Eduardo Gurría B.
¿Qué es lo que ha llevado al gobernador de Puebla; Luis Miguel Barbosa, a emitir un decreto sobre la educación privada y al Congreso, mayoritariamente de MORENA, a aprobarlo?
A primera vista, la ley tiene fuertes tintes políticos, ya que muestra la tendencia presidencial de atacar al sector privado por donde sea, siempre y cuando no se toque a los consentidos, como TV Azteca, Televisa y otros, y parece, a todas luces, una más de las medidas populistas del AMLO.
La oposición a tal medida radica, en la muy justificada convicción de que la educación en manos del Estado es de por sí deficiente, pero va más allá: supone que el control de la educación privada constituirá una oportunidad más para la corrupción y el desfalco, como suele suceder siempre que el gobierno echa mano de los recursos públicos o, al menos, los funcionarios se enriquecen con contratos y licitaciones de muy dudosa operación, favoreciendo el clientelismo, el amiguismo y demás. Y ¿qué vendrá después, los sindicatos, la venta de plazas, el deterioro de las instalaciones, los pobres contenidos en educación básica, media y superior…?
Barbosa, en su discurso, alega que la educación no debe de ser un negocio, y ¡claro que lo es!, si no, simplemente, no existiría, pero este negocio requiere de fuertes inversiones, genera millones de empleos y, sobre todo, libera al Estado de una gran parte de la carga educativa a la que, por ley, está obligado a proporcionar, y que en esta época se ha vuelto muy frágil.
Sin embargo, ciertos argumentos bien pueden justificar el decreto gubernamental. Las escuelas privadas se han convertido en verdaderos consorcios muy lucrativos que, en muchos casos, se han transformado en corporativos muy fuertes y para los que lo importante es el cliente, es decir, el que paga las cuotas y solo eso, porque al alumno hay que tenerlo contento, no formado y con eso basta.
La educación privada se ha vuelto casi inaccesible: pago de inscripción y colegiaturas, cuota de padres de familia, lista de útiles, en la mayoría de los casos inútiles, lista de libros que solo distribuye la escuela, aparte de los de la SEP, contratos con sistemas como AMCO o UNO, cuyos libros son muy caros y no siempre reflejan buenos resultados, pago por actividades deportivas y artísticas, cuota de laboratorio, viajes de intercambio, campamentos, torneos, uniforme del diario, uniforme de gala, uniforme de deportes, pago por exámenes extraordinarios, dinero para comprar en la tienda-restaurante, computadora o IPad obligatorios, y la infaltable kermesse, en la que son los padres de familia quienes aportan el trabajo y lo que se vende, y cuyas ganancias, de las cuales no hay registro, van a dar directo al bolsillo del director, además de lo que durante el año vaya saliendo.
La educación privada se ha saltado consuetudinariamente las disposiciones oficiales establecidas en la Ley Federal de Educación emanada del Artículo 3º Constitucional, sí, pero el Estado no puede ni debe pretender la imposición de criterios y leyes que la condicionen al capricho de los estudiantes, como sería el caso de la retención de documentos por diversas, ya que esto generaría que cualquier fósil pudiera exigir un título o un certificado sin merecerlo. Se nos olvida que a la escuela se va a estudiar; algo que el Estado olvidó cuando estableció la promoción obligatoria al grado inmediato superior, y provocando que los alumnos de preescolar lleguen muy mal preparados a primaria, los de primaria a secundaria, los de secundaria a preparatoria, etc.
Así lo vemos en el día a día en el aula y en las tareas escolares: alumnos de secundaria, preparatoria o universidad, y después profesionistas, que no saben escribir y que no conocen nada, ni siquiera de nuestra historia más reciente y que solo se guían, en el mejor de los casos, por libros de superación personal, “líderes de opinión” televisivos y coaches de vida que se promocionan a través de las redes sociales.
Estas dos visiones reflejan una realidad muy lamentable y muy peligrosa, ya que las posturas se polarizan y, por lo tanto, se vuelven radicales y se politizan de forma alarmante.
Entonces, en la polémica no está en juego lo que es realmente importante: la educación de una nación necesitada de salir de la pobreza y de la ignorancia, la necesidad de la lectura como una herramienta para aprender a razonar y elegir de forma inteligente quién y cómo queremos ser gobernados con base en una realidad que no se logra vislumbrar porque no sabemos informarnos.
Podemos aplaudir un decreto o rechazarlo, en los dos casos siempre nos quedarán dudas y sospechas, lo importante es porqué asumimos una postura u otra y cómo la sustentamos, es decir, cómo reaccionamos.
Sin embargo, no deja de preocupar el hecho de que, a todas luces, el gobierno pretende controlar uno de los aspectos más sensibles de la sociedad: la educación, y no deja de preocupar o, por lo menos nos deja pensando porqué ahora y porqué MORENA; ¿será que la contingencia le está abriendo los espacios que necesita con miras al 2021 o más allá?
