Maestros, educación y reforma educativa

En este proceso los maestros se convirtieron no sólo en factor de cambio, sino en ejemplo para la población mexicana, que empezó a tratarlos como mensajeros de un futuro que el país necesitaba y luego como líderes y autoridades en los poblados donde se dedicaban a la enseñanza, considerada la más noble de las profesiones. Nunca antes gobierno alguno había contado con un mecanismo de interlocución con importancia similar.

Entre 1940 y 1960 la autoridad moral y política de los profesores hizo de ellos los interlocutores y representantes del gobierno ante la población, dándole a éste una imagen positiva de servicio y atención a sus necesidades, expectativas y preocupaciones. El magisterio constituyó así, un factor central para la estabilidad de la nación, proporcionando la legitimidad y confianza que el gobierno necesitaba.

A partir de la década de los 60, los sucesivos gobiernos comenzaron a abusar de este recurso, empleándolo para fines de control político, corrompiendo a sus líderes, u hostigándolos y metiéndolos a la cárcel cuando se negaban a colaborar. El proceso llegó a su extremo más absurdo cuando Carlos Salinas impuso a Elba Esther Gordillo como líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educacion, dotándola de nuevas atribuciones y convirtiéndola en un personaje con mayor influencia que gobernadores y secretarios de Estado, para acrecentar su propio poder personal, sin importarle el riesgo que ello implicaba para el futuro de la nación.

Las consecuencias no se hicieron esperar, la líder vitalicia del magisterio terminó convirtiéndose en un personaje capaz de distorsionar al sistema político, para imponer gobernadores y secretarios, e incluso para alterar los resultados de elecciones presidenciales; las consecuencias para el sector educativo fueron nefastas al dar lugar a prácticas vergonzosas de tráfico de plazas y al surgimiento de una élite corrupta dedicada a explotar a los maestros y distraerlos de sus actividades y obligaciones cuya consecuencia no podía ser otra que el decaimiento de los niveles educativos, convirtiéndose en un estorbo serio para el gobierno y un obstáculo que hacía imposible corregir los excesos existentes en el sector educativo.

En un principio, las acciones del gobierno al mandar a la maestra a la cárcel, en el marco de una nueva reforma educativa, permitió a éste lograr una opinión favorable de la población, al dar la impresión de que se trataba de un paso necesario para mejorar la educación; sin embargo, pronto se empezó a generar la idea de que la reforma educativa no estaba orientada a mejorar la educación, como se había planteado, sino que se trataba de recuperar el control del magisterio con miras a seguir utilizándolo como instrumento al servicio del poder, e iniciar un programa orientado a descargar la responsabilidad del sostenimiento de las escuelas, en los padres de familia, al distribuir a las direcciones de las escuelas manuales en los que se sugieren actividades para recabar fondos mediante festivales y reuniones que permitan inducir una cultura de cooperación económica entre los padres, en contraposición con la Constitución.

La reacción política y social al proyecto de reforma educativa que envío el gobierno al Congreso rebasó con mucho las expectativas negativas que éste se había planteado, y cuando se dio la respuesta gubernamental fue equivocada, montándose a los profesores en la campaña de descrédito, lanzada por Televisa, haciéndolos ver como elementos antisociales y enemigos de la educación y el progreso, ignorando los problemas del sector educativo y su propia responsabilidad en el problema.

Mi impresión es que el gobierno no ha decidido, ante la existencia de dos corrientes opuestas en su interior: una que apoya la privatización de la educación pública, sin percatarse de que ello está en franca contraposición con la Constitución, no es sustentable, en virtud del alto porcentaje de familias que carecen de los medios para pagar la educación de sus hijos, lo cual generaría un problema social de dimensiones impensables, cosa que a este grupo le parece irrelevante; para el otro grupo, la privatización está fuera de lugar, la responsabilidad del gobierno en la educación sigue siendo válida y pugnan porque ésta mejore, pero considerando que con el solo control de los maestros ello puede lograrse.

La primera opción es absurda; sin embargo, dos hechos no pueden ser ignorados: la privatización de los ferrocarriles en el gobierno de Zedillo tuvo como antecedente una estrategia de desprestigio del gremio ferrocarrilero, creándole una imagen de ineficiencia y corrupción ante la población, lo cual inclinó a ésta a pensar que la desarticulación de los ferrocarriles nacionales era una acción indispensable que el gobierno debía realizar. De esta manera, la venta de los ferrocarriles a empresas extranjeras paso prácticamente desapercibida y cuando se dio no hubo objeciones mayores pese a la pérdida real que la medida representaba para la nación.

En los meses que lleva operando el actual gobierno, algo que ha llamado la atención ha sido el surgimiento de los llamados anarquistas, cuya aparición coincidió con la toma de posesión del actual mandatario y cuya conducta recuerda la de otros grupos paramilitares creados por gobiernos priístas; el patrón de conducta que sigue se antoja similar al de algunos grupos de maestros que sin identificarse llegan a cerrar escuelas en forma violenta para impedir que se den clases en ellas.

Hemos tenido recientemente, oportunidad de hablar con profesores, tanto de escuelas rurales como urbanas, que nos comentan que les da vergüenza reconocer que son maestros. ¿De qué se trata? ¿Se pretende en verdad destruir la imagen de este importante sector de la sociedad? ¿Qué se ganaría con ello? Se trata de un juego peligroso e injusto, porque se está dañando a un sector de la sociedad que ha hecho un gran servicio al país en términos generales, pero sobre todo porque el país y el gobierno mismo lo necesitan para construir el futuro.

Mejorar la preparación del magisterio es sin duda necesario, pero el camino no puede ser de amenazas y castigos, sino de reconocimiento, de estímulos a los esfuerzos y a resultados y, sobre todo, haciendo a un lado las viejas prácticas de privilegios, de pago de lealtades, de cohecho, del manejo de excepciones, sustituyéndolas por reglamentos, criterios, mediciones únicas y claras y programas serios de preparación para innovar las actividades educativas.