Carlos Ornelas
En el gobierno de la Cuarta Transformación la política de aspiraciones desplazó al gobierno por planes y programas. La ideología preside la vida institucional y se despliega vigorosa en la plaza pública; las mañaneras marcan la pauta. El desgobierno causa infortunios en el presente y las consecuencias futuras serán execrables, pienso.
El mantra ideológico: cualquier programa que tenga el sello de los gobiernos anteriores es detestable por neoliberal. Y a darle contra la corrupción del pasado, pero sin tocar la del presente. Una de los alegorías que evaden la racionalidad administrativa es la llamada austeridad republicana que desmantela paso a paso a instituciones públicas que, aunque con yerros, prestan servicios fundamentales a la sociedad, como las escuelas de tiempo completo.
Para finiquitar este programa, el gobierno no había recurrido al argumento de la corrupción hasta que el presidente López Obrador se destapó en la mañanera del 7 de marzo: “porque ese programa, como otros, se manejaban con mucha intermediación, no llegaban a todos, no llegaban a las comunidades más pobres y en algunos casos ni siquiera se aplicaba y se utilizaba el recurso”.
No obstante, unos días antes había ordenado a su secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, justificar la desaparición de ese programa que, de acuerdo con las evaluaciones que efectuaron organismos internacionales, como la Unicef y organizaciones civiles nacionales, como Mexicanos Primero y México Evalúa y antes el extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, las escuelas de tiempo completo rendían frutos.
No de inmediato, pero sí en el lapso de dos o tres años, los alumnos mostraban avances en su aprendizaje. Ese programa era, además, una red de protección contra la violencia y en sus planteles la niñez practicaba artes y deportes. Más importante, ofrecía una colación a más de tres y medio millones de niños, la mayoría en zonas pobres y deprimidas. Claro, el presidente tiene otros datos y por eso apunta, contra toda evidencia, que no funcionaba.
Delfina Gómez Álvarez, aseguró que los fondos que se pensaba aplicar a las escuelas de tiempo completo irían a La Escuela es Nuestra, un programa más opaco que la oscuridad de la noche, sin reglas de operación ni herramientas de rendición de cuentas. La trama de que los padres de familia son honestos y que hacen buen uso de los recursos que les canaliza el gobierno es asunto de fe. Ideología mata a razón.
Sin embargo, la presión en la plaza pública tuvo consecuencias y, aunque no lo reconozca, el presidente reculó. Primero, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, contradijo: “Sí, vamos a mantener las Escuelas de Tiempo Completo en la ciudad, estamos trabajando con recursos propios, obviamente la Secretaría de Educación Pública participa porque lo más importante es el personal docente” (Excélsior, 05/03/2022).
Luego, otros 13 gobiernos estatales, incluso unos de Morena, replicaron la consigna y mantendrán el programa. Eso fue lo que forzó al presidente a dar marcha atrás. Expresó que los padres y madres de familia podrían destinar los fondos de La Escuela es Nuestra, para mantener las escuelas de tiempo completo: “los pueden aplicar en eso y en lo que ellos decidan, pero son las escuelas donde están sus hijos, y lo que no queremos es toda la intermediación burocrática, porque todos estos programas los crearon cuando prevalecía la corrupción”.
Pienso que más que acabar con la corrupción (que se reproduce al por mayor en la 4T), quitarle fondos a la educación persigue un fin mezquino: financiar las ideas geniales del presidente: dos bocas, tren maya y un modesto aeropuerto. Aspiraciones que surgieron de la imaginación de AMLO, no de proyectos bien pensados.
