Todo arranque de una nueva administración genera expectativas de cambio. En Querétaro y Nuevo León no podría ser la excepción. Al renovarse el gobierno por la vía democrática, surgen nuevos bríos. En este contexto, advierto una inmejorable oportunidad para avanzar en términos educativos. Explico por qué.
En segundo lugar están las condiciones regionales, culturales y económicas de ambos estados. Pese a que al primer trimestre de 2021 tanto Querétaro como Nuevo León han registrado un crecimiento económico negativo —al igual que otros 22 estados— son entidades productivas (www.mexicocomovamos.mx). El funcionamiento de los sistemas educativos en zonas con un perfil industrial abre preguntas para la formación académica integral.
De acuerdo con datos de la Mejoredu, Querétaro y Nuevo León comparten varios retos. Por un lado, en ambos estados, hubo un crecimiento positivo del promedio anual de estudiantes de bachillerato de 2013 a 2018, pero por otro, éste no fue el caso para secundaria, siendo ésta obligatoria y “gratuita”. De hecho, las tasas de abandono permanecen casi constantes a lo largo del tiempo, aunque aquí la exclusión golpea más fuerte que en el norte (5.2 y 3.2, respectivamente).
La tercera razón por la que advierto una oportunidad para la política educativa es que ambas administraciones estatales inician “a mitad del camino” del Gobierno Federal, el cual, se ha autodenominado guía de la Cuarta Transformación. Hay entonces un factor real de contraste que tanto Soto como Morales pueden aprovechar. ¿Cómo? No repitiendo errores. Por ejemplo, la “revalorización” magisterial ni se ha concretado – más allá de la cándida narrativa oficial – y empieza a ser disfuncional para gobernar el sistema educativo. En estas páginas, también sostuve que la 4T adoptó “ideas que empobrecen” en el campo educativo y, por tanto, los resultados están a la vista (EL UNIVERSAL, 27/09/21). Pese a las buenas intenciones, las estrategias para “no dejar a nadie afuera ni atrás” están fallando.
Es momento entonces de hacer las cosas distintas. Para ello, quizás habría que actuar en tres planos: uno político, otro oficial y el último estratégico. Esto significaría establecer un balance entre el cumplimiento de las promesas de campaña que hicieron los ahora gobernadores y el contenido de los programas sectoriales respectivos. Paralelamente, elaborar un programa original y realista. Aunque estos documentos comúnmente quedan al margen de la operación diaria y política del sistema educativo, son un requisito para asignar presupuesto y rendir cuentas. Además, reflejan una capacidad imaginativa del gobierno. Y luego, identificar los márgenes de libertad para actuar en ellos con el propósito de impulsar el cambio educativo real y de largo plazo. Vencer al “imperio de las restricciones” (Limón-Rojas) es tarea central del poder político. La democracia —con su competencia partidista y pluralidad ideológica—, abre oportunidades para el desarrollo de la política educativa. Aprovechémoslas.
Investigador de la UAQ
