Las tres crisis que enfrentamos (sanitaria, educativa y económica) están íntimamente ligadas. Ésta puede ser una conclusión al leer los resultados de la Encuesta para la Medición del Impacto Covid 19 en la Educación, (Ecovid-Ed 2020), que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el pasado martes 23.
La encuesta tuvo como propósitos conocer bajo qué condiciones los estudiantes concluyeron el ciclo escolar pasado (2019-2020), con qué medios cuentan en éste (2020-2021) y qué apoyos tuvieron al trasladar la escuela a la casa a partir del confinamiento por la pandemia. Tristemente, un poco más de 738 mil estudiantes no concluyeron el ciclo escolar pasado y de éstos, 435 mil (59%) declararon un motivo relacionado con Covid. Según Inegi, 29 por ciento de éstos perdió contacto con sus maestros o no pudo hacer la tareas. ¿Quién asumirá la responsabilidad de esto? ¿Debe el Estado asumir la acreditación de todos los excluidos del Sistema Educativo Nacional?
En tiempos en donde los gobiernos con entusiasmo declaran la obligatoriedad para cursar la escuela o la universidad, ahora sabemos —gracias al Inegi—, que 5.2 millones de personas de 3 a 29 años no se inscribieron al actual ciclo escolar por razones atribuidas al Covid y a la falta de recursos (2.3 y 2.9 millones, respectivamente). Si a esto le agregamos los 3.6 millones que no se registraron por “tener que trabajar”, pues en México tenemos un nivel de exclusión escolar del tamaño de Austria (8.8 millones).
¿Cómo utilizará el pueblo “bueno y sabio” esta información para exigirle al gobierno mexicano que cumpla con el “principio” de “no dejar a nadie atrás” ni a “nadie afuera”, como estableció su Programa Sectorial de Educación 2020-2024? ¿Ya está en marcha algún plan para enfrentar de manera efectiva el desequilibrio causado por la exclusión?
Eso esperamos. La Secretaría de Educación Pública podría revisar los datos que con rigor técnico recabó el Inegi en 5,472 viviendas y que son representativos para la población de 3 a 29 años (54.3 millones). Pero más allá del número o de las proporciones está el razonamiento humano. Del total de los 2.3 millones que no se inscribieron al ciclo escolar por Covid, 615 mil personas (26%) reconocieron que las clases eran “poco funcionales” para el aprendizaje. ¿O sea que uno puede elegir salirse del sistema educativo al no verle utilidad bajo ciertas condiciones? Si ya había evidencia —gracias a la investigación educativa— de que la vida escolar podía aburrir por ser poco pertinente para los sujetos, imagínense estar todo el tiempo en casa y sentados frente a una pantalla. La mala pedagogía también genera exclusión y para esto no sirve ni el dinero repartido en becas ni el otorgado a las empresas de medios.
Ante la nueva crisis educativa, centrémonos en las necesidades reales de las personas. Una vez dotando a todos de las condiciones y recursos necesarios, reconozcamos que el aprendizaje –no el certificado ni el puntaje– está en el centro de la preocupación social. De ahí que las madres hayan apoyado en gran medida el trabajo escolar de sus hijos en casa y también haya “mucha disponibilidad” en más de la mitad de la población por asistir a clases presenciales cuando el gobierno lo determine. Vaya reto social.
Investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro (FCPyS).
