Estado de Derecho
El Proyecto de Justicia Mundial (WJP, por sus siglas en inglés), fundado en 2006, es una organización internacional sin fines de lucro, independiente y multidisciplinaria, cuyo propósito es generar información sobre el estado de derecho (ED) de los países, con el objetivo de crear conciencia y fomentar acciones para mejorarla. De acuerdo con esta organización, en un ED hay menos corrupción, pobreza e injusticias; lo que permite mejorar la salud pública, la economía, la participación ciudadana y el desarrollo humano.
La WJP parte de cuatro principios:
1) El gobierno y sus funcionarios son responsables ante la ley.
2) Las leyes son claras, públicas, estables y justas, y protegen los derechos fundamentales, incluyendo la seguridad de las personas y sus propiedades.
3) El proceso mediante el cual se promulgan, administran y hacen cumplir las leyes es accesible, eficiente y justo.
4) La justicia se imparte por representantes de la comunidad neutrales, competentes, éticos e independientes que son suficiente en número y que cuentan con los recursos suficientes.
El estado de derecho de los países se mide con un índice (IED) compuesto de ocho dimensiones:
1) Límites al poder gubernamental
2) Ausencia de corrupción
3) Gobierno abierto
4) Derechos fundamentales
5) Orden y seguridad
6) Cumplimiento regulatorio
7) Justicia civil
8) Justicia penal, que se desagregan en 42 subfactores
Desde 2018, la WJP publica el IED de México y de sus 32 entidades federativas. En el informe 2020-2021, se recabó la opinión de 25 mil personas y 2 mil 300 especialistas en justicia civil y penal y en salud pública.
Además, se aplicaron diversas encuestas y se analizaron base de datos de instituciones reconocidas del país (ej., INEGI).
El IED global de México fue de 0.44 (en una escala de 0 a 1), que ubica al país en el lugar 104, de 128 países (retroceso de tres posiciones respecto al año anterior); Dinamarca, Noruega y Finlandia con las puntuaciones más altas, y Venezuela, Camboya y la República Democrática del Congo con las más bajas a nivel regional, México ocupa el lugar 26, de 30 naciones; Uruguay, Costa Rica y Chile con las mejores posiciones, y Honduras, Nicaragua, Bolivia y Venezuela con los índices más bajos.
De manera resumida, los hallazgos más importantes del informe de la WJP muestran que:
1. El país no ha avanzado en materia de ED en los últimos años; particularmente, la seguridad pública se ha deteriorado. Los indicadores con mayores retrocesos se relacionan con la eficacia del sistema de procuración e impartición de justicia, así como los relacionados con el debido proceso de quienes son acusados por algún delito.
2. La medida sanitaria de confinamiento trastocó severamente el ya débil funcionamiento de las instituciones y programas de gobierno. Gran parte de los órganos jurisdiccionales del país suspendieron sus actividades, por lo que el sistema dejó de funcionar temporalmente. A esta condición se aunó un modelo ineficaz de Justicia Abierta y Digital que no pudo enfrentar los retos en materia de investigación penal. Por ello, “…el indicador peor evaluado fue el que mide la efectividad en las investigaciones de la policía y del ministerio público. La cifra negra, que captura los delitos que no se denuncian o para los cuales no se inició una carpeta de investigación alcanzó 92.4% a nivel nacional.”
3. La inseguridad representó otro de los grandes problemas de México, que se evidencia por “…las altas tasas de homicidio, la alta percepción de inseguridad y la caída en los puntajes de ausencia de corrupción en la policía y en las fuerzas de seguridad.”
4. Las acciones del gobierno federal también debilitaron la libertad de prensa y redujeron de manera significativa los espacios para que las organizaciones de la sociedad civil se manifestaran (lo que había iniciado antes de la pandemia). A pesar de esta condición de vulnerabilidad, en el informe se destaca que “…la sociedad civil y la prensa representaron los mayores contrapesos del poder ejecutivo; por arriba de los poderes legislativo y judicial, de los organismos de fiscalización y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).”
Finalmente, un ejemplo del pobre nivel que vive el país en materia de estado de derecho lo representa el reciente atentado contra la Constitución, promovido por la Cámara de Diputados, que propone extender por dos años el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia; dependerá de sus miembros que ello no ocurra. De lo contrario, el estado de derecho mexicano sufrirá un descalabro más.
