La aprobación de la nueva ley orgánica en la Universidad Autónoma de Nayarit, sin la participación o siquiera la consulta a su comunidad académica, es una asechanza que debemos repudiar desde las universidades públicas.
En un lapso breve, entre el 30 de diciembre que el gobernador envió la iniciativa y el 4 de enero en que fue aprobada por amplia mayoría por el congreso local, se destrozaron los más sagrados principios que deben vivirse en las instituciones de educación superior: además de la autonomía universitaria, las libertades de expresión y discusión de las ideas en ambientes plurales.
En nuestros contextos las universidades se encuentran permanentemente acechadas, observadas desde distintos miradores, por sus presupuestos públicos, por el valor formativo de ciudadanos y sociedades, pero también por los usos políticos de que han sido objeto por grupos enquistados que las usaron para fines personales, con ejemplos que se desparraman a lo largo del país, o por los casos de corrupción denunciados, entre otros, con la llamada Estafa Maestra.
A pesar de todo, cualquier intento de reformarlas no puede realizarse desde fuera de sus campus, lo cual no significa que solo las universidades encerradas en sí mismas deban discutirse, aislándose de la sociedad. Autonomía no es ostracismo ni condición de superioridad; es derecho y responsabilidad, no privilegio.
La universidad es una institución milenaria; desde la primera, la Universidad de Al Qarawiyyin [también llamada Al-Karaouine o Al-Quaraouiyine, en Marruecos], fundada en 859, enfrentó a lo largo de la historia asechanzas y entornos adversos, y aunque tiene una historia larga y un futuro no menor, su presente se acota por amenazas externas y desaciertos internos.
Personalmente sostengo, como algunos autores, que las instituciones que tienen como fin la transformación social deben estar dispuestas a transformarse a sí mismas; y transformarse es imposible sin la crítica y la confrontación de ideas. Por eso, la defensa de las universidades ante las asechanzas no puede realizarse mirando solo al ómbligo de la academia.
La nueva Ley de Educación Superior, anunciada para los próximos meses, será ocasión inmejorable para una gran discusión pública sobre las universidades que tenemos y las que necesitamos.
Reforma de las universidades sí, pero no así. Reforma con sus comunidades académicas, no sin ellas. Reforma con todos en las universidades, no solo con sus autoridades. Pero tampoco, reformas en la oscuro y a modo. Reformas para el presente y, sobre todo, para el futuro que merecemos.
