eso, sólo por el mismo hecho de aparecer en lista.
Pero sobre todo, es de un oportunismo ramplón y que preconiza su fracaso. Si de veras importaran las Normales y se quisiera fortalecerlas, otro sería el presupuesto. Para verse en el espejo, y llenarse de disgusto. No va a caer; habrá que tirar estas disposiciones antieducativas.
