Sergio Martínez Dunstan
Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Se deja entrever la suerte política de quien la encabeza. Y, a través de su lectura, se revela el rumbo de la política educativa. De entrada se establece, en el Artículo 3, que las actividades se sujetarán a lo que determine el Presidente de la República. El Titular de la SEP, Artículo 5, tiene la obligación de proponer, al Ejecutivo Federal, los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes así como la creación, supresión o modificación de las unidades y órganos administrativos desconcentrados del área a su cargo entre otras facultades indelegables.
Tres Subsecretarías se conservan (Educación Superior; de Media Superior y la de Educación Básica). Lo mismo que la Jefatura de la Oficina del Secretario y las direcciones generales de Comunicación Social; Bachillerato; Centros de Formación para el Trabajo; Desarrollo Curricular, Materiales Educativos; Recursos Materiales y Servicios; Acreditación Incorporación y Revalidación; Profesiones; Planeación, Programación y Estadística Educativa; Tecnologías de la Información y Comunicaciones; Sistema de Administración de la Nómina Educativa Federalizada.
Algunas se fusionan. Las direcciones generales de Educación Superior Universitaria e Intercultural; Educación Tecnológica, Agropecuaria y Ciencias del Mar; Educación Tecnológica Industrial y de Servicios; Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe en educación básica.
Otras cambiaron de nombre pero mantienen casi las mismas atribuciones. Las unidades de Actualización Normativa, Legalidad y Regulación; de Administración y Finanzas al igual que las direcciones generales de Política Educativas, Mejores Prácticas y Cooperación (antes de Evaluación de Políticas); Educación Superior para el Magisterio (emanada de la extinta Educación Superior para Profesionales de la Educación); Gestión Escolar y Enfoque Territorial (se llamaba Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa); Presupuesto y Recursos Financieros; Formación Continua a Docentes y Directivos; la Unidad de Administración y Finanzas en lugar de la Oficialía Mayor.
Por otra parte, desaparecen la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación; Oficialía Mayor; la Unidad de Coordinación Educativa; la Coordinación Intercultural Bilingüe; las direcciones generales de Relaciones Internacionales; Televisión Educativa; Sistema de Información y Gestión Educativa; Atención Ciudadana. Cabría esperar que algunas de sus funciones se transfieran a otras unidades administrativas. Las Delegaciones Federales en los Estados y la Coordinación de las mismas ahora se les nombra de Enlace Educativo. Al parecer, la de Gestión Sectorial y Enlace Interinstitucional cumplirá varias funciones de la anterior Coordinación General de Atención Ciudadana.
La Unidad de Concertación, Gestión y Seguimiento de Instrucciones Presidenciales y la Coordinación de Universidades Tecnológicas y Politécnicas cambiaron el estatus jurídico a direcciones generales.
Son destacables las recién creadas. La Unidad de Promoción de Equidad y Excelencia Educativa y las direcciones generales de Vinculación Académica; la Escuela es Nuestra; Desarrollo Humano Integral; Educación Musical y Orquestas Escolares; así como coordinaciones sectoriales para cada una de las subsecretarías.
En el caso de los Órganos Administrativos Desconcentrados se mantienen: la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México antes Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal; la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte; el Instituto Politécnico Nacional; la Universidad Pedagógica Nacional; la Universidad Abierta y a Distancia de México; la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros en lugar de la del Servicio Profesional Docente; la Coordinación General @prende.mx; Tecnológico Nacional de México. Sólo se crea la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.
Las unidades administrativas que permanecen bien pudiera entenderse que se adecuan a la actual proyección gubernamental y son piezas claves para la política educativa. Aquéllas que modificaron su condición jurídica, cambiaron de nombre o se fusionaron responden más a una lógica presupuestal. Requerían por lo mismo una remozada para adecuarlas a las circunstancias presentes. En contraparte, las que desaparecen respondieron en su momento a la visión de administraciones anteriores y se contraponían en cierta medida a la actual. V. gr. lo relacionado con la evaluación. Las de nueva creación son estratégicas para la 4T. Por ejemplo, Equidad y Excelencia, la Escuela es Nuestra (lo relativo a la infraestructura de los planteles escolares), Desarrollo Humano Integral (propósito de la Nueva Escuela Mexicana); y la Educación Musical y Orquestas Escolares las cuales tienen asegurado el presupuesto para su operación. La Oficina del Secretario cobra una importancia singular pues se le delegan más funciones en comparación con el anterior reglamento interior (pasa de 13 a 31 atribuciones).
Lo anterior revela la manera en cómo la actual administración se está encaminando hacia la segunda etapa, cierre de la gestión, de cara al proceso electoral del año próximo y con la mirada puesta en la sucesión presidencial. El renovado diseño organizacional de la Secretaría de Educación Pública hace suponer, parafraseando el poema hecho canción, no es perfecta más se acerca a lo que el Presidente pretendió. Y, por otra parte, el descarte en voz del propio Secretario de Educación a un cargo de elección popular para dedicarse de lleno a dirigir los destinos de la política educativa hasta el 2024. Si es que no acontecen circunstancias extraordinarias que lo alejen de tal destino, claro está. Se mantendría en la vitrina en los próximos tres años con la posibilidad de ser visto, aún más, y quizá muy bien visto, con la probabilidad latente de proyectarse al margen de las filias y fobias que pueda generar entorno a él. Quizá sea uno de los suspirantes a ocupar el encargo más importante del país. A lo mejor sea el representante de algún grupo político – empresarial para dicho proceso. De ser así, pues habría que ponerlo desde hoy en la lista de los candidatos a la Presidencia de la República. ¿Qué opinión les merece tal comentario, estimados lectores?
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