Sabina Itzel Hermida Carrillo *
La inclusión educativa está de moda, a partir de la Reforma Educativa de 2019, quedó establecida como uno de los ejes rectores del Sistema Educativo Nacional (SEN); sin embargo, los acontecimientos nos demuestran que tanto legisladores como autoridades educativas, tienen muy vagas nociones de lo significa ser incluyentes.
Existen señales muy claras de que la política de inclusión es una política fallida y de que nos acercamos cada día más a un desastre que impactará en todos los tipos, niveles, modalidades y opciones del SEN. A continuación, expongo algunas de las señales de alerta más importantes:
- La inclusión que se intenta asumir como política de Estado no se está implementando de manera transversal, y se concentra en el sistema educativo y en las personas con discapacidad; algunos documentos oficiales mencionan a la educación indígena, pero es más por requisito que por compromiso.
- La Estrategia Nacional de Educación Inclusiva no plantea metas claras, no explica cómo, cuándo, ni de qué manera se logrará la inclusión, reduce al mínimo la presencia de los profesionales de la Educación Especial y no contempla garantizar el derecho a la educación de todos aquellos niños, niñas y adolescentes (NNA) que no asisten a la escuela.
- El tema presupuestal también es digno de atención. Brindar una educación integral a todos los alumnos, equipar a las escuelas, formar a los profesionales de la educación y proporcionar a los NNA con discapacidad las herramientas y apoyos que requieren, es costoso e implica una transformación profunda en nuestra concepción del SEN. Sin embargo, el presupuesto destinado a la educación se redujo considerablemente.
- El Estado mexicano, ha encontrado en la inclusión, una manera de reducir los recursos que se invierten en la educación de los grupos vulnerables, desmantelar los servicios de Educación Especial, eliminar poco a poco a los maestros e imponer un modelo educativo normalizador. Con el pretexto de que “lo especial segrega y excluye”, se pretende dejar sin atención a miles de alumnos que requieren de apoyos más intensos.
- Al igual que en los años 90 con la política de integración, el Estado no realizó la evaluación de la aplicabilidad de la política, tampoco se realizó un diagnóstico de las necesidades educativas reales de escuelas, alumnos y maestros, y más importante: en el caso de las personas con discapacidad, se está violando su derecho a opinar sobre las decisiones que les afectan directamente, derecho sustentado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado vinculante que el gobierno y los defensores de derechos humanos se jactan de haber impulsado ante la ONU.
- Los pactos del secretario de educación con la iniciativa privada, con el sector empresarial y asociaciones de la sociedad civil salta a la vista, los mercenarios de la educación y la discapacidad encontraron en la gestión de Esteban Moctezuma Barragán, aún más facilidades que en las administraciones anteriores.
- El desmantelamiento de los equipos multidisciplinarios en las escuelas, deja al maestro frente a grupo como único profesional responsable de los procesos educativos y la solución de conflictos; se está presionando a los maestros con el falso argumento de “ponerse la camiseta”.
Antes de pensar en Educación Inclusiva, el Estado mexicano debe resolver muchos aspectos estructurales que son adversos en las vidas de los estudiantes. Desde hace unos meses en Educación Especial Hoy nos planteamos las siguientes preguntas:
- ¿Cómo hablar de inclusión cuando la mayoría de las familias que tienen algún integrante con discapacidad no tiene el dinero mínimo para llevarle a la escuela de manera cotidiana?
- ¿Cómo hablar de inclusión cuándo se excluye a las personas con discapacidad y a sus familias de la toma de decisiones y de la construcción de la Estrategia Nacional de Inclusión Educativa?
- ¿Cómo hablar de inclusión si el Gobierno Federal disminuye la matrícula de los Centros de Atención Múltiple (CAM), y los maestros especialistas, pero a su vez, dona dinero y predios a fundaciones como TELETÓN?
- ¿Cómo hablar de inclusión cuando se sigue entendiendo a la Educación Especial como segregadora y discriminatoria, y no como una disciplina fundamental para garantizar el aprendizaje y la participación plena de los alumnos con necesidades específicas de aprendizaje?
- ¿Cómo hablar e inclusión cuando el único servicio educativo para personas con discapacidad a nivel medio superior (CAED), está en el abandono, al borde del colapso y no figura en las leyes educativas?
- ¿Cómo hablar de inclusión si el titular de la SEP ha declarado que “no hay presupuesto para Educación Especial”?
- ¿Cómo hablar de inclusión si la atención complementaria que requieren algunos estudiantes con discapacidad no es ofertada por el Sistema Educativo Nacional?
- ¿Cómo hablar de inclusión si autoridades educativas y legisladores evidencian su reducida visión respecto a esta política?
- ¿Cómo hablar de inclusión cuando muchas comunidades y pueblos aún no cuentan con escuelas o las que hay no cuentan con servicios básicos?
- ¿Cómo hablar de inclusión cuando los enfoques en Educación Especial se han distanciado de aspectos terapéuticos que muchos estudiantes requieren?
- ¿Cómo hablar de inclusión mientras se niegan las diferencias individuales y el modelo educativo se basa en la normalización de dichas diferencias?
- ¿Cómo hablar de inclusión si la cantidad de niños y niñas dentro de las escuelas de Educación Básica rebasa los cuarenta estudiantes por grupo?
- ¿Cómo hablar de inclusión si se dejó de formar maestros de Educación Especial?
Está de más decir, que las preguntas siguen sin respuesta.
Si el Estado mexicano quiere implementar de manera exitosa, una política como la INCLUSIÓN, debe dar cumplimiento a sus principios y postulados, debe responder a las preguntas arriba planteadas y asumir que las leyes, tratados, convenciones y normativas deben asumirse en su totalidad y no únicamente el contenido que resulta útil y conveniente a la administración en turno.
