A río revuelto, ganancia de pescadores, reivindica un refrán que bien puede ilustrar el nudo de contradicciones en la matriz del sistema educativo. El coronavirus ataca duro en México; forzó cambios en el quehacer de la educación y provocó una mudanza que generó problemas e incertidumbre para el futuro.
Todos perdimos algo, pero otros incluso ganaron briznas que perseguían desde 2014 y que, para desgracia del país, contradicen los dichos del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma.
La pandemia puso a prueba las capacidades del gobierno y sus instituciones, en el balance no sale bien librado. En la educación pública, sin embargo, el arqueo no es tan negativo. A pesar de que desde el año pasado los recortes le bajaron tonelaje financiero, la Secretaría de Educación Pública pudo canalizar recursos a Aprende en Casa, y rescatar algo. Tal vez no fue mucho, pero el mensaje de no abandonar las labores le abonó atisbos de credibilidad. Al menos se movió con cierta rapidez, no como otras dependencias que se transformaron en entes invisibles.
La dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la facción que encabeza Alfonso Cepeda Salas, se puso las pilas y acompañó —incluso lideró en algunas regiones— las tareas de educación virtual.
Quizá su empeño en convencer a sus agremiados para trabajar a distancia acreditó la iniciativa de la Secretaría de Educación Pública con todo y la desconfianza y falta de destrezas de muchos docentes para manejar las tecnologías de la información y plataformas de internet. La faena de los líderes, de la mano de la Secretaría de Educación Pública, impidió un rechazo masivo al programa emergente.
No así en los territorios de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Los líderes criticaron el programa en línea y sus bases lo ignoraron. Mientras la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación hizo una encuesta gigantesca que mostró apoyo razonable a las medidas de la emergencia, militantes de la CNTE hicieron un sondeo que muestra esa impugnación.
La SEP y el SNTE difundieron los resultados de su escrutinio a gran escala (comunicado del SNTE 19-2020, del 13 de mayo). No era para menos, presumieron la participación de más de 300 mil maestros de todos los niveles y calificaron su labor como buena, muy buena o excelente.
La exploración de la CNTE se focalizó en Oaxaca, Chiapas, Morelos, Michoacán, Quintana Roo y Guerrero, y se refirió a la [des]confianza de los maestros sobre los protocolos de regreso a clases en la “nueva normalidad”.
El informe publicado por Joel Vicente Cortés en Cuadernos de la Pandemia (5: 84-91) resume que “la mayoría de los encuestados descalifican el desempeño de la Secretaría de Educación Pública en cuanto a su rol orientador frente a la pandemia; el status de la mayoría de las escuelas, al internet y su conectividad. Sólo el 22 por ciento manifiesta que las clases a distancia en el confinamiento fueron una buena experiencia”.
Existe evidencia anecdótica, como dicen mis colegas que saben de métodos de investigación, de que en esos territorios, aun en zonas urbanas, los docentes repudiaron Aprende en Casa. Empero, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación celebró una victoria durante la calamidad, pescó en la revoltura del río.
El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca anunció que en una primera etapa otorgará 543 claves presupuestales y pagará 100 millones de pesos a 875 trabajadores de la educación por “incidencias administrativas” de 2014 y 2015 que no fueron conciliadas ante la federación, por ello carecen de soporte presupuestal. Pero que, gracias al apoyo del presidente López Obrador y del secretario de Educación, ya la hicieron.
En la mañanera del jueves pasado, el secretario Moctezuma presumió que se acabó el huachicol educativo y que los sindicatos no participaban en la repartición de plazas porque la ley lo prohíbe.
Pero esos 875 —y los que faltan— ingresaron al servicio por gestiones chapuceras (compra o herencia) de los líderes de la sección 22, sin concurso, ni trasparencia.
Esa conciliación regulariza el huachicol educativo que el gobierno anterior no quiso legitimar.
