Sergio Martínez Dunstan
El pasado 21 de octubre se llevó a cabo el proceso electoral en las secciones 31, 2 y 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) no obstante la controversia que se generó en torno al Reglamento para la Elección de Directivas Seccionales. Se mantuvo sin cambios a pesar de la demanda de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) de corregir el artículo 8. La experiencia previa en un cargo de representación sindical se considera una violación a la libertad de los agremiados a ser votados. El requisito contraviene lo dispuesto en el artículo 358 de la Ley Federal del Trabajo relativo al derecho a la libre participación de los trabajadores al interior de la organización. La interpretación se justifica por la supletoriedad referida en el artículo 11 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Por lo tanto, se considera necesario modificar dicho reglamento debido a que afecta el derecho a ser elegibles para un puesto de representación sindical. La postura oficial aludida se planteó en el documento que lleva por título Propuesta sobre elecciones de Directivas Seccionales del SNTE.
El Comité Ejecutivo Nacional del otrora sindicato más poderoso de América Latina pisoteó la bandera de la democracia sindical enarbolada por el propio gobierno. Pusieron en práctica burdas maniobras al mas puro estilo priista de pretéritos tiempos que se creían rebasados. Para muestra basta un botón. Por ejemplo, la denuncia de Erick Juárez respecto a la intervención de más de 120 docentes de la Sección 54 de Sonora en las elecciones sindicales de Baja California con la autorización, oficial y por escrito, de la Secretaría de Educación y Cultura de esa misma entidad federativa.
El Secretario General, a través del Comunicado 37-2021, señaló que la organización gremial profundiza en su democratización. En dicho boletín informativo, se destaca la anuencia de las autoridades respectivas al mencionar la participación de observadores y verificadores del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, entre ellos su Presidente, así como representantes de la STyPS. La dependencia gubernamental se contradice. Autoriza el proceso electoral sobre la base de un reglamento que impugnó previamente. Algunos candidatos se autoproclaman vencedores como suele ocurrir en otro tipo de elecciones pero los resultados finales se conocerán el próximo domingo una vez que el Comité Nacional Electoral termine el escrutinio y el cómputo, se menciona también.
Es decir, existe la posibilidad que el CEN del SNTE siga haciendo de las suyas. Todavía le queda cuerda a este asunto. Sólo resta conocer si la STyPS avala o anula el proceso. En el hipotético caso que le dé el visto bueno bien haría contar con sólidos e irrefutables argumentos. De lo contrario, la duda prevalecerá. En consecuencia, estaría puesta la desconfianza en las elecciones por venir tanto de directivas seccionales y con mayor razón las que corresponda a la renovación del Comité Ejecutivo Nacional. Siendo así, la democratización del SNTE quedará tan sólo como una práctica discursiva sin sustento alguno como lo sería también la narrativa gubernamental. Se perdería la poca credibilidad que le resta al titular del poder ejecutivo.
A quienes les corresponde hacer valer la legalidad deben garantizar su aplicación más allá de los candidatos que resulten triunfadores y al margen de la corriente sindical a la que pertenezcan. Aparece en las elecciones la sospecha de contubernio entre el sindicato y el gobierno. Ya sea para sostener la narrativa de la democracia sindical si no es que ejercer el control sobre el grupo que está al frente del SNTE. La imparcialidad está en entredicho y la democracia en riesgo. Al parecer, resulta una falacia eso de que al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie. Ojalá hubiera señales claras del respeto al Estado de Derecho.
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