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¿Qué relación existe entre el derecho a la educación y el candidato a gobernador de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, investigado por violación y abuso sexual contra mujeres? ¿Y por qué no podemos pasar por alto este binomio?
El derecho a la educación es una atribución universal e irrenunciable que corresponde a todas las personas por el solo hecho de existir. Además, es un derecho humano clave o habilitante porque su ejercicio es condición necesaria para que otros derechos también puedan ejercerse.
De acuerdo con el Censo 2020 del INEGI, en Guerrero hay 3 millones 540 mil 685 personas. Dentro de ellas, 1 millón 361 mil 501 son niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 0 a 19 años, que conforman el grupo poblacional a quien el Estado está obligado a garantizarle el derecho a la educación.
¿Y quién es responsable de cumplir con esta obligación?
En Guerrero, de acuerdo con el artículo 91 de la Constitución Política del Estado, el responsable de garantizar el derecho a la educación recae en quien ocupa el cargo de gobernador o gobernadora y tiene entre otras obligaciones “cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes federales, los tratados internacionales, esta Constitución y las leyes que de ellas emanen” y por lo tanto debe garantizar el derecho a la educación y velar por el interés superior de la niñas, niños adolescentes y jóvenes de la entidad.
Uno de los tratados internacionales que el futuro o la futura gobernadora debe cumplir es la Convención sobre los Derechos de las Niñas y los Niños, suscrita por México, que en el artículo 19 señala: “Los Estados Parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño (o a la niña) contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño (o la niña) se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”.
De llegar a gobernar una persona investigada por violación y abuso sexual ¿garantizaría los derechos de las 676 mil 153 niñas, adolescentes y jóvenes menores de 19 años que viven en la entidad?
De acuerdo con la constitución de Guerrero una atribución que tiene el gobernador o gobernadora es “elevar y garantizar la cobertura y calidad de la educación pública, así como la enseñanza bilingüe e intercultural en las zonas predominantemente indígenas”.
En el presente ciclo escolar la Secretaría de Educación Pública Federal distribuyó los nuevos libros de Formación Cívica y Ética para primaria. En el libro de 5to de grado las y los niños aprenden sobre el significado de la integridad moral:
“Cuando existe armonía entre lo que pensamos decimos y hacemos y es en favor del bienestar propio o de los demás, decimos que tenemos integridad moral. Las situaciones que influyen negativamente en nuestras emociones y que podrían llevarnos a actuar en contra de nosotros mismos o de los demás afectan nuestra integridad moral”.
“Estar protegido contra todo tipo de maltrato es el derecho de todas las niñas y los niños, por ello empezaremos por conocer cuándo no es respetado ese derecho y quiénes pueden brindar apoyo y protección en caso de que tú o alguien que conozcas lo necesite”.
En el mismo libro, la SEP reconoce que el acoso escolar afecta a 7 de cada 10 estudiantes en México -lo que equivale a 9 millones 703 mil 624 estudiantes de primaria- y señala que sólo el 15 por ciento lo confiesa a sus familiares.
El dato alarma, sin duda, y por ello nuestra pregunta toma aún mayor relevancia: ¿con qué calidad o integridad moral, podría una persona investigada por el delito de violación y abuso sexual, impulsar una política o desarrollar un programa que prevengan el acoso escolar y la violencia en contra de 406 mil 206 niñas y adolescentes que estudian en las primarias y secundarias de Guerrero?
En materia educativa otra de las facultades que tiene el titular del Ejecutivo de Guerrero es expedir títulos y grados profesionales. ¿Generaría orgullo en las y los estudiantes egresados de las instituciones de educación superior el tener en sus manos un título profesional firmado por una persona investigada por los delitos de violación y abuso sexual?
De acuerdo con el artículo 87 de la Constitución del Estado de Guerrero todas las personas nombradas por el gobernador o la gobernadora de la entidad “para el despacho de los asuntos que le competen al Poder Ejecutivo” deberán observar los principios de “idoneidad, experiencia, honorabilidad, especialización, profesionalismo, equidad de género e igualdad de oportunidades”.
¿Cómo podría una persona investigada por los delitos de abuso sexual y violación pedir a su equipo de trabajo honorabilidad y profesionalismo, así como impulsar la equidad de género y la igualdad de oportunidades? La educación empieza con el ejemplo.
La Ley Estatal de Educación señala en su artículo 10 que en la prestación de los servicios educativos la autoridad educativa impulsará “el desarrollo humano para combatir las causas de discriminación, desigualdad y violencia en las diferentes regiones del Estado, especialmente la que se ejerce contra las niñas y las mujeres; fomentando el respeto de los derechos de niñas, niños y la dignidad de la persona humana; impulsando la perspectiva de género, la diversidad cultural como imperativo ético y el aprendizaje colaborativo”.
Es necesario preguntarnos ¿Y una persona investigada por violación y abuso sexual puede ser modelo a seguir para impulsar el desarrollo humano y combatir la discriminación, desigualdad y violencia en contra de las mujeres?
Quien es investigado por violación y abuso sexual ¿Impulsaría una educación libre de estereotipos y eliminaría cualquier tipo de violencia, en especial hacia la mujer, “que permita la erradicación de la violencia de género” como lo establece el artículo 12 de la Ley de Educación?
O como lo expresa el artículo 14 ¿podría mejorar el sistema educativo de la entidad y promover el respeto irrestricto de la dignidad humana a partir de una formación humanista que contribuya a la mejor convivencia social?
¿Con qué elementos promovería en su gestión el enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva de las personas? ¿Cómo fomentaría la honestidad, el civismo y los valores necesarios para transformar la vida pública del Estado, como también se señala en el artículo 14? ¿Cómo podría impulsar la cultura de la legalidad que tanto requiere nuestro país para fortalecer su Estado de Derecho?
¿Importa? Sí importa y mucho. Importa quién dirige un país, una entidad, una dependencia. Importa porque toman decisiones sobre la vida de millones de ciudadanos y ciudadanas, sobre la vida de millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que representan el presente y futuro de México.
La probidad, la honestidad, la ética, el ejemplo de una vida digna enmarcada por el respeto a los derechos humanos de todas y todos importan. Importa, y mucho, pensar en el derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Guerrero cuando un candidato a dirigir el gobierno del Estado es investigado por delitos de violación y abuso sexual.
Sí, importan los modelos sociales porque el gobernador o la gobernadora debe ser un ejemplo para quienes participan en y de la educación, lo debe ser para quienes están fuera de las aulas con falta de oportunidades educativas y lo debe ser para cada una y cada uno de los guerrerenses.
La entidad enfrenta históricamente rezagos educativos que siguen calando hondo, ampliamente documentados. A esta realidad se sumará la posible llegada de una autoridad que agrediría con su ejemplo. Esa no es la persona que se merece la niñez y la juventud de Guerrero.
MUxED. La Red de Mujeres Unidas por la Educación (MUxED) está integrada por 150 investigadoras, especialistas y profesionales de la educación. Tw: @muxed_mx
