En el Congreso de Nuevo León se desató un vendaval por la iniciativa del diputado del Partido Encuentro Social, Juan Carlos Leal, de introducir en la ley de educación local el “Pin parental”. Importó esos vocablos de Vox, una formación política española de corte ultraconservador. Implica que los padres pueden imponer vetos a lo que se enseñe en las escuelas.
Cuando escribo conservador no hago eco de lo que apunta el presidente López Obrador, que conservador es todo aquel que no comulga con su proyecto de la Cuarta Transformación. Uso el concepto en los términos en que se daban los debates que refiero.
La intervención de la Secretaría de Gobernación impidió que se aprobara en Nuevo León, pero el Congreso de Aguascalientes sancionó por unanimidad una iniciativa semejante. La nueva Ley de Educación asentó que “… la Autoridad Educativa Estatal dará a conocer de manera previa a su impartición, los programas, cursos, talleres y actividades análogas en rubros de moralidad, sexualidad y valores a los padres de familia a fin de que determinen su consentimiento con la asistencia de los educandos a los mismos, de conformidad con sus Convicciones”. La norma se refrendó con enmiendas a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes. Diputados del PES presentaron proposiciones similares en Chihuahua y Querétaro.
Esas y otras exigencias, como la del presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, Leonardo García Camarena, evocan la idea de la libertad de enseñanza. Es una imagen radical, pero consecuente con la ideología conservadora de organizaciones adeptas a la Iglesia católica. En un video García Camarena criticó —con acritud además— a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, por haber impedido que pasara el pin parental en Nuevo León. La acusó de promover el aborto, de favorecer la perspectiva de género y sentenció: “los hijos no son propiedad del Estado y éste no los puede adoctrinar como le dé su regalada gana”.
Una ironía de la historia, diría Isaac Deutscher. La libertad de enseñanza fue demanda y bandera de los liberales del siglo XIX. No obstante, el debate se moderniza y hoy las fuerzas conservadoras tradicionales animan la libertad de enseñanza, aunque con cambios en la gramática. Tras la guerra civil y el triunfo de los liberales se proclamaron las leyes de reforma entre 1855 y 1863 y la nueva Constitución en 1857.
El texto del artículo 3 fue breve y categórico. “La enseñanza es libre. La ley determinará qué profesiones necesitan título para su ejercicio, y con qué requisitos se deben expedir”. En la Constitución de 1917 se instituyó que la educación sería laica —es decir, ajena a, no en contra de, cualquier doctrina religiosa— y en reformas recientes la educación se emparenta con derechos humanos, interculturalidad y, en la parte curricular, información y asesoría sobre sexualidad y salud reproductiva.
La corriente tradicional incluso quería que regresara la educación religiosa y moral a las escuelas públicas; quizá las iglesias cristianas no abandonen ese sueño.
En diciembre de 1984, se dio un debate entre el secretario de Educación Pública, Jesús Reyes Heroles, y uno de los líderes históricos del Partido Acción Nacional, José González Torres, entonces diputado federal. En un discurso elocuente, González Torres criticó la política educativa, censuró la falta de educación moral y religiosa; quería que se enseñaran todas las religiones en la escuela pública. Lanzó preguntas incisivas al secretario de Educación Pública: ¿Por qué se insiste en coartar la libertad de enseñanza?¿Por qué se niega a los padres el derecho de dar a sus hijos la educación que prefieran?
Reyes Heroles respondió con amplitud. En una de sus máximas sentenció: “Si se trata de escuelas-iglesias, señor licenciado y eso por lo pronto; enseñar en la escuela oficial todas las religiones, sabiendo que pronto ese proceso va a conducir a la concentración en una sola religión y volver a los conflictos del siglo pasado” (Jesús Reyes Heroles, Educar para construir una sociedad mejor, México SEP, 1985, Tomo I: 289-290).
Los defensores de la tradición conservadora acusan que el monopolio de la SEP sobre la definición del currículo nacional niega las libertades y convenios internacionales que México suscribió. Tanto los líderes de la UNPF como los diputados del PES citan el párrafo 3 del artículo 26 de la Declaración Universal de los derechos Humanos: “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”. Pero no dice que en la escuela pública.
El argumento de la Segob cuando abogó por el voto en contra del veto parental en Nuevo León defendió el monopolio estatal sobre la educación. Lo mismo hizo el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas en un artículo en El Universal (09/06), quien además apuntó que los congresos locales carecen de competencia sobre contenidos y planes de estudio. Tanto el comunicado de la Segob como el artículo de Encinas, elogian el laicismo, pero no se meten a fondo a contradecir las tesis conservadoras. Invocan la razón de Estado.
Los liberales de a de verás —como los del siglo XIX que enfrentaron a la Iglesia católica y derrotaron su monopolio sobre la conciencia de los mexicanos o como Jesús Reyes Heroles— contradijeron con argumentos filosóficos —e ideología también— la visión moralista de las fuerzas conservadoras. Pero el funcionariado de este gobierno no lo hace. Cavilo que se debe a que el PES es un aliado del presidente López Obrador y se siente animado por su religiosidad, que hace pública en cuanta oportunidad tiene.
