Manuel Gil Antón
Durante el sexenio anterior, dos expresiones sintetizaron la resistencia a la Reforma Educativa: “Evaluación sí, pero no así” y “Reforma Educativa sí, pero no sin nosotros”. Ahora es necesario expresar a las autoridades actuales, con la misma fuerza, una demanda semejante: “Regreso a las actividades presenciales sí, pero solo si…”
No viene al caso repetir todas las ventajas que trae consigo el regreso a los planteles. Son conocidas y compartidas. El problema que enfrenta el país no se ubica en el terreno de lo deseable, sino de lo factible. Por ello, el condicional de la demanda es crucial.
Tampoco es preciso enlistar las condiciones que han de estar presentes en las escuelas con el fin de minimizar, al máximo, las posibilidades de contagios. Las sabemos.
A su vez, las modalidades adecuadas en cada caso, dada la diversidad del país tanto en el nivel de la pandemia como en cuestiones que refieren a condiciones geográficas y de contexto social, solo pueden decidirse a nivel local con la participación del magisterio, las familias y el alumnado y, sin duda, con la asesoría especializada de los responsables del cuidado de la salud y los procesos pedagógicos pues no pueden ser los mismos que se llevaban a cabo antes del inicio del cese de las actividades presenciales.
Aunada a la diversidad de condiciones de contorno geográfico que harán variables las estrategias posibles —las actividades en espacios abiertos en Mexicali (este viernes con una máxima de 38 grados) son disímiles a las de Puebla (a lo más 23)—, se agregan las relativas a la infraestructura de los planteles: condiciones de ventilación de las aulas a guisa de ejemplo.
Pero una cuestión es la variabilidad de modos del inicio del retorno cuando sea realizable, y otra la situación de miles de escuelas públicas en las que, por la desigualdad social, es imposible por, digamos, ausencia de agua, baños o espacios para conservar una distancia adecuada.
El sistema escolar tenía graves fallas antes del inicio de este gobierno que se agravaron por no acompañar el cierre de actividades con vigilancia y mantenimiento preventivo de las instalaciones. Esa factura no es previa. ¿Cuál es el plan específico de las autoridades para resolver estos escollos insalvables para el retorno? ¿Existe un censo, a estas alturas esencial, en torno a las condiciones de las escuelas? ¿Se ha dispuesto de un presupuesto de emergencia para, en plazos breves, corregir estos problemas que afectan a la población más marginada? La convocatoria del presidente a que colaboren las familias y el cuerpo docente para arreglar las instalaciones, ¿incluye que se les transfiera el costo de las modificaciones o reparaciones? Si es así, ¿dónde queda la gratuidad constitucional de la educación en todos sus niveles?
Antes de la pandemia, sin las no por famosas menos inadecuadas “cuotas voluntarias”, el mantenimiento de millares de escuelas públicas era imposible, ¿generar condiciones de posibilidad para la actividad presencial dependerá de los recursos de la comunidad escolar?
Hay muchos más temas importantes, pero el espacio es tirano. El gobierno actual no puede eludir ni este ni otros que han esgrimido con claridad las y los profesores. No es coherente con sus afanes de justicia social semejante omisión. De acuerdo, nada por la fuerza; pero la fuerza de la ley es inescapable e indica que, de estos entuertos, ha de hacerse cargo quien es responsable del gobierno. Es obligatorio que lo asuma. Faltan solo 9 días. ¿Qué esperan?
Profesor del Centro de Estudios Sociológicos de
El Colegio de México
@ManuelGilAnton
