Esta columna tiene el propósito de analizar el contexto de inseguridad que experimentan muchos centros escolares debido a la presencia del crimen organizado en muchas localidades y las implicaciones que tendría la implementación de la propuesta curricular 2022, que ubica como escenario educativo a las comunidades donde se ubican los planteles de la educación obligatoria.
Judith Galván comenta que en la base de datos BACRIM-2020 se identifican 150 grupos criminales en todo el país, así como las actividades a la que se dedican en cada una de las regiones de las 32 entidades federativas (https://www.elsoldelcentro.com.mx/mexico/sociedad/estudio-revela-que-150-grupos-criminales-operan-en-mexico-8250897.html). Aunque, no existen estadísticas sobre la presencia de los grupos criminales en los centros escolares nacionales, sí existen evidencias indirectas y casos anecdóticos que sugieren que este problema se presenta cotidianamente en algunas comunidades educativas. Dos fuentes del INEGI y una de la SEP nos pueden ayudar a dimensionar este problema: El Censo Económico, la Encuesta Nacional de Victimización y la Encuesta de Exclusión, Intolerancia y Violencia. Así, en el Censo Económico (2019) se preguntó si “el informante percibió riesgo de violencia y delincuencia en el ámbito geográfico de la colonia, localidad, municipio o entidad donde se ubica la escuela”. Los resultados indican que, a nivel nacional, el 24% de los informantes escolares reportó que la inseguridad pública es un problema que enfrentan para realizar sus actividades escolares. Es decir, una de cada cuatro escuelas está ubicada en un entorno peligroso (para alumnos y docentes), siendo los planteles más grandes (arriba de 250 estudiantes) los que viven mayormente esta problemática, cuya incidencia fue de 32%, es decir, 1 de cada 3 escuelas vive en un contexto de inseguridad; información que se puede desagregar por entidad federativa y conocer los estados cuyas comunidades educativas experimentan mayor inseguridad (https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2019/#Tabuladospero).
Por otro lado, se ha reportado la presencia de grupos criminales en las escuelas que obligan a los directores a permitirles la venta de drogas o a pagarles derecho de piso. En Aguascalientes se han dado casos de extorsiones en las escuelas, ya sea telefónicamente o vía correo electrónico (https://www.lja.mx/2019/11/tres-extorsiones-a-escuelas-secundarias-durante-la-semana-pasada-en-aguascalientes/). Lo mismo ha pasado en las escuelas de Morelos donde los delincuentes han exigido dinero a cambio de no dañar a los alumnos y maestros, por lo que algunos docentes han solicitado su cambio de adscripción en los municipios de Tetecala, Coatlán del Río y Cuernavaca (https://www.xeu.mx/policiaca/1215073/revelan-extorsiones-de-delincuencia-organizada-a-directores-de-escuelas-para-no-danar-a-alumnos). En el estado de Coahuila también se han detectado intentos de extorsión en los municipios de San Pedro, San Juan de Sabinas, Piedras Negras, Saltillo y Torreón (https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/2021/alertan-a-escuelas-en-c…). Más aún, existen también reportes de que en algunas escuelas son los propios estudiantes los que están vendiendo drogas, por ejemplo en Zacatecas (https://ljz.mx/13/03/2018/un-problema-serio-venta-de-drogas-en-escuelas-…) y esto no solo en el bachillerato sino también en la secundaria e incluso en la primaria (https://laopinion.com/2015/03/19/alerta-sobre-venta-de-droga-en-escuelas-mexicanas/). Estos jemplos muestran que el problema de la inseguridad no solo se vive en los entornos de las escuelas, sino en ellas mismas.
En estas condiciones preocupa la puesta en marcha de la propuesta curricular 2022, que plantea que el escenario principal de la enseñanza escolar sea el contexto social de la comunidad/territorio donde se ubica la escuela, para lo cual el docente tendrá que salir con sus alumnos a observar la realidad que se vive, de donde deberán aprender los distintos contenidos curriculares que además, los lleven a diseñar proyectos con la participación de los padres, madres y otros actores involucrados desde sus propoios saberes tradicionales. Sacar a los estudiantes de todos los niveles educativos de un lugar seguro y protegido, que es el recinto escolar, implicará exponerlos diariamente a las condiciones de inseguridad que priven en los entornos donde se ubiquen 1 de cada 4 escuelas. Aún, en los casos donde el entorno no sea inseguro, siempre se correrá el riesgo de que sucedan accidentes por el solo hecho de exponerse a condiciones del entorno social. En todos los casos, uno se pregunta si la escuela o el docente responderá por la integridad física de cada uno de los estudiantes que salgan a la calle.
En síntesis, aunque es muy importante que los alumnos aprendan de su entorno social y que la educación se vincule con la comunidad donde se ubica la escuela, resulta muy peligroso para el caso de México implementar un modelo curricular cuya práctica pedagógica se realiza fuera de un recinto protegido o bien dentro, pero con la participación de otros actores que no necesariamente están vinculados a la propia institución. Consecuentemente, la SEP será la única responsable de la integridad física y psicológica de alumnos y de docentes.
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