Eduardo Gurría B.
En un momento tan importante de la historia de México, han surgido múltiples cuestionamientos con respecto al rumbo que la educación ha tomado a lo largo de las décadas, sin embargo, la respuesta es sencilla: ha sido una historia de desaciertos que se han venido sumando de forma atávica en perjuicio de generaciones de estudiantes, todo gracias a que la educación se ha politizado gobierno tras gobierno para convertirse en uno más de los discursos oficiales, sin que se hayan reflejado resultados ni a corto, mediano o largo plazo, y hoy, el problema se ha agravado.
Ante la crisis que México enfrenta en todos los rubros del desarrollo, destacan importantes sectores, como el de la salud y el de la educación, amén de otros no menos importantes como el de la seguridad, y la economía, esto en el marco de una expectativa de crecimiento económico nulo, o más bien, de un decrecimiento.
A pesar de esto, el gobierno ha destinado fuertes partidas presupuestales a proyectos que, a simple vista, resultan inútiles, entre ellos, la construcción de un tren, cuyos costos, apenas en su etapa inicial, se han elevado a más de 400%, con respecto al presupuesto original, la pretensión de llevar a cabo una consulta popular que costaría al erario $8000,000,000 de pesos, los donativos de millones de dólares a algunos países latinoamericanos sin que exista alguna razón para ello, o el gasto que implicó la creación de una guardia nacional y la construcción de una refinería que ya, desde ahora, resulta inviable, junto con la construcción de un aeropuerto del que no se augura nada positivo.
En lo que nos concierne, el presupuesto para educación ha sido recortado en forma drástica, dentro del marco del retiro de apoyos a diversos programas de educación, ciencia y desarrollo, como son:
- Los programas de tiempo completo en las escuelas
- La formación y certificación para el trabajo
- El fortalecimiento a la excelencia educativa
- El programa de expansión en la oferta educativa en educación media superior y superior
- El programa de carrera de docentes
- El desarrollo de aprendizajes significativos de educación básica
- El programa nacional de convivencia escolar
- La atención a la diversidad indígena
- Atención educativa a la población escolar
- Evaluaciones confiables de la calidad educativa y la difusión oportuna de resultados
- El sistema de información y gestión educativa
- El programa nacional de reconstrucción
- El programa de formación de recursos humanos basado en competencias
Algunos de ellos, probablemente pudieran presentar alguna justificación para ser eliminados, otros pueden adolecer de falta de transparencia en el manejo de los recursos y otros, tal vez, no habrán dado los resultados esperados, sin embargo, si sumamos a estos recortes al retiro de 109 fideicomisos, entre los cuales, los mas afectados han sido los que se refieren al desarrollo científico y tecnológico y de la investigación, además de la cultura y el recorte a las escuelas normales del 95%, el panorama se vuelve desolador.
El CIEP (Centro de Investigación Económica y Presupuestaria), apunta que el 3.1% del presupuesto federal es asignado al renglón de la educación, esto es, $338,046 millones de pesos de los cuales, el 95% es destinado al pago de nóminas y gastos escolares, quedando un raquítico 5% para lo que es simple y llanamente el aprendizaje.
Queda por aclarar que se asignó un aumento a la beca universal de educación media superior “Benito Juárez” de $5,894 millones, pero esto, de ninguna manera, significa una mejora en la calidad educativa.
A todo esto, surge la pregunta de cómo enfrentará el gobierno, de aquí hacia el futuro, la crisis educativa ya planteada desde hace mucho tiempo por la OCDE y demostrada a través de los resultados de PISA y que ahora, frente a la contingencia ocasionada por el COVID 19 se ha agravado en forma alarmante.
La pandemia ha generado la necesidad de incorporar la tecnología a la educación; ya no se trata únicamente de instalar un cañón o un pizarrón inteligente en las aulas, ahora, necesariamente, tenemos que ir más allá, con el acceso y el uso de plataformas, internet y dispositivos, esto como una acción imperiosa para hacer llegar la educación a todos los estudiantes y de todos los niveles, además de la capacitación hacia dentro de los centros escolares y, por supuesto, de los docentes, y en esto, es el Estado el que debiera jugar el papel más importante destinando los recursos necesarios para ello, tal como lo han demostrado países menos ricos, pero con más visión, como Finlandia, Corea, Estonia y Uruguay (BID), entre otros, quienes han apostado por la educación como eje central del desarrollo para el Siglo XXI y que han arrojado resultados sorprendentes, que entre otros aspectos, se han visto reflejados en sus PIB.
Las políticas educativas para el presente y para el futuro deberán alejarse de la tutela de los sindicatos, deberán dejar de ser bandera que enmarque las campañas electorales quedando fuera de toda demagogia partidista y deberán establecerse con el consenso de verdaderos especialistas; y al gobierno, entonces, le corresponderá asignar los medios económicos suficientes para la actualización, la inclusión y la implementación tecnológica acorde.
El sector privado, en forma general, ha venido implementando la infraestructura pertinente, con base en los recursos disponibles en cada caso, y trabajando a marchas forzadas para adaptarse a esta modalidad educativa de la educación en línea, mediante la contratación de plataformas, la implementación de las aulas para el incierto momento del regreso a clases presenciales y la preparación de los docentes, quienes, de su propio bolsillo y a costa de su tiempo, han buscado la manera de llegar a los alumnos -aunque los resultados aún están por verse-, sin embargo, el esfuerzo está ahí, entre otras cosas, para no perder la matrícula, pero también para no descuidar a los alumnos y que estos avancen en su formación académica y, por supuesto, para no perder sus trabajos.
Corresponden al gobierno estas y otras acciones, le corresponde hacer la suma y el acopio de los recursos disponibles que, a pesar de la crisis económica, son abundantes, siempre y cuando se deje de sueños peregrinos y quiméricos para desviarlos hacia las monumentales obras que se volverán negativamente icónicas para el futuro, le corresponde generar las herramientas para potenciar el llamado bono generacional, es decir, que, en México, la mayoría de la población está compuesta por jóvenes en edad de estudiar y en edad de trabajar, y no dejarlos a la deriva, sobre todo las poblaciones marginadas, distanciadas o carentes de recursos. No se trata de populismo, se trata de cumplir cabalmente con lo estipulado en el Artículo 3º Constitucional y la ley derivada del mismo.
