Como se recordará, hace un mes y días, el presidente de la República mandó a publicar en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos” (DOF, 2 de abril de 2020). No obstante el título general de la disposición, el mandato se enfocaba a un tipo específico de esta clase de instrumentos financieros: los de carácter federal que no hubieran sido creados por ley, que no contaran con estructura orgánica, que no implicaran obligaciones de orden laboral o de pensiones, o bien que se relacionaran directamente con temas relacionados con la emergencia sanitaria. El resto, según el decreto, deberían cancelarse y los fondos remanentes ser depositados en la Tesorería a través de la Secretaría de Hacienda.
El decreto consideraba una fórmula de apelación, a través del cual las entidades afectadas podrían someter al criterio de la Secretaría de Hacienda la posibilidad de exención y ésta, en interacción con la Secretaría de la Función Pública dictaminaría lo procedente. Se indicaba, además, que la fecha para concluir todo el proceso sería el 15 de abril. En este mismo espacio comentamos que el plazo establecido sería muy difícil de cumplir, como evidentemente ocurrió, por sus implicaciones administrativas, jurídicas e incluso políticas, en particular en el caso de fideicomisos en que se combinan fondos federales con recursos de las entidades federativas, o incluso de particulares y organismos internacionales.
El decreto se acompañó, al momento de su emisión, con declaraciones de parte del jefe del Ejecutivo, en que justificaba la medida con dos argumentos: en primer lugar, la opacidad de estos instrumentos, sobre lo que dijo: “los fondos a fideicomisos para la innovación tecnológica eran como subsidios a las empresas sin resultados en beneficio de la sociedad, todo se está viendo, había grupos que dominaban lo relacionado a la ciencia y tecnología”, y añadió que “como había estos instrumentos sin control que se creaban para manejar dinero de manera discrecional, todos tenían sus guardaditos.”
En segundo lugar, el imperativo de contar con recursos adicionales para enfrentar las consecuencias de la pandemia sin necesidad de recurrir al endeudamiento público, a la cancelación de los macro proyectos de infraestructura considerados prioridad del gobierno, o peor aún al recorte de los programas de redistribución de renta mediante subsidios individuales. “Lo que estamos haciendo ahora para no endeudarnos es, a ver, ¿con qué contamos? y cómo Hacienda reasigna recursos a lo fundamental”, declaró.
Más fuertes aún las opiniones de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval al respecto. Ella publicó el 8 de abril, en el diario La Jornada una columna titulada “Los fideicomisos de la discordia”, en la que, entre otros argumentos para justificar la medida presidencial, señala que “durante el neoliberalismo, los fideicomisos fueron en el mejor de los casos parches, y en realidad continuación de la rapiña a través de hoyos negros.”
Como la gran mayoría de los fideicomisos contemplados en el decreto correspondían a los sectores de cultura y ciencia, pronto surgieron voces de alarma y protesta. Incluso la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, incluyendo a la representación de Morena, se pronunció contraria a la medida, al considerar que en el marco de la emergencia sanitaria restar recursos a dichos sectores resultaba inadecuado (15 de abril de 2020).
Lo primero en darse a conocer sobre este proceso fue lo correspondiente al sector cultural. El 17 de abril se comunicó que el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), el Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad (Foprocine), y el Mandato del Antiguo Colegio de San Ildefonso conservarían los recursos adjudicados a sus respectivos fideicomisos, aunque la solución tendría la implicación de restructurar en el futuro próximo la forma de administración de los mismos a través de la creación de una instancia en la Secretaría de Cultura encargada de su administración.
¿Y los fideicomisos para el sector de Ciencia, Tecnología e Innovación? Siguen sin aclararse del todo, aunque hay algunas señales positivas en la materia. Según reporte el El Universal, publicado el pasado 5 de mayo, los 26 centros públicos de investigación quedarían exentos de la aplicación del decreto sobre sus fideicomisos, además de que los fondos sectoriales y mixtos en que participa el Conacyt podrían consolidar sus recursos a través del Fondo Institucional de Fomento para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECYT) y de los Programas Nacionales Estratégicos (PRONACES) del Conacyt. La confirmación de ambas noticias significaría, por un lado, la salvaguarda momentánea de recursos comprometidos para proyectos, becas y otros recursos de investigación, pero por otro un mayor control central de la instancia encargada de la coordinación de las actividades científicas y tecnológicas de la Federación.
Además se saber si la interpretación difundida por El Universal es correcta, hace falta disipar varias dudas: ¿La medida de exención que habría sido autorizada por Hacienda tiene carácter permanente o solamente corresponde al ejercicio del presupuesto anual aprobado? ¿la eventual centralización de recursos para desarrollo científico y tecnológico en las entidades federativas implicará restar facultades a los estados y la Ciudad de México para definir sus prioridades en la materia? ¿cuáles, en concreto, serán los fideicomisos que se preservan y cuáles serán cancelados? Esperemos que estas interrogantes se disipen los próximos días.
Una última cuestión: si la mayor parte de los recursos asignados a los fideicomisos se logra conservar ¿cuál era o es el sentido del decreto presidencial?
