París, 10 de diciembre–Trescientos cincuenta millones de niños, niñas y jóvenes se educan actualmente en escuelas no estatales en todo el mundo, según las conclusiones de la UNESCO publicadas en el informe ¿Quién elige? ¿Quién pierde?, que presenta el análisis más completo realizado hasta la fecha sobre el papel y el impacto de los actores no estatales en el aprendizaje desde la primera infancia hasta la educación de adultos.
El Informe advierte del aumento de la desigualdad y la exclusión debido a la falta de una regulación eficaz de la educación privada, que corre el riesgo de crear una segregación contraria al Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, el compromiso de proporcionar una educación de calidad inclusiva y equitativa para todos y para todas. Muchos países carecen de reglamentación adecuada sobre la enseñanza privada o de la capacidad de hacerla cumplir, lo que socava la calidad y amplía la brecha educativa entre ricos y pobres.
El sitio web PEER que acompaña al Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (Informe GEM) recoge y compara la reglamentación de 211 sistemas de educación. Revela que solo el 41% de los 42 países analizados en América Latina y el Caribe prohíben explícitamente el lucro en las escuelas primarias y secundarias, lo que va en contra de la visión de 12 años de educación gratuita para todo el alumnado. Menos de la mitad de los países de la región tienen reglamentación sobre los procedimientos de admisión en las escuelas no estatales. Solo el 8% de los países tienen cuotas que mejoran el acceso a las escuelas de las y los estudiantes desfavorecidos mediante iniciativas.
Un nuevo análisis del Informe GEM también revela que los hogares de los países más pobres gastan una cantidad desproporcionada de sus ingresos en la educación de sus hijos. Los hogares representan el 39% del gasto en educación en los países de ingresos bajos y medios-bajos, frente al 16% en los países de ingresos altos. En Haití, el 81% del gasto en educación es cubierto por los hogares; más del 40% es cubierto por los hogares en El Salvador, Nicaragua, Honduras y la República Dominicana. Los hogares con hijos en escuelas privadas representan alrededor del 80% del gasto en Guatemala, el 70% en El Salvador y el 50% en Colombia. Sin embargo, en el momento de ser publicado el informe, alrededor de dos tercios de los países no imponía ningún límite al costo del cuidado de la niñez ni regulaban las cuotas en la educación primaria y secundaria.
Las clases particulares son uno de los mayores gastos educativos de los hogares, y están aumentando en muchos países y agravando la desigualdad. Sin embargo, solo ocho países (Bahamas, Brasil, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Colombia, Cuba, Haití y Venezuela) tienen reglamentación sobre la enseñanza privada complementaria. El Informe advierte que estas prácticas pueden excluir económicamente a las personas más pobres. Mientras que los hogares del 20% más pobre no gastan prácticamente nada en educación en Argentina y Costa Rica, el 20% más rico gasta entre el 0,5% y el 1,7% del PIB.
El Informe insta a los gobiernos a que presten más atención a su compromiso de brindar 12 años de educación gratuita para todos y para todas a través de proveedores estatales y no estatales, lo que incluye afrontar la realidad de que la educación pública en los países de ingresos bajos y medios-bajos tiene muchos costos ocultos. Un análisis de 15 de estos países, incluyendo cuatro en América Latina, muestra que casi dos quintas partes del gasto en educación de los hogares de destinan a uniformes y materiales escolares.
“Nuestro informe advierte que el 8% de las familias de los países de ingresos bajos y medios tienen que pedir dinero prestado para pagar la escolarización de sus hijos e hijas, cifra que se eleva al 15% en Honduras y Guatemala y al 30% en Haití. El impacto de la COVID-19 ha puesto aún más presión en los presupuestos familiares, haciendo que las cuotas escolares y otros gastos sean inasequibles para muchos. Se necesitan urgentemente mecanismos de financiación equitativos. Las personas pobres no deberían ser penalizados porque otros puedan pagar más por su educación”, declaró Manos Antoninis, Director del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo.
“Los gobiernos deben establecer estándares mínimos en las escuelas estatales y no estatales para garantizar que el alumnado más desfavorecido tenga las mismas oportunidades de beneficiarse de una educación de calidad”, afirma Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO. “Se necesitan urgentemente mecanismos de financiación equitativos. Los que viven en contextos más desfavorecidos no deben ser penalizados”, subraya.
El informe insta a los países a que comparen la reglamentación que tienen en vigor con otras que figuran en el sitio web PEER y presenta recomendaciones para que la equidad se coloque en el centro de sus acciones, en consonancia con el ODS 4:
- Hacer que la educación sea realmente gratuita eliminando las cuotas de los usuarios y los costos ocultos. Todos los gobiernos se han comprometido a que todos los niños, niñas y jóvenes tengan acceso gratuito y financiado con fondos públicos a un año de educación preescolar y a 12 años de educación primaria y secundaria. Sin embargo, a nivel mundial, uno de cada tres países dedica a la educación menos del 4% del producto interior bruto y menos del 15% de su gasto público total, que son los parámetros mínimos acordados internacionalmente.
- Establecer normas de calidad que se apliquen a todos los centros educativos estatales y no estatales, ya que los sistemas paralelos con diferentes expectativas, materiales y condiciones de trabajo tienen un efecto negativo en la construcción de un sistema educativo coherente para todos los educandos
- Reforzar la capacidad del gobierno para el realizar el seguimiento de, y hacer cumplir, la reglamentación. En la práctica, muchas normas están mal diseñadas o se aplican de manera insuficiente, lo que deja la puerta abierta a la mala conducta. Los gobiernos deben establecer una relación de confianza con los proveedores no estatales, animándolos a registrarse, eliminando la arbitrariedad de las normas y comunicándoles incentivos adecuados para que dirijan sus escuelas de forma eficaz en beneficio de los educandos.
- Fomentar la innovación para el bien común y reunir a todos los actores que la desarrollan. Los gobiernos deben trabajar en colaboración con todos los actores para aprender, recopilar y evaluar las buenas prácticas, proporcionar recursos que permitan a los profesionales intercambiar experiencias, y pilotar y ampliar las buenas ideas.
- Proteger la educación de estrechos intereses privados. El mantener la transparencia y la integridad del proceso de las políticas públicas de educación contribuye a proteger al alumnado más desfavorecido. Los gobiernos deben llevar a cabo consultas abiertas e inclusivas y comunicar las donaciones a los partidos políticos y las reuniones con altos funcionarios de gobierno. Deberían aplicarse normas contra las prácticas de “puertas giratorias”.
