Pedro Flores-Crespo*
Como es natural en una democracia, varios hemos cuestionado abiertamente la manera en que el Gobierno Federal actúa para formular las políticas públicas y los programas sociales o educativos. Pero también, al tener independencia, algunos hemos tenido la libertad de coincidir con ciertos objetivos que persigue la actual administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Estos objetivos son el combate a la desigualdad, por un lado y la erradicación de la “peste” de la corrupción, por el otro.
Pocos justificarían que distinguirse por el nivel de riqueza, talento o color de piel es “natural” y menos – que sí los hay – podrían asegurar que beneficiarse del poder público por arreglos poco claros es sinónimo de honestidad o “excelencia”.
Por eso, cayó como balde de agua fría el reportaje de Mathieu Tourliere del semanario Proceso donde reporta que la Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Esteban Moctezuma Barragán, le adjudicó al Grupo Salinas un contrato por 969 millones de pesos para asegurar los bienes patrimoniales de la SEP. Aunque se siguió una licitación pública, llama la atención que Seguros Azteca “presentó una oferta más económica que sus rivales” y “[d]etalle curioso”, resalta Tourliere: “a pesar del monto del contrato y de las implicaciones de la póliza […], la empresa de Grupo Salinas no envió preguntas a la dependencia a través de la plataforma Compranet [ni] tampoco asistió ninguno de sus representantes a la junta de aclaraciones celebrada el 19 de marzo (Proceso 2267, p. 15-17, 12/04/20).
¿Cuál es el problema? En primer lugar, que el actual titular de la SEP trabajó, como bien recuerda Proceso, 17 años para Ricardo Salinas Pliego como presidente de la Fundación Azteca. ¿Es esto un ejemplo de la “separación” entre el poder político y económico que la Cuarta Transformación prometió? Claramente no.
Segundo problema, ante la sospecha de una falta de imparcialidad en la licitación “pública” y sobre todo, frente a la convicción presidencial de transparentar la vida pública del país, la SEP hizo mutis. Hasta donde pude indagar, el titular de la dependencia no aclaró mediante algún boletín oficial la adjudicación millonaria a las empresas de su ex jefe. Quizás la licitación no haya sido ilegal, pero sí es moralmente cuestionable. ¿No son los “principios” y la moral lo que le importa mantener intactos al presidente de la República? ¿Por qué hacer cosas buenas que parecen malas?
Ahora, la convicción presidencial por abatir la corrupción está en entredicho a consecuencia de los contratos adjudicados por la SEP a un empresario como Salinas Pliego que, por cierto, aumentó su fortuna en 56 por ciento en el primer año del gobierno de AMLO, según la revista de negocios Forbes. ¿A cambio de qué?
Tercer problema: el 9 de abril el periódico Reforma dio a conocer la noticia de que el Grupo Elektra de Salinas Pliego tenía adeudos con el fisco por más de 32 mil millones de pesos. En tiempos en donde el gobierno de AMLO pide que se reduzca 50 por ciento el gasto en servicios generales y de operación de las distintas dependencias públicas, recorta salarios de la alta burocracia para allegarse de recursos y cancela, al amparo de una ley de austeridad regresiva, 64 fideicomisos – algunos de ellos relacionados con la educación, el arte y la cultura -, la conducta de Salinas Pliego es todo menos encomiable. Ya ni hablar de su inoportuno activismo mediático ante la crisis sanitaria con el propósito de salvaguardar las ganancias de sus empresas a expensas de la salud del pueblo.
Se agota el tiempo de la 4T para mostrar que actúa distinto y no hace lo mismo que gobiernos previos cuyo rechazo popular fue evidente al no saber y poder combatir la corrupción, el influyentismo y el compadrazgo.
* Profesor visitante en la Universidad de Harvard (2019-20) e investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro (FCPyS)
