Miguel Angel Vértiz Galván
Garantizar el derecho a la educación de niñas y niños minimizando las posibilidades de contagio de COVID 19, es el problema de política pública al que se da respuesta el lunes 3 de agosto con la firma pública de la colaboración entre el gobierno y las empresas televisaras del país. Este acto, si bien sorprendió a muchos por un aparente “cambio ideológico” en el contenido de las políticas educativas del actual gobierno, otros lo valoramos como la consecuencia del aprendizaje que da la experiencia de gobernar. Estoy seguro que dentro del análisis de las alternativas de solución a este problema público planteado, se pusieron sobre la mesa un abanico de posibilidades, algunas muy sofisticadas en su implementación al implicar un retorno a las aulas con grupos segmentados en horarios reducidos en las escuelas, con tres o más rondas diarias de desinfección, así como la implementación de protocolos para que todo el tiempo estudiantes y docentes mantengan una distancia segura y barreras al virus. Análisis que al final permitió al gobierno optar por una solución educativa a distancia, implementada por lo que en la jerga de las políticas públicas se le denomina mezcla público-privada, un corte de políticas públicas fuertemente criticada por muchos miembros del actual gobierno, precursores de la llamada 4T e incluso consejeros de MEJOREDU, que ahora parecen mucho más convencidos de los beneficios de este tipo de políticas “neoliberales”.
Aclaro que personalmente no estoy en desacuerdo en este tipo de acciones de implementación de políticas, ni otro tipo de alternativas por sí mismas, desde mi perspectiva es un error descalificar a ultranza las posibilidades de solución a un problema público, no sólo porque podemos estar escupiendo hacia arriba, sino porque antes de desecharla o apoyarla, debe valorarse objetivamente sus bondades y consecuencias, para elegir la mejor alternativa, que anticipo mi conclusión, generalmente es una combinación articulada de diferentes acciones, para adecuarse a las condiciones específicas de cada contexto del país y sus beneficiarios.
En estricto orden de análisis, antes de decidir que la estrategia se realice a partir de una mezcla público-privada, seguramente se analizaron los atributos y consecuencias de las diversas alternativas, valorando la estrategia a distancia como la más viable, ponderando tanto los alcances pedagógicos como los efectos en la salud, seguramente incluidas las problemáticas y costos que se trasladan a docentes y padres de familia, pero descartando por lo tanto otras opciones que implicaban el regreso limitado y paulatino a las aulas, definida esta alternativa se analizaron los requerimientos para su implementación, y es donde con seguridad se valoró la mezcla público-privada contra la opción re implementación con recursos gubernamentales exclusivamente.
De manera sucinta, un componente público-privado dentro de una política pública, consiste en incorporar en la implementación de las acciones a empresas del sector privado para que conjuntamente con el gobierno se atienda la solución de un problema público, si bien el problema público es de interés común, no necesariamente los privados acuden sin ningún otro interés, especialmente económico, sin embargo su participación suele tener ventajas aun realizando los pagos correspondientes por sus servicios, en virtud de que es un hecho que el gobierno no cuenta siempre con todas ni con las mejores capacidades técnicas, tecnológicas o de infraestructura, así como las competencias por la experiencia organizacional y la formación de capital humano, por lo anterior, las ventajas de la mezcla público privada entre la SEP y las empresas televisoras del país, con seguridad es una mayos cobertura, con mejores recursos técnicos y tecnológicos y competencias profesionales, dada la experiencia de las empresas firmantes, lo cual parece ser el elemento que resulta determinante en la elección de esta acción vs implementar la estrategia a distancia con las señales, tecnología, infraestructura y capital humano gubernamental.
Pero por otra parte, además de las ventajas, en un análisis del diseño de política pública, debe considerarse los efector redistributivos y las consecuencias en equidad que su implementación generarán en la población y los actores involucrados, de entre los cual debo destacar que si bien 9 de cada 10 familias mexicanas cuentan con televisión, según datos del INEGI, al considerar sólo las familias de ingresos más bajos, el 17% de estas no cuentan con televisión, quiere decir que la estrategia fortalecida por la alianza con televisoras privadas, excluye a los estudiantes más pobres del país, posiblemente se consideró que es un costo inevitable, y lo es si se considera la estrategia como excluyente de otras alternativas de solución, sin embargo aún queda para la curva de aprendizaje de el actual gobierno que la incorporación articulada de alternativas distintas permite la mejor adecuación a los contextos diferenciados del país y los beneficiarios, obtenido las ventajas que cada una de las alternativas ofrece, en donde mejor se pueden aprovechar, con esto quiero decir que probablemente no se valoró que en las comunidades marginadas más desfavorecidas, el pequeño número de estudiantes de las escuelas multigrado y el aislamiento que caracteriza su condición de marginación, son una fortaleza para estas comunidades escolares en la lucha contra la pandemia, y que son simultáneamente quienes quedarán excluidos del derecho a la educación a distancia, pero que complementar con una alternativa de retorno a las aulas, en grupos aún más reducidos en horarios compactados con medidas de distanciamiento y desinfección, le permitiría contar con una posibilidad real para recibir educación, si bien se ha dicho que acudirán instructores comunitarios del CONAFE, esto nos remite a las escuelas que este consejo de fomento educativo tiene bajo su encargo, que si bien no son pocas las comunidades que atiende, deja de lado a las más de 43 mil escuelas multigrado que administran las autoridades educativas estatales.
En resumen, debe celebrarse que la curva de aprendizaje en políticas educativas del gobierno ha alcanzado la madurez para evaluar las alternativas de políticas por sus efectos en la solución de problemas públicos y no por su contenido ideológico, sin embargo aún falta el aprendizaje profundo de los contextos y realidades diversas del país para valorar alternativas de solución que, estructuradas con otras acciones, permitan eliminar los aspectos que inciden en inequidad o excluyen beneficiarios de la alternativa principal.
