Gracias a la periodista Lourdes Mendoza, el viernes pasado nos enteramos que dos subsecretarios de Educación Pública solicitaron, “respetuosamente”, al Auditor Superior de la Federación (ASF) posponer la presentación del informe relativo a la “evaluación de la política educativa en el desarrollo económico de México” en el reporte final que ayer se entregó a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
Como sabemos, la ASF es el órgano técnico y con autonomía para fiscalizar el uso de los recursos públicos. Si usted desea saber cómo utiliza el gobierno sus impuestos, revise los diversos informes que produce la Auditoría. Estos documentos, en una democracia funcional, serían centrales para el uso transparente de recursos, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
Al parecer, esto no fue reconocido ni aceptado por Juan Pablo Arroyo y Luciano Concheiro, subsecretarios de educación media superior y superior, respectivamente, quienes adujeron en el informe sobre educación y desarrollo “inconsistencias metodológicas”, “análisis limitado”, “enfoque economicista” y “mercantilista”, sesgos, afirmaciones “cuestionables”, “escaso sustento”, “cuantificación imprecisa” del gasto, tono “pretencioso”, omisión de “múltiples estudios”, “imprecisiones” conceptuales, poca originalidad de las sugerencias, y errores en el uso de la terminología educativa.
Como en cualquier actividad humana, puede haber errores; pero el tono reactivo del oficio de la SEP denota poca madurez del funcionario que posee una alta responsabilidad pública. No los está regañando la ASF, sino llamando la atención sobre una relación (educación-economía) que a todos importa e implica. Se trata de saber si las políticas públicas funcionan o no, cosa muy distinta a si una evaluación es congruente con las creencias del gobierno en turno.
Lo que sí fue un error, como lo documentó Lourdes Mendoza, fue inventar un recurso ilegal (“recalendarización”) para no incluir los resultados de esa evaluación en el informe final de la ASF. ¿Cedió el auditor Superior de la Federación a presiones del Ejecutivo Federal, como lo mencionó el legislador del PAN, Iván Rodríguez, en su toma de postura en la Cámara de Diputados? Esto podría causar la remoción del auditor de su cargo. ¿Le “palomearon” el informe final en Palacio Nacional, como sugirió el diputado? Al momento de escribir esta columna, no era público el informe para verificar si la evaluación de políticas estaba incluida. Pero hay algo más: el oficio de los subsecretarios se equivoca al decir que el rezago educativo es un concepto sólo aplicable a la educación básica y no al bachillerato cuando éste es obligatorio desde 2012. Así lo reconoce y mide el Coneval, otro órgano autónomo. ¿Querrá la 4T sólo auditorías a conveniencia?
