El viernes, la titular de la Secretaría de Educación Pública, la profesora Delfina Gómez, y sus homólogos de las 32 entidades federativas del país acordaron poner en marcha la estrategia “Vamos todas y todos por la educación”. Ante los efectos de la pandemia como la exclusión escolar y la pérdida de conocimientos, habilidades y destrezas, habrá que “identificar a estudiantes intermitentes” o que no asisten a clases para que “regresen a las aulas y recuperen sus aprendizajes” (Boletín SEP 147).
Se pretende que esta estrategia involucre a directivos, docentes, madres y padres de familia, tutores, así como a la comunidad escolar, para ofrecer “apoyo a las escuelas en temas académicos” y de “fortalecimiento de habilidades socioemocionales”. También, habrá jornada ampliada y alimentación, y al inicio del ciclo 2022-2023 se entregarán útiles, uniformes y becas. Al maestro, se le ofrecerán “metodologías innovadoras” para la recuperación de aprendizajes y habrá dos “evaluaciones diagnósticas”. La primera del 5 al 15 de septiembre “para identificar las condiciones de ingreso de las y los alumnos, a fin de establecer las estrategias para la recuperación de aprendizajes, y la segunda del 1 al 10 de febrero de 2023, para valorar sus avances”.
Sin duda alguna, el anuncio es valioso. A reserva de conocer un documento más detallado, de la iniciativa valoro dos cosas. Primero, que se acuerden estrategias en conjunto con las y los secretarios de educación de los diferentes estados de la República, agrupados en el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu). Esperamos que lo que construye Conaedu no lo destruya la Mañanera. Segundo, es urgente enfrentar los efectos de la pandemia sobre las trayectorias escolares desde distintos ángulos. Flexibilizar las reglas de “control escolar”, como se propone, es promisorio.
Pese a estos aciertos, también hay dudas. Primero, ¿cómo se complementarán y utilizarán los datos de la evaluación diagnóstica con la realizadas por la Mejoredu y por otras entidades federativas como Nuevo León y Querétaro? La segunda interrogante está relacionada con el supuesto de que al regresar a la escuela todos vamos a aprender automáticamente.
Si bien ya contamos con algunos cálculos sobre la pérdida de aprendizajes y debemos “colocar a la recuperación educativa en lo más alto de la agenda pública” (Unesco, Unicef, BM y DI), para que la estrategia de la SEP tenga mayor impacto, hay que responder cómo un mayor tiempo dentro de la escuela se puede traducir en una mejora continua de la educación. De acuerdo con el Panorama de la Educación 2021, México dedica 8.6 por ciento más de horas de instrucción obligatoria en la primaria y secundaria públicas que el promedio de la OCDE (8,300 y 7,637 respectivamente), pero no es el país que obtiene mejores resultados. Además, los currículums en nuestro país son menos flexibles que los de otras naciones. En primaria, por ejemplo, se concentra en áreas como lectura, escritura, matemáticas, ciencias naturales y temas “obligatorios”, pero sin ofrecer contenidos variados. Esto se repite en secundaria, lo que lleva a pensar que la autonomía curricular es una mera aspiración de la escuela mexicana.
Es imprescindible volver todas y todos a la escuela, pero cambiando prácticas, reglas y tradiciones que restrigen el desarrollo de nuestras capacidades. Más tiempo escolar no necesariamente se traduce en más y mejores aprendizajes, aunque lo primero sea altamente valorado por la sociedad. Necesitamos gobiernos que aprendan y enseñen.
