Sylvie Didou Aupetit
Investigadora Cinvestav
En semanas pasadas, en México, los científicos sociales analizaron prolijamente COVID, empleo y trabajo, COVID, violencia doméstica y seguridad pública, COVID y modelos de consumo, COVID y migración o COVID y recesión económica. Lo hicieron identificando problemáticas previas agravadas por la epidemia y mutaciones en ciernes en las modalidades tradicionales de organización sociocultural.
En el ámbito educativo, cuando universidades y escuelas cerraron sus puertas para contribuir al “Quédese en casa”, los especialistas se abocaron a dar cuenta de las condiciones instrumentales de la continuidad pedagógica: analizaron así el uso intensivo de plataformas de educación a distancia para que los establecimientos suministren cursos y los estudiantes los reciban.
Durante el confinamiento, en un marco de consolidación improvisada, pero rápida, de la educación a distancia y virtual, prestaron atención a las brechas digitales y a sus incidencias en la acentuación de las iniquidades de oportunidades. Exploraron las alteraciones producidas por la desaparición brusca de una cotidianeidad escolar arraigada en interacciones presenciales. Estudiaron emociones y reacciones socio-afectivas de los profesores y los estudiantes ante los cambios en lo que se aprende y en cómo se hace. En México, la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL) lanzó la iniciativa Árbol Adentro, etnografía del encierro. El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), el Consejo Mexicano de Investigaciones Educativas (COMIE), la Cátedra UNESCO sobre Aseguramiento de Calidad y nuevos proveedores de Educación Superior en América Latina y la UDUAL, conjuntamente con la red internacional Educación, Investigaciones, Actualidades (EDRAC, por sus siglas en francés) indagaron la reconfiguración de las prácticas académicas durante la pandemia.
En algunas semanas más, cuando las autoridades de Salud decreten el tan ansiado “después” de la emergencia sanitaria, México pondrá en marcha sus programas sectoriales de retorno a la “normalidad”. El 29 de abril 2020, el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, reiteró que, tentativamente, la apertura de las escuelas y la re-ocupación de las aulas iniciarían a partir del 18 de mayo en los municipios sin COVID y del 1ero de junio para los demás. Parece que las instituciones de educación superior tardarán más aunque falta claridad al respecto. ¿Cuál será la brújula para orientar los procesos de reanudación? Lo ignoramos todavía.
Pero, prospectivamente, desde ahora, vale la pena considerar qué ocurre en otras latitudes: en días pasados, los gobiernos de Francia y de España presentaron sus programas integrales de desconfinamiento o desescalamiento. Conocer reacciones y experiencias enriquecerá el proceso de elaboración del plan de reapertura educativa que México habrá de diseñar y operar.
En cada lugar, la opinión pública está dividida sobre la pertinencia y los alcances de las propuestas. Las controversias éticas y estratégicas entre los partidos políticos, los formadores de opinión, los grupos sociales y las asociaciones profesionales subrayan la necesidad de que las autoridades argumenten sus decisiones de reapertura focalizadas en zonas geográficas, niveles o grupos sociales y profesionales. Revelan que es indispensable que justifiquen sus calendarios y mecanismos organizativos para reincorporar a los infantes, niños y jóvenes, y. también a los maestros y al personal de apoyo. Las urgen a explicar cómo minimizarán los riesgos de contagio a los que estarán expuestos esos distintos actores, según su condición y su propensión demográfica a la enfermedad. Al respecto, hay discrepancias entre los responsables de Salud, Economía y Empleo.
Otras preocupaciones, comúnmente expresadas, conciernen las alianzas para instrumentar la reincorporación laboral, los traspasos de atribuciones a escala federal, regional o municipal así como el derecho de los padres y madres de familia para enviar sus hijos a la escuela o mantenerlos en casa. Acotar el peligro de rebrote de la enfermedad, constatado por ejemplo en Singapur que tuvo que re-confinar su población, explica los desacuerdos sobre quiénes regresarán a sus actividades y quiénes cuidarán a los que todavía no salen. En los blogs de discusión, abundan interrogantes sobre la protección social y profesional de los trabajadores que opten por prolongar el resguardo domiciliario de hijos, enfermos o ancianos dependientes, por temor a que se contagien.
Planear el retorno a clases, según qué cronología y criterios, en qué horarios de atención y en grupos de qué tamaño, son asuntos cruciales pero coyunturales. Otras discusiones, significativas a futuro, conciernen las combinaciones entre enseñanza presencial y virtual, la redefinición de las funciones y responsabilidades profesionales, las mallas curriculares, la adquisición de habilidades y saberes, el papel de los padres de familia como co-educadores y, por ende, la (auto)percepción y la valoración social de los roles docentes.
Esos temas no sólo emanan de un episodio pasajero de desconcierto ante un futuro incierto. Son ejes de reflexión para, con el distanciamiento intelectual requerido, abordar las transformaciones en curso, no sólo en los paradigmas de la enseñanza y la investigación sino en las condiciones laborales de los profesores y en las políticas de financiamiento y gestión de los espacios educativos. Vale desde ahora preguntarse: ¿La “normalidad” recuperada será disruptiva o rutinaria, académica o burocrática, participativa o autoritaria? ¿Se seguirá haciendo las cosas como si (casi) nada hubiese ocurrido o habrá movilizaciones duraderas para impulsar una mayor justicia y resiliencia social?
