Miguel Casillas
Justicia social y equidad son vocablos que se utilizan cotidianamente en la educación, pero son recursos retóricos que terminan en demagogia cuando no se asocian con acciones prácticas y concretas. Así está sucediendo en la educación superior, con mayor fuerza durante esta larga pandemia y sin visos de solución en el corto plazo.
En la educación superior está ocurriendo un fuerte proceso de segmentación social que pone en entredicho el sentido de la universidad pública y del derecho a la educación: por falta de recursos tecnológicos y por falta de dinero para pagar una conexión a Internet, miles de estudiantes de la educación superior han abandonado los estudios y todavía son más los que han ralentizado sus procesos de aprendizaje por sólo disponer de un teléfono celular desde el cual leer, hacer tareas, preparar los cursos y asistir a clases virtuales.
Entre los estudiantes de la educación superior hay de todos los grupos y clases sociales. Un pequeño segmento disfruta de buenos equipos, diversos dispositivos, conectividad permanente y de amplio ancho de banda. Una buena mayoría proviene de familias que han invertido en computadoras pagadas a plazos y en conectividad precaria para favorecer que sus hijos permanezcan en su empeño formativo. Sin embargo, también es verdad que hay una franja enorme de estudiantes mexicanos que no cuentan con los recursos suficientes para realizar este gasto y que no tienen más que recurrir a teléfonos (generalmente de baja gama y con escasas funcionalidades) con los cuales han podido sobrellevar los cursos y cumplir con las exigencias escolares. A las tradicionales desigualdades sociales y culturales hoy tenemos que agregarles las enormes desigualdades de acceso a los recursos tecnológicos que hacen posible la participación en las clases y disponible al conocimiento.
En el contexto nacional son excepcionales las universidades que han entendido esta situación de desigualdad y diseñado estrategias que favorecen la equidad, para mejorar la permanencia y la continuidad de las clases. En la mayoría, el curso de la pandemia se ha atendido inercialmente, sin un sentido de comunidad, lejos de cualquier dinámica solidaria, dejando que cada estudiante resuelva como pueda.
Qué difícil es hacer entender a las burocracias universitarias, tan alejadas de las necesidades estudiantiles y tan distantes del trabajo académico que es prioritario apoyar a los estudiantes, que es indispensable brindar las condiciones para que puedan continuar con sus estudios. Si las universidades no reaccionan algo tendrían que estar haciendo la ANUIES y por supuesto la SEP al menos para conocer de las experiencias institucionales.
El empecinamiento burocrático es producto de la ignorancia, pues en México y en el mundo se están experimentando en diversas universidades medidas de apoyo directo a los estudiantes. Sin embargo, en muchas instituciones, después de casi dos años, pareciera que no hemos aprendido nada: las autoridades universitarias están conformes navegando en la incertidumbre, en la ausencia de políticas efectivas, pasmadas, esperando que a que todo vuelva a ser como en el pasado.
La inacción y la indolencia son inadmisibles ante la crisis que vivimos. Para las autoridades universitarias resulta cómodo administrar instituciones disminuidas, con sus agentes desmovilizados; están aprovechando la reclusión, conservando sus privilegios e incrementando el control perpetuando el miedo. Las universidades siguen gastando en el mantenimiento y en la construcción de edificios vacíos, continuando los negocios de contratistas y funcionarios. Mientras, miles de estudiantes se encuentran en el abandono y sin cobijo institucional.
Todas las universidades e instituciones de educación superior en México han logrado migrar sus clases a diversas plataformas de enseñanza remota; además han desarrollado sistemas de administración escolar en línea, modernizando y mejorando sus servicios. Sin embargo, este esfuerzo es insuficiente si no son capaces de volcarse en apoyo de sus estudiantes.
Los estudiantes son la prioridad. Hace falta que las universidades provean de equipos de cómputo y becas de conectividad a los estudiantes que lo requieran; sobre todo para los más desfavorecidos es indispensable el acompañamiento institucional y la ampliación de su grado de apropiación tecnológica. En general, ante la situación actual se impone una profunda transformación de los sistemas de tutorías para adaptarlos a las nuevas necesidades de comunicación. Es indispensable pensar con otros criterios las medidas de aislamiento y favorecer -con todas las medidas de sana distancia- la apertura de centros de cómputo, bibliotecas, centros de servicio y apoyo médico y psicológico. Tenemos la obligación de replantear la difusión cultural y la formación integral a los nuevos contextos y a las necesidades de los estudiantes.
