Erica Franco Lavín
La incertidumbre en torno a temas educativos se ha presentado de manera constante en diversos proyectos y programas que se implementan a lo largo de los cambios transexenales, en esta ocasión la esperanza ha sido mayor en torno a una verdadera revalorización de la labor docente, término por cierto, acuñado por las propias autoridades educativas en el inicio de este periodo de gobierno, sin embargo, la falta de correctas políticas públicas en el ámbito educativo o quizá la falta de interés de los altos funcionarios, han ensombrecido las buenas intenciones de los discursos del titular del Poder Ejecutivo.
Los incentivos por el mérito docente que la USICAMM ofrece desde el año pasado ha dejado muchas inconformidades a lo largo y ancho de nuestro país, son pocos los recursos destinados para permitir que los maestros y maestras sean promovidos, la inequidad y falta de claridad en los resultados, la disparidad de los techos financieros de las entidades, como en el caso de Michoacán, donde de manera irresponsable lanzaron una convocatoria de Promoción Horizontal y operaron todo el proceso de 2021, para que al final, las propias autoridades de UESICAMM reconocieran que no tenían recursos para que los maestros estatales pudieran acceder a dicha promoción, a pesar de haber concluido satisfactoriamente las evaluaciones y todo lo que se requería, dicho proceso quedó a la deriva y dejo fuera a los maestros del sistema estatal.
Por otro lado, los docentes a nivel nacional se generaron altas expectativas ante la promesa de dignificación salarial, anuncio hecho el 15 de mayo, sin embargo el desencanto surgió cuando en voz del secretario de hacienda Rogelio Ramírez de la O, expuso que la Estrategia para el fortalecimiento del sector educativo, el cual contemplaba 25 mil millones de pesos para una población de 1,181,351 maestros, se daría de manera diferente a otros años, hoy se asignaría mediante una tabla que clasificaba en tres grupos a los docentes, los que tenían sueldos menores a 10,000 a quienes se les asignaría un 3%, a los que percibieran un sueldo entre 10,000 a 15,000 , sería un aumento de 2%, y a los que ganaran entre 15,000 y 20,000 solo un 1%; considerando además un aumento general de un punto porcentual.
Este aumento diferenciado fue motivo de incertidumbre entre el magisterio nacional, ya que la premisa de dar más a los que menos ganan, aparentemente denota equidad y justicia, sin embargo, en el sector educativo, miles de maestros, sobre todo los que llevan ya décadas en el servicio, han mejorado su sueldo a través de los años y por la participación en programas que se han ido implementado en diferentes gobiernos, y es de notar, que aun incrementando su salario, éste no se compara con el de altos funcionarios que llegan a puestos solamente por favores políticos, es decir, un gran porcentaje de docentes no recibe un salario digno por su labor, y los aumentos de cada año resultan raquíticos y simbólicos.
Desde mayo la incertidumbre sigue existiendo, el análisis de lo justo que pudo ser el aumento, pero sobre todo, la esperanza de saber que al fin llegó la revalorización del magisterio lo sabremos hasta que dispersen el recurso a las entidades y se refleje el aumento salarial, en tanto no se dé, solo existen especulaciones de lo que sucederá; desconocemos cuáles son las dificultades administrativas u operativa-financieras para que el aumento prometido desde mayo y el retroactivo respectivo no pueda ser pagado en lo inmediato, pero lo más cuestionable es que existan represiones ante los movimientos magisteriales que emergen en estados como Tabasco, donde la demanda es por demás legítima y su manifestación por el pago de quincenas y retroactivo no tiene que ser acallada con represión policiaca.
Ante tales circunstancias, es menester reconocer que los trabajadores de la educación a nivel nacional siguen realizando una extraordinaria labor y mantienen la esperanza de ver dignificado su salario, el discurso trillado de la revalorización esta desgastándose, es necesario traducir las palabras en acciones, debe ser una prioridad gubernamental garantizar que no exista precariedad en el sueldo de los maestros y maestras de México, pero más aún, es imprescindible que no exista ningún docente que tengan que salir a manifestarse porque sus derechos legítimos le son negados.
