Fidel Ibarra López
Cuando se habla de educación privada universitaria, se suele orientar el análisis sobre la parte regulatoria y la expansión de la matrícula que ha tenido lugar en este tipo de universidades desde fines de la década de los ochentas. Para el caso de lo primero, se ubica el RVOE como el instrumento regulatorio con el cual se ha pretendido fincar una política pública hacia las instituciones privadas. En ese sentido, se ha afirmado por parte de varios autores, que este instrumento ha sido poco eficaz para garantizar la calidad educativa en este tipo de instituciones. Eduardo Navarro va más allá, al señalar que “el RVOE es un instrumento desarticulado de una política pública formal; a pesar de que su implementación se ha asociado al problema público de la calidad, en sentido estricto no está anclado en los objetivos y estrategias diseñados para su resolución de dicho problema” (Educación Futura, 14 de octubre de 2016).
Navarro, advierte que, en los hechos, la expansión de la educación privada universitaria “nunca ha sido definida ni tratada como un problema público propiamente dicho que parta de un diagnóstico claro, hecho que no permite plantear objetivos claros ni estrategias estructuradas con respecto a qué se quiere resolver” (Ibid.). Esta concepción el autor la sostiene a partir de que en una investigación de su propia autoría encuentra como hallazgo que en Chiapas, “se constata que las instituciones privadas utilizan el territorio no metropolitano como factor estratégico para la conformación de agendas con intereses ‘individualistas’ (políticos, económicos, religiosos), que no necesariamente se articulan con los objetivos explícitos de la educación superior” (Cfr. Navarro Meza, Eduardo; Las políticas de educación superior en México y la oferta privada en zonas no metropolitanas, ANUIES, 2019). Si nos remitimos a esta última afirmación, entonces sí se tendría que “definir” a la educación privada como un problema público.
No coincidimos con esta concepción de la educación privada. Y a continuación expondremos el porqué. Y para tal efecto, partimos de la siguiente interrogante: ¿cuáles son los objetivos explícitos de la educación universitaria en México? De acuerdo con ANUIES, los objetivos tienen que ver con: a) La cobertura educativa con calidad y equidad; b) La mejora continua de la calidad de la educación; y c) La responsabilidad social de las universidades -esto con relación a la contribución al desarrollo regional y a la participación de una sociedad más próspera, democrática y justa- (ANUIES, 2018).
El tercer objetivo es una agenda pendiente de parte de las IES. Históricamente las IES se han enfocado a la formación profesional del alumno como prioridad fundamental. Y su contribución a la solución de los grandes problemas nacionales y regionales ha sido insustancial. Lo anterior no ha sido responsabilidad sólo de las IES, sino también del gobierno en sus tres niveles debido a que no se ha sabido integrar a las IES para que contribuyan a la solución de los problemas nacionales a través de la investigación científica.
Por tanto, al hablar de los objetivos de la educación de nivel superior en México, nos tenemos que remitir al tema de la cobertura, la inclusión y la calidad educativa. Y en estas tres dimensiones, en términos reales, el sistema de universidades públicas en México no puede solventar una realidad donde más de 20 millones de jóvenes no tienen acceso al sistema de educación universitaria. De acuerdo con la SEP (2019), la cobertura para educación superior en el ciclo escolar 2018-2019 es de apenas el 30.1%, incluyendo posgrado. Y de ese total, el 35.4% corresponde a la educación privada en la modalidad escolarizada y no escolarizada. Así, ¿se puede prescindirse de la educación privada en este momento histórico? Objetivamente no. El Estado en su conjunto no cuenta con los recursos financieros para cubrir en materia de infraestructura y de capital humano, el 35.4% que cubre la educación privada.
Luego pues, ¿por qué concebir a la educación privada como un problema público, cuando se puede asumir -como lo hemos señalado en este mismo espacio- como un aliado estratégico para la consecución de los objetivos nacionales. Pongo como ejemplo lo siguiente: el presidente López Obrador ha señalado la creación de una Universidad de la Salud en la Ciudad de México, con la cual se pretende formar el capital humano que se requiere ante la insuficiencia de médicos para el sistema de salud. En México ya se viene formando este capital humano desde hace varios años en las escuelas privadas de este país. El caso de la Universidad Autónoma de Durango, un subsistema universitario con más de 30 campus en todo el territorio nacional, es un ejemplo de ello. Actualmente esta universidad cuenta con el mayor número de campus del país donde se oferta la carrera de Medicina, once en total. Y cuenta con una matrícula de 6 mil 483 alumnos que estudia esta área de estudio. Y en materia de resultados, me informan que del último examen EGEL que aplica CENEVAL para la Licenciatura de Medicina General, los alumnos egresados de esta universidad están alcanzado los primeros lugares.
Luego pues, ¿por qué no aprovechar las condiciones que ya se tienen en los subsistemas privados exitosos -como el de la Universidad Autónoma de Durango- y se construye con éstos la solución a la problemática económica y social que enfrenta nuestro país? Los grandes problemas nacionales solamente se pueden enfrentar si se atienden con una visión de Estado. Y dentro de ésta, se debe involucrar a todos los actores -sociales, privados y públicos-.
Se critica que las escuelas privadas operan de acuerdo con fines particulares. Y eso es entendible al ser entidades que funcionan bajo la lógica del mercado; pero también podrían hacerlo con respecto a los fines de los intereses nacionales si se les involucrase con ese propósito. Bastaría que el Estado dejara en claro cuáles son los objetivos nacionales bajo los cuales se va a fincar el futuro del país en los próximos 20 ó 30 años y qué capital humano requerimos para ello. El problema es que este país se reinventa cada seis años y desde las más altas esferas del poder no se tiene claridad sobre qué tipo de país necesitamos para las próximas décadas. Ante esta situación, cada universidad privada en especifico termina formando parte de un archipiélago desvinculado del todo (el objetivo nacional), puesto que no hay proyecto con el cual puedan ser integradas en una escala nacional o regional.
Así, la preocupación no debería ser el 35.4% de la cobertura que representa la universidad privada en este país; sino qué va a hacer el Estado con ese 35.4%? ¿Lo confronta y lo sigue estigmatizando como una educación neoliberal; o la integra como un aliado estratégico con el cual se puede coadyuvar en la construcción de las soluciones de los problemas nacionales de este país? Esta es la disyuntiva de fondo.
Y lo afirmo agregando un elemento inexorable: en el actual modelo educativo mexicano, la educación superior no se puede concebir sin la educación privada.
Fuentes consultadas:
- ANUIES; (2018), “Visión y acción 2020. Propuesta de la ANUIES para renovar la educación superior en México. Diseño y concertación de políticas públicas para impulsar el cambio institucional”. Recuperado de: http://www.anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/VISION_Y_ACCION_2030.pdf
- Navarra Meza, Eduardo; (2016), El RVOE y la expansión del sector privado en zonas no metropolitanas. Una mirada desde Chiapas”. Educación Futura. Recuperado de: https://educacion2.rmb.mx/el-rvoe-y-la-expansion-del-sector-privado-en-zonas-no-metropolitanas-una-mirada-desde-chiapas/
- SEP; (2019), “Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2018-2019”, 1ra edición. Recuperado de: https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2018_2019_bolsillo.pdf
