Maelvi Muñoz, coordinadora de la Licenciatura en Ciencias de la Educación del ITESO, señala que la medida tendrá afectaciones no sólo en la formación de las infancias, sino también en otros aspectos de las vidas de quienes eran beneficiados por el programa.
Asistir a una escuela de tiempo completo repercute en el desempeño educativo de las infancias, pero no sólo eso. Por ejemplo, en Chile, el programa impactó en sectores más vulnerables ante riesgos sociales como las drogas y la explotación infantil. El modelo de una jornada escolar completa permite, además, que el estudiantado adquiera otros conocimientos no necesariamente vinculados con el desempeño académico, pero sí con el desarrollo de habilidades para la vida. Por esta y otras razones, para Maelvi Muñoz el anuncio de la cancelación del Programa Escuelas de Tiempo Completo del gobierno federal representa “un castigo a los beneficiarios por algo de lo que no son responsables”.
El pasado 28 de febrero, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer la eliminación del programa. El argumento principal, como ha ocurrido con otros programas que han desaparecido en la administración de Andrés Manuel López Obrador, es que el modelo se prestaba a prácticas de corrupción. Para Muñoz Álvarez, maestra en Educación y Gestión del Conocimiento y licenciada en Psicología por el ITESO, se trata de “una decisión sin sustento en una evaluación del programa. No han mostrado datos. Antes de tomar una decisión de este tipo lo primero debería haber sido retomar los objetivos, identificar qué funciona y qué no, hacer mejoras políticas para auditar los recursos”.
La también coordinadora de la carrera de Ciencias de la Educación del ITESO señala que los resultados del programa se medían usando las pruebas Evaluación Nacional de Logros Académicos en Centros Escolares (ENLACE), primero, y después por el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea). Los resultados permitieron ver reducciones en el rezago académico en escuelas de más marginación. Dicho de otro modo, las escuelas de los sectores más vulnerables de la población eran las que tenían un mayor impacto. Además, tenían otros beneficios relacionados, por ejemplo, con temas de salud, ya que en muchos casos las y los menores comían en la escuela, lo que podía representar su única comida diaria, o al menos la más completa. Con la desaparición de este modelo escolar se verán afectados 3 millones 600 mil niñas, niños y adolescentes.
Muñoz hace una pregunta: “¿A cargo de quién van a quedar? Las familias van a tener que reorganizarse como puedan”. La investigadora explica que se puede prever una afectación económica, porque muchas madres de familia veían en el modelo la posibilidad de trabajar y dejar a sus hijas e hijos en un entorno seguro, que ha desaparecido. Ahora deberán dejar de trabajar o encargar a sus hijos con alguien más. O, en el peor de los escenarios, quedarán a la deriva en la calle, con la posibilidad de que terminen siendo reclutados por el crimen organizado.
Otro aspecto preocupante es que con la desaparición de las escuelas de tiempo completo se hará más complicado que las familias de escasos recursos accedan a conocimientos extracurriculares, que quedarán sólo al alcance de quienes vivan en entornos más favorecidos económicamente.
A decir de la académica, sería indispensable hacer una investigación que indague en los otros efectos que ha tenido el modelo. Es decir, además del impacto académico, medir qué tanto ha incidido en la disminución de la deserción escolar, qué repercusiones ha tenido en la salud de las y los menores, y qué tanto han mejorado, o no, las condiciones en sus entornos. Además, agrega, sería importante que las instituciones de educación superior se involucren, pues “lo que ocurre en educación básica debería convocarnos a las universidades, porque todas las profesiones necesitan de una buena educación básica”.
Finalmente, acerca de la intención que algunos gobiernos estatales han expresado de mantener el programa y financiarlo con recursos locales, Muñoz concluye que el programa debería mantenerse como una iniciativa federal, ya que no todas las entidades pueden invertir los mismos recursos, de lo contrario, se acentuarían las desigualdades en el acceso a las oportunidades.
