Miguel Casillas
De manera sorpresiva, en quizá la última sesión que le toca presidir después de ocho largos años, la rectora de la Universidad convoca a sesión del Consejo Universitario General para el 18 de mayo y discutir entre otros asuntos, un fantasmagórico punto 7 de la orden del día para la “Armonización de la propuesta de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana con la Ley General de Educación Superior”. A los consejeros, en plena pandemia y a finales de cursos semestrales, les envían para su lectura varios documentos entre ellos la nueva Ley de Educación Superior; y de colada, un Anteproyecto de Ley Orgánica (dice al final Aprobado en sesión del Consejo Universitario General celebrada el 13 de mayo de 2019) que consigna un cambio mayor en la máxima Ley de la Universidad.
Es un madruguete. A espaldas de la comunidad quieren avalar en el Consejo Universitario nuevas adecuaciones al anteproyecto de Ley Orgánica, ya impugnado por algunos consejeros y miembros de la comunidad, documento que nadie conoce ni ha discutido. Se hace a unos días del final de una gestión que tuvo ocho años para procesar un acuerdo sólido que derivara de una amplia deliberación universitaria.
Una vez más, la rectora quiere imponer una dinámica de cambios en la Ley Orgánica exponiendo irresponsablemente a la Universidad, dejándola sujeta a todas las modificaciones que pudieran imaginar los diputados del Estado al momento de construir una nueva legislación para la UV, en un contexto por lo demás incierto sobre la composición e integración del Congreso. Sin una comunidad convencida y cohesionada en torno a un proyecto de nueva Ley es un mal cálculo político abrir este frente y un dardo envenenado que se le deja a la próxima gestión que habría de lidiar con un potencial conflicto político.
Buena o mala, la propuesta de la rectora se justifica con un axioma falso, el que supone que la Ley Orgánica tiene que armonizarse con la nueva Ley de Educación Superior. Se convoca al Consejo para discutir algo que no está demostrado que hay que hacer, para sacar de la chistera de nueva cuenta el Anteproyecto de Ley que nada tiene que ver (o al menos no lo demuestra en su justificación ni en su contenido) con la nueva Ley de Educación Superior.
De manera reiterativa se repiten conductas autoritarias que ya se suponían rebasadas en la discusión universitaria. La primera consiste en presentar una propuesta que representa un nuevo diseño institucional sin tener como base un diagnóstico ni un análisis de los problemas e insuficiencias de la actual Ley Orgánica. La segunda, es que se quiere imponer a toda la Universidad una visión que nadie ha discutido, como si la opinión y la valoración de los estudiantes, profesores y trabajadores de la Institución no importara, como si fuera posible desconocer su inteligencia. Ambas conductas confrontan lo más valioso del espíritu universitario que es la reflexión crítica y libre que produce el conocimiento fundado de las cosas.
Si no responde a un diagnóstico ni a una propuesta fundada, el anteproyecto de Ley Orgánica es pura ideología. Los grandes trazos de su diseño no perfilan una institución más democrática en su gobierno, ni más moderna en su diseño, no sostiene una postura de avanzada ni representa una posibilidad de fortalecimiento de sus capacidades académicas. Sigue siendo un mamotreto enorme y complicado, cuando debería ser una Ley general que delegara más las particularidades al ámbito del Estatuto y otras legislaciones que puede actualizar la Universidad sin intervención del Congreso del Estado.
Más que pensar en el futuro este anteproyecto de Ley consagra lo existente tanto en el gobierno como en la administración universitaria. Hay una perspectiva retrógrada frente a la evidente necesidad de ampliar los causes para la participación universitaria en la gestión, para avanzar en la descentralización y el fortalecimiento de las regiones, para democratizar la vida institucional. Se amplían los requisitos para ser rector y se expanden sus capacidades de gobierno unipersonal; de modo paradójico insisten en quitar la Contraloría del ámbito de la Junta para subordinarla a la autoridad central. El anteproyecto consagra un aparato burocrático muy grande. Copiando modelos universitarios profundamente autoritarios proponen un tribunal universitario. Como sus redactores piensan desde el centralismo no advierten la necesidad de considerar a Xalapa como una región específica con un gobierno propio como las otras. En fin, un rápido vistazo nos deja estupefactos ante su insuficiencia y desatino.
Para ajustarse a la nueva Ley General de Educación Superior el Consejo debería ser convocado para discutir sobre la gratuidad de los servicios, sobre la ampliación de la matrícula, la coordinación con el sistema de planeación estatal, sobre la perspectiva de género y el impulso al proyecto intercultural de la Universidad. Nada se menciona sobre la gratuidad, sobre la violencia de género y muy superficialmente sobre la interculturalidad en el anteproyecto. En el propio documento deberían desaparecer la mención a las cuotas que aparece en el párrafo 7 del artículo 6.
El Consejo Universitario General no puede ser utilizado como comparsa de las pretensiones de la rectoría que se extingue; debe preservar y salvaguardar su condición de órgano colegiado y ampliar su legitimidad con consultas a la comunidad y deliberaciones públicas sobre el futuro de la Universidad y el tipo de leyes que necesitamos. Es una imprudencia abrir ahora la discusión sobre la Ley Orgánica y el Consejo debería posponer cualquier resolución al respecto
