El drama que vivieron el viernes alumnos, docentes y padres de familia del Instituto Cervantes, de Torreón, Coahuila, acaso sea el signo mayor de una pandemia que académicos denominan violencia escolar. Atención, no nace en la escuela, pero tampoco es un mero reflejo del contexto social. Guarda una lógica perversa que se despliega en el sistema escolar; es difícil de aquietar.
La violencia escolar se manifiesta de miles de maneras: agresión verbal, física o sicológica, sea entre alumnos o entre docentes y alumnos; hostigamiento de diverso tipo (bullying) que incluye irrupciones cibernéticas. Estos engendros se asocian a fenómenos externos cerca de los planteles: pandillerismo y venta de drogas a infantes.
En esas relaciones hay víctimas y victimarios y, cuando suceden tragedias, se buscan culpables al tiempo que los actores cercanos tratan de deslindarse. “La influencia del medio”, expresó el presidente municipal de Torreón (a quien hay que reconocer que actuó con rapidez para calmar ánimos); “los videojuegos instigan a los menores”, dijo el gobernador. “Se relajó la disciplina escolar”, escuché a una experta en la radio. No faltó alguien que le colgó el sambenito a la Cuarta Transformación por lo de “abrazos y no balazos”. “Son los derechos humanos”, comentó un iracundo.
Cierto, ante varios reclamos, el año pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estableció que el programa de Mochila Segura violentaba las potestades de padres y alumnos. Las familias que tienen a sus hijos en el Instituto Cervantes solicitaron que se eliminara la medida, que ellas se harían cargo de la vigilancia.
Una familia no lo hizo, ¿cómo un niño de 11 años pudo hacerse de dos pistolas cargadas? Por ello, en las redes, ciertos coléricos condenaron a la parentela del niño que mató a su maestra y luego se suicidó. Sin embargo, tal vez sean ellos quienes necesiten más apoyo y comprensión en estos momentos. Su dolor ha de ser inmenso.
Más allá del hecho concreto, en el centro del debate se plantea una contradicción entre derechos, el de la seguridad de las personas (y de alumnos dentro y fuera de sus escuelas) y los derechos humanos.
Siendo Josefina Vázquez Mota secretaria de Educación Pública, allá por 2007 y 2008, la SEP diagnosticó —con acierto, a mi juicio— que cientos de niños introducían armas (no sólo pistolas) a las escuelas. Como medio de prevención e inhibición de conductas violentas, sería conveniente revisar sus mochilas. Nació el programa Mochila Segura.
A fe mía que gracias a ese programa se previnieron actos de agresión fatales. Pero era molesto para niños, padres de familia y hasta para los docentes que tenían que hacer la revisión. “No somos policías”, me dijo una maestra en aquellos tiempos.
Hoy, la urgencia es cómo resolver esa contradicción. Por lo pronto renace el programa de Mochila Segura, pero sospecho que será insuficiente. La pandemia es profunda y necesitamos más discusión y acción política.
