Esta semana tuve oportunidad de participar en la primera reunión regional sobre la armonización de las leyes estatales en materia de educación, realizada en Jalisco pero con convocatoria para Nayarit, Sinaloa y Durango. Acudieron Adela Piña, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados federal, Tonatiuh Bravo, coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara baja, la Senadora Verónica Delgadillo, lo mismo que el secretario Esteban Moctezuma.
El encuentro es un insumo importante, pero no único, para la reforma del ordenamiento estatal o incluso para la promulgación de nuevas leyes. De hecho, Jalisco y Sinaloa, por la vía de sus respectivos congresos, hicieron ya la convocatoria de foros de consulta, incluso indicando las temáticas principales.
La presidenta de la Comisión de Educación del Congreso de Jalisco, Mara Robles, enunció elementos de mayor interés para los representantes populares de esa entidad: el respeto al federalismo y la consideración de la diversidad de cada estado soberano; la necesidad de poner claramente en ley cómo la finalidad de la escuela se cumple no sólo con inscripción y asistencia, sino también y sobre todo con aprendizaje y participación; el valor de la evaluación diagnóstica y de contar con instancias confiables para realizarla; el cuidado para que no se desconozca el apoyo aún por llegar a las normales, de manera no se asuma que sus egresados cumplen sin verificación alguna con lo que mandata la Constitución acerca del perfil y características de maestras y maestros a incorporarse en la carrera.
No dejó de ser sorpresa que, en pleno y previo acuerdo, los representantes del Legislativo y el Ejecutivo federal presentaran como pieza central del encuentro un documento de ‘Ley Marco’, es decir, una redacción totalmente desarrollada, título por título y artículo por artículo, de una ley estatal, con los correspondientes espacios en blanco para poner “las y los jalisciences” o “las y los nayaritas”. A lo largo del diálogo con los asistentes se mencionó que era una sencilla recomendación, sugerencia, propuesta. Que era claro que cada Legislatura estatal deberá cumplir su responsabilidad y armonizar la ley. Que la Federación –sus dos Cámaras y su Secretaría de Educación Pública– no tienen otra intención sino facilitar y favorecer la coincidencia, para que más que de ‘reforma’ se hable de ‘acuerdo’.
La ‘Ley Marco’ tiene 145 artículos y ocho transitorios listos para usarse. A mí me resultó inevitable rememorar “La muñeca de papel”, el agudo y mordaz artículo de Gabriel Zaid incluido en el libro Cómo leer en bicicleta. Zaid se refería a piezas de crítica literaria, párrafos enteros que le quedaban –como los vestiditos en 2D de las muñecas de papel– a cualquier cabecita; se le podía poner, argumentaba Zaid, a Pellicer, Paz o Arellano en forma intercambiable, y ninguno lo notaría.
¿Se puede hacer eso con una ley estatal de educación? ¿Es una pieza que es tan indiferente al resto del orden jurídico estatal que se puede abrogar la vigente y aprobar una nueva con el vestidito federal y cabecita estatal, y ya no moverle a las demás leyes, por ejemplo de empleados al servicio del Estado, o de derechos de niñas y niños, o de responsabilidades administrativas?
¿Una Legislatura perezosa puede aprobar –con el correspondiente ‘llene los espacios en blanco’– tal cual los 145 más ocho artículos, y ya, y así se brinca y ahorra consultas y comisiones y estudios, y ‘felices los cuatro’? ¿Y qué tal si un estado quiere expresar su legítima particularidad? ¿Será entonces que su ley se va a parecer punto por punto a la de los vecinos negligentes, pero con diez o doce artículos más? ¿Se vale sintetizar y que tenga menos artículos? ¿Y qué tal si están todos los mandatos, pero reorganizados en distintos títulos? ¿Y si los estados hacen –como deberían– consultas a personas con discapacidad, a sus pueblos y comunidades indígenas y a niñas, niños y adolescentes, será pura simulación porque sólo se va rellenar el machote?
No es la primera vez que el Centro manda piezas ya casi terminadas para planchar -nunca mejor dicho- la legislación estatal. Ahora se hace muy explícito. El equilibrio entre la dispersión caótica y la mera homologación impuesta no es sencillo. El punto, a mi juicio, es sobre todo si el Legislativo de cada estado va revisar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y a armonizar su ley con esos preceptos. Por ejemplo, la centralidad del aprendizaje que pone la Constitución pero que se desdibuja en las leyes secundarias generales y en la ahora comentada ‘Ley Marco’. ¿Los diputados de los congresos estatales van a plasmar en su ley de educación que los “procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones y establecidos en la ley prevista en el párrafo anterior, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos” como dice el artículo tercero, o van a dejar que corra la prelación a los normalistas? ¿Va a tener futuro la separación de poderes y el respeto al federalismo, o vamos a tener 32 muñecas de papel?
