Uno de los elementos más valiosos de la reforma educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto (2013-2018) fue tratar de contrarrestar la tutela burocrático-sindical que enfrentan los maestros. Que los líderes sindicales no controlaran la carrera magisterial era una condición necesaria para, en verdad, revalorizar al magisterio y mejorar la educación pública del país.
Este propósito se diluyó entre los errores de la misma reforma. Bajo una noción del maestro acotada, un calendario de evaluaciones apresurado, y un desequilibrio entre los derechos laborales del profesor y los de la niñez, se aprobó la “mal llamada reforma educativa”. Al magisterio “no se le tomó en cuenta”, decían los opositores. Era verdad: el debate parlamentario fue suplido por la “aplanadora priista” y el “gobierno por discusión” (Mill) fue visto como una excentricidad de nuestra incipiente democracia. Hasta se canceló una consulta sobre evaluación docente que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) propuso.
Como ocurre en regímenes con competencia partidista, los errores son capitalizados por el opositor. Andrés Manuel López Obrador entendió bien el sentir del magisterio, impulsó la narrativa romántica y sin importarle el efecto de hacerle el juego a la “mafia del poder” sindical, propuso “echar abajo” la reforma educativa. Así lo intentó aunque no lo logró del todo gracias a la oposición. Lo que sí mantuvo fue el discurso benigno pero sin respaldo concreto. De 2018 a 2020, se redujo en 82 por ciento los recursos federales del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Mancera et al.) y se calcula, según Rogelio Alonso, que 8,000 profesores adscritos al Programa Nacional de Inglés (Pronin) trabajan sin tener acceso a “derechos laborales fundamentales”. Ya ni hablar de la autonomía a las escuelas normales o de la transparencia y equidad en la asignación de plazas docentes. Hasta circula en Change.org una petición para que la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM), adscrita a la Secretaría de Educación Pública, deje de cobrar un curso como requisito “obligatorio” para concursar por una plaza. O sea, ahora hay que pagar para ser evaluado.
¿Han sido capitalizados todos estos errores para criticar al gobierno y así mejorar las políticas educativas? Aún no. La narrativa romántica de la 4T hacia el magisterio parece tener efecto placebo. Pese a limitar apoyos reales, algunos maestros -y valedores que los acompañan- siguen callados y conformes.
En donde sí ya hay una abierta confrontación es en el terreno universitario y científico. Igual que el gobierno de Peña Nieto, el de AMLO, generalizó. Como algunas universidades salieron en la Estafa Maestra, pues todas son corruptas. Por tanto, deben someterse a lo que él indique. Igual que en el pasado, cuando al maestro lo “infantilizaron” y lo dejaron sin voz, como bien comentó Manuel Gil Antón, ahora la 4T hizo a un lado al profesor universitario durante la elaboración del anteproyecto de iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación. Al saber que está perdiendo respaldo del sector científico y universitario, ¿se avecinan una mayor inquina gubernamental y la aplanadora morenista? Es el trato parcial de un gobierno injusto.
