Causa desazón y siempre será reprobable el uso de fuerza pública para tomar instalaciones universitarias, como acaba de ocurrir en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) en la mañana del 29 de agosto. Se trató, al parecer, del cumplimiento de una orden de embargo autorizada por el poder judicial del estado para asegurar los bienes, muebles e inmuebles, de las instalaciones.
Las imágenes de la intervención comenzaron a circular, en redes sociales y en medios informativos, al mismo tiempo que esta ocurría. Se observa la presencia de efectivos de la policía estatal, algunos equipados con armas largas, así como patrullas, camionetas y grúas. Se observa también el ingreso de un contingente para acompañar a los actuarios y abogados que comunicarían a las autoridades la orden judicial para dar posesión de los activos a un nuevo grupo propietario. Finalmente, las imágenes dan cuenta de la apresurada salida de estudiantes y académicos de las instalaciones. ¿Era necesario tal despliegue de fuerza pública para cumplir con una orden judicial de esa naturaleza?
El día anterior, el juez segundo civil del distrito judicial de Cholula, José Cuauhtémoc Blázquez Guevara, solicitó al secretario de Seguridad Pública del estado, Rogelio López Maya, girar instrucciones “para el uso de la fuerza pública, así como el rompimiento de cerraduras (…) a fin de desahogar la medida cautelar aquí ordenada”. Dicha medida consistía en “poner en posesión al Patronato de la Fundación de las América Puebla y/o Fundación Universidad de las Américas Puebla, institución de Beneficencia Privada, por conducto del C. Horacio Magaña Martínez, en su carácter de Presidente de dicha fundación de la denominada Universidad de las Américas Puebla.”
Con este acto se procede al reemplazo de la anterior fundación y patronato de la institución, en manos de la familia Jenkins Landa, y su entrega a un nuevo grupo, al parecer encabezado por Guillermo Jenkins quien, desde hace años, ha litigado en contra de sus familiares por uso indebido de la herencia del filántropo William O. Jenkins, quien legó su fortuna a la fundación Mary Street Jenkins con la condición de que la misma fuera aplicada, exclusivamente, a obras de beneficencia social, educativa y cultural en Puebla.
William O. Jenkins murió en 1963. El legado depositado en la fundación a nombre de su hija fue administrado por Manuel Espinosa Yglesias, director de Bancomer hasta 1982. Durante su gestión al frente de la fundación, con apoyo de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) estadounidense, se estableció el campus Cholula, sede de la actual Universidad de las Américas Puebla. Al fallecer Manuel Espinosa, en el año 2000, la administración de la fundación fue encomendada a Ángeles Espinosa Yglesias Rugarcía quien terminaría por ceder a la familia Jenkins Landa en 2007 la dirección de la fundación y consecuentemente del patronato.
A partir de ese momento, se inician una serie de movimientos financieros de la fundación para el traspaso de sus recursos a otras figuras morales, domiciliadas en otros estados e incluso fuera del país. Estos movimientos fueron denunciados y querellados por Guillermo Jenkins de Landa, también integrante de la familia aunque inconforme evidentemente con las decisiones del resto del grupo. La disputa sigue en proceso, pero sin duda la intervención sobre el espacio universitario del martes pasado indica quién cuenta con el respaldo de las autoridades del estado y para quienes la situación es adversa.
Previendo un escenario como el que ocurrió, la fundación Mary Street Jenkins tramitó un amparo y obtuvo, según sus representantes, la suspensión provisional de actos en su contra por los motivos del litigio. Además, según aclaró el rector Luis Ernesto Derbez Bautista en conferencia de prensa la misma tarde de los eventos, se cuenta también con un amparo que asegura la inamovilidad de Margarita Jenkins De Landa al frente del patronato institucional.
Faltan episodios decisivos para el desenlace de esta historia, que se conocerán en las próximas semanas. No obstante, los hechos ocurridos dejan preguntas que deben ser resueltas de inmediato: ¿es válido y legítimo irrumpir con fuerza policiaca armada un recinto universitario para solventar un pleito de esta naturaleza?, ¿importa a las autoridades del gobierno local, en este escenario, la seguridad de los estudiantes y de los profesores?, ¿importa a las autoridades del gobierno local la imagen de represión que se proyecta?, ¿importa el prestigio de una de las universidades privadas de mayor calidad académica en el país?
El año pasado se celebró el 75 aniversario de la UDLAP, contados desde la instalación en la capital de la República del Mexico City College en 1940. La trayectoria de la institución ha sido positiva y notable. Fue, junto con el Tecnológico de Monterrey, la primera en contar con académicos reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores y ha sido una institución de vanguardia en la promoción de carreras, posgrados y líneas de investigación en humanidades, ciencias sociales y ciencias exactas. Es una verdadera lástima que esté atravesando por un conflicto como el actual. Seguramente saldrá adelante.
En tanto, esperemos que las autoridades federales del sector educativo, así como las asociaciones en las que participa la universidad (ANUIES y FIMPES) expresen su punto de vista. De lo que se trata es de defender los derechos de estudiantes y académicos, por el momento atrapados en un conflicto ajeno a sus intereses.
