El 13 de noviembre la SEP remitió al Senado de la República la documentación que contiene las tres estrategias nacionales ordenadas por la Constitución como parte de la reforma en materia educativa aprobada el 15 de mayo. En el régimen transitorio de esta se dispuso que la autoridad educativa federal debería plantear una Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales; una Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, y una Estrategia Nacional de Inclusión Educativa. Para la presentación de dichas estrategias se fijó un plazo de 180 días, lo que significa que la SEP cumplió, justo a tiempo, con el mandato constitucional, lo que es una buena noticia.
Veamos, aunque sea superficialmente, en qué consisten estas estrategias. En primer lugar, la titulada “Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales”. El documento respectivo indica que su elaboración se basa en los resolutivos del “Congreso Nacional para el Fortalecimiento y Transformación de las Escuelas Normales”, que por lo tanto, “las bases de este nuevo modelo educativo han sido construidas con el consenso de sus actores principales”.
Como objetivo general se propone “desarrollar una política nacional que fortalezca a las escuelas normales, a partir de la formación de maestras y maestros con los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos, el mejoramiento las escuelas normales con infraestructura idónea, el desarrollo de sus programas curriculares, el fortalecimiento de sus procesos de administración y la planeación de sus modelos de ingreso.”
La política asociada a la estrategia se sustenta en cinco ejes: Primero, la formación de docentes para transformar el país, lo que significa, en términos prácticos, reorientar la formación inicial y la continua en torno a los principios de la reforma educativa en proceso. El segundo consiste en planificar el desarrollo de las escuelas normales con base en las demandas actuales y futuras del entorno social. El tercero, en organizar el desarrollo profesional de los formadores de docentes a partir de cuatro categorías: actualización y profesionalización, perfil profesional, investigación e innovación y movilidad que permita mejorar la práctica en el aula. El cuarto, avanzar hacia la autogestión de las Escuelas Normales, y el quinto consiste en el planteamiento de la ruta curricular con lo cual se diseñarán los planes y programas de estudio de las normales desde la experiencia y conocimientos de los actores involucrados.
La segunda estrategia, relativa a la atención y desarrollo integral de la primera infancia, se fundamente, según se aclara en el documento programático correspondiente, en el “Marco de Cuidado Cariñoso y Sensible” desarrollado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Banco Mundial. Con ese marco de referencia, se propone un objetivo general y cuatro componentes interrelacionados para el desarrollo de la estrategia. El objetivo es enunciado en los siguientes términos “Garantizar a niñas y niños menores de 6 años, el ejercicio efectivo de sus derechos a la supervivencia, desarrollo integral y prosperidad, educación, protección, participación y vida libre de violencia, atendiendo las brechas de desigualdad existentes entre estratos sociales, regiones geográficas y géneros, así como a la diversidad inherente a cada persona.”
Se indica que la estrategia requiere un esfuerzo intersectorial, a cargo de las entidades de la administración pública competentes en las materias que comprende la estrategia: salud y nutrición; educación y cuidados; protección, y bienestar. Para cada componente, la estrategia propone líneas de acción, metas y resultados a distintos plazos. El principal eje articulador de la acción coordinada de las dependencias participantes es el Programa Especial de Atención a la Primera Infancia (PEAPI), y se sugiere que se desarrolle una instancia central para su operación, así como programas de la misma naturaleza en cada entidad federativa del país. La estrategia enfatiza la necesidad, para hacer viable la propuesta, de recursos específicos que sean programados y distribuidos a través del Presupuesto de Egresos de la Federación.
La Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, se propone “convertir progresivamente el actual Sistema Educativo Nacional caracterizado por ser estandarizado, centralizado, poco flexible, inequitativo y fragmentado, en un sistema inclusivo, flexible y pertinente que identifique, atienda y elimine las barreras para el aprendizaje y la participación que se presentan dentro del sistema educativo y en el entorno, para favorecer el acceso, avance, permanencia, aprendizaje, participación y conclusión de los estudios de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en todo el país, en su amplia diversidad, en igualdad de condiciones y oportunidades.”
Dicha estrategia se sitúa en dos niveles de acción: sistémico, cuyo propósito es impulsar en forma trasversal el enfoque de educación inclusiva en todo el sistema educativo nacional, y programático, enfocado en la atención a grupos en condición de vulnerabilidad, desventaja, discapacidad o riesgo. La amplitud del programa proyectado reconoce la necesidad de una ampliación presupuestal significativa para que la SEP pueda operarlo en sus distintas dimensiones y aspectos.
Hasta aquí vamos bien. En pocos días sabremos si existen los recursos presupuestales necesarios y suficientes para que las estrategias comentadas despeguen de la teoría a la práctica. Ojalá que sí.
