¿Quién fuera a decirlo? En unas cuantas semanas la tuerca dio vuelta. En Nuevo León pasó y luego, tras una reconvención que la Secretaría de Gobernación aventó al Congreso local, el llamado pin parental no franqueó la puerta de entrada a la ley de educación local. Pero sí en Aguascalientes y por unanimidad, además.
En términos sencillos, el pin parental es una adaptación de las iniciales en inglés de personal identification number para dispositivos digitales o cajeros de bancos, es el nip. En canales de televisión de paga o en plataformas de internet, los padres usan ese pin para fiscalizar ciertos programas y evitar que sus vástagos los vean.
El partido político español Vox lo adoptó con el fin de ponerse a la vanguardia en la censura a la educación sexual y reproductiva que se estableció en programas de estudio y libros de texto. Invoca a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aunque también apela a la consigna de libertad de elegir y detrás de esos preceptos se encuentra una moral religiosa arcaica y dogmática.
El texto que propuso un diputado del Partido Encuentro Social quedó plasmado en artículo 4 de la Ley de Educación del estado de Aguascalientes:
[…] la autoridad educativa estatal dará a conocer de manera previa a su impartición, los programas, cursos, talleres y actividades análogas en rubros de moralidad, sexualidad y valores a los padres de familia a fin de que determinen su consentimiento con la asistencia de los educandos a los mismos, de conformidad con sus convicciones.
Este precepto asienta un veto que los padres de familia pudieran imponer a la enseñanza de valores cívicos, perspectiva de género, promoción de estilos de vida saludables, educación sexual y reproductiva que plasma el párrafo decimoprimero del artículo 3 de la Constitución.
El artículo del pin parental es la punta de lanza de una ofensiva más amplia que, por una parte, recupera parte de los debates del siglo XIX, cuando los liberales pugnaban por la enseñanza libre, es decir, al margen de la religión y del control de la Iglesia católica. Tras guerras civiles, el precepto se asentó en el artículo 3 de la Constitución de 1857.
Por otra parte, atenta contra la educación laica que los constituyentes de 1917 instituyeron tras largos debates, nada más la discusión del artículo 27 tomó más saliva de los congresistas. Éste daba por terminado un Estado oligárquico asentado en la hacienda, el 3 ratificaba que el monopolio de la conciencia nacional ya no pertenecía a la Iglesia.
La Segob (también Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación en un artículo en El Universal), que no la Secretaría de Educación Pública, debatieron con “los conservadores” (esta vez el vocablo se aplicó en el sentido histórico) porque atacaba el monopolio del gobierno para definir planes y programas de estudio. Fue la defensa burocrática del Estado educador.
Hoy va para atrás en Aguascalientes. Diputados locales de Morena, PRD y PRI, incluso uno del PES, lanzaron una iniciativa para reformar la reforma porque, expresa su exposición de motivos: “Errar es de humanos, perdonar es divino, rectificar es de sabios”.
Más allá de que los proponentes se califiquen de sabios (elogio en boca propia…), la crítica de maestros, organizaciones de la sociedad civil, colectivos de defensa de los derechos humanos, académicos, periodistas y ciudadanos comunes, forzaron a los diputados hidrocálidos a meter reversa.
Estos detractores del pin parental salvaguardaron el derecho de la infancia y los adolescentes a una educación científica y libre de dogmas. El impulso a un estilo de vida sana implica a la educación sexual. Está comprobado, además, que una enseñanza de esa naturaleza disminuye prácticas de riesgo, retrasa el inicio de la vida sexual, aminora la violencia y la homofobia.
¡Qué bien que la reforma de mayo en Aguascalientes resultó fuego fatuo! La sociedad civil frenó la intentona derechista. Una pequeña victoria para celebrar.
