Miguel Casillas
Según notas periodísticas, “Sindicatos de trabajadores docentes y administrativos de 30 universidades estatales preparan un paro nacional para el miércoles 9 de octubre en demanda de aumento en el subsidio a la educación superior y para que el gobierno federal entregue apoyos extraordinarios a nueve casas de estudio que están en crisis económica y que no cuentan con recursos necesarios para pagar salarios y prestaciones al personal.
Enrique Levet, secretario general de la Contu, señaló que el paro nacional de este miércoles también es para exigir al Legislativo que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 se apruebe el aumento al subsidio para las universidades públicas, sobre todo ahora que se habla que ya no habrá examen de admisión y que eventualmente aumentaría la matrícula.
Recordó que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador busca que se eleve la gratuidad de la educación, pero deja huecos en el presupuesto de las universidades que no permitirá desarrollar sus funciones sustantivas”. http://www.elpulsolaboral.com.mx 8 de octubre de 2019
Sin consulta a sus bases y resultado de los clásicos acuerdos cupulares, lo más charro del sindicalismo universitario amenaza al nuevo gobierno con un paro nacional sin ningún fundamento. Se trata de una maniobra política típicamente priísta que busca generar conflicto al gobierno de la cuarta transformación. En ese contexto, las cúpulas sindicales tratan de ganar legitimidad hacia adentro de sus organizaciones al reivindicr la defensa del financiamiento universitario; sin embargo, carecen de legitimidad y de credibilidad entre los universitarios. Por ejemplo, Enrique Levet, ex diputado federal por el PRI y eterno dirigente del sindicato de académicos de la Universidad Veracruzana no representa una voz independiente ni una postura de legítima defensa del trabajo de los universitarios luego de ser aliado permanente e instrumento de los gobiernos del viejo régimen.
Es verdad que hay algunas instituciones atrapadas por profundas e históricas crisis de financiamiento como la Universidad Autónoma de Nayarit, la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Autónoma de Zacatecas, y la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, así como las universidades de Tabasco, Guerrero, Estado de México, Sinaloa y Chiapas. Otras más, como las de Baja California y Coahuila han señalado también que viven condiciones de vulnerabilidad financiera y la Veracruzana que arrastra las deudas de Fidel Herrera y Javier Duarte. Muchas de estas instituciones han vivido en el desorden financiero, han contratado cientos de personas por fuera de los presupuestos autorizados, han negociado condiciones laborales y de jubilación que hoy son insostenibles. Muchas arrastran pasivos de administraciones anteriores y han sido objeto de la rapiña y la corrupción
Durante mucho tiempo, las universidades han tenido que negociar cada año su presupuesto, durante la política neoliberal ajustándose a los criterios de Hacienda. Sin embargo eso debe cambiar y el nuevo gobierno debería establecer los criterios para presupuestos multianuales al tiempo que debería precisar cuándo llegará a cumplir la meta presupuestal del 8% del PIB para la educación superior. El problema del financiamiento a la educación superior es un asunto complejo al que no abona el paro propuesto por los sindicatos universitarios.
Sin entender la naturaleza del trabajo académico propio de las instituciones de educación superior, al margen de prácticas y posturas democráticas, impulsados por una estrecha visión gremial y ansiosos por recuperar la legitimidad perdida, los sindicatos universitarios no reivindican una postura progresista ni representan la voluntad de los profesores
Una profunda reforma democrática de la vida sindical universitaria es indispensable para reorientar la función y el papel de los sindicatos en las universidades. Las reformas actuales a la Ley del Trabajo deberían aplicar en el contexto universitario, para favorecer procesos democráticos para la toma de decisiones y la elección de los dirigentes.
Sólo así, los sindicatos dejarán de estar al servicio de las prácticas corruptas y de los intereses más oscuros. Sólo disociados de las prácticas clientelares y corporativas, los sindicatos podrán ser agentes activos en el cambio progresista en la educación superior.
