Hace una semana la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) publicó el documento “Construir el futuro de la educación en México. Hacia una agenda de política educativa nacional”. Coincido con el profesor Sergio Martínez Dunstan que su consulta es “obligada” porque “plantea una postura oficial”.
Al leer el documento de 28 páginas me surgieron varias impresiones que aquí comparto. Primero, celebro que la Mejoredu asuma una perspectiva “integral” de política pública y que vaya más allá de valorar, reconocer y hablar solamente del docente. Segundo, que se sitúe la reflexión del documento a partir de la contingencia sanitaria y se reconozcan tanto las dificultades que enfrentó nuestro Sistema Educativo Nacional (SEN), como las respuestas “innovadoras” que surgieron de los diversos agentes escolares. La resiliencia del SEN será un componente de su calidad que en el futuro tendremos que valorar.
Pero, ¿surgió esta resiliencia gracias o a pesar de la actuación del gobierno en turno? ¿Pudimos sobrepasar los retos educativos que planteó la emergencia sanitaria a partir de las libertades y apoyos creados por la actual administración o a pesar de ésta, supimos lidiar con la nueva problemática escolar? La capacidad de gobierno es algo de lo que no se habla en este documento de policy. Lo que se presenta, mas bien, es un decálogo de acciones que en su mayoría han sido mencionadas en documentos oficiales, de investigación y reportes de organismos internacionales desde hace varios años. Incluso, desde antes de esta pandemia, en marzo de 2018, el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, junto con la SEP, Unicef, OEI y el gobierno de Puebla organizó una mesa sobre “Aprender de los desastres: Educación en situaciones de emergencia”.
Dudo que algún actor político dispute alguno de los diez puntos enlistados por la Mejoredu: realizar diagnósticos; hacer protocolos; fomentar la gobernanza; promover la inclusión y la equidad; mejorar el financiamiento; articular la salud, la educación y el bienestar; emprender un cambio curricular; replantear la formación docente; trabajar por una formación integral; y otorgar autonomía a las comunidades escolares. Lo que mas bien hubiera sido relevante saber es cómo se ha avanzado en estos temas del decálogo relacionándolos con el Programa Sectorial de Educación 2018-2024. Un “corte de caja” a tres años del autodenominado gobierno de la Cuarta Transformación hubiera enriquecido más el debate público que una lista de buenos deseos.
¿Qué nuevos datos y evidencia posee la Mejoredu para proponer lo mismo que hace 5, 10 ó 15 años? ¿La concentración de poder en manos del presidente no sirvió para construir las bases del desarrollo educativo futuro? Esta es una lección del naciente corporativismo que analistas como Carlos Ornelas avizoran. ¿Cómo afectó la “austeridad republicana” el financiamiento a la educación? ¿Qué resultados en términos de inclusión y equidad arrojó la creación de programas educativos sin reglas de operación y bajo la idea de la escolarización? ¿Cómo es posible una “nueva” gobernanza cuando la polarización es el medio preferido del presidente y sus seguidores? ¿Cómo emprender el cambio curricular y la formación integral cuando la 4T repite los errores del pasado? Si la Mejoredu quiere contribuir al cambio educativo, aún puede modificar su enfoque.
