El sector científico del país continua cuestionando la normativa y buscando cursos de acción para cambiarla
Alejandro Canales
Si hay un nuevo marco normativo y ahí dice que los nombres son otros, resulta razonable actuar en consecuencia y operar con las denominaciones que correspondan. El problema es cuando ese marco es cuestionado e inestable. A pesar de que ya está en vigor, legisladores y ciudadanos están por impugnar su validez y legalidad.
La modificación de los nombres no es nada irrelevante y es tan sencillo de entender como cuando a uno el cambian el nombre o se refieren a algo o alguien de forma equivocada. En el actual periodo de gobierno se han instaurado nuevas formas de referencia y construido una narrativa. Ahí está la reiterada “4T” o la palabra “bienestar” utilizadas machaconamente por los funcionarios públicos en sus discursos y en toda acción realizada.
Algunos ciudadanos están convencidos de la exactitud de esas palabras, otros no ocultan la ironía de los términos y tal vez los más les tiene sin cuidado. El paso del tiempo mostrará si la narrativa se sostiene y si se corresponde o no con los hechos. No será la primera vez que un gobierno quiere ser identificado por sus acciones, como en los años ochenta aquel que quería la renovación moral, el de los noventa con su modernización, solidaridad y su liberalismo social, el de los 2000 con el cambio inexorable o el anterior que quería mover a México. Al final, solo quedó el eco de las palabras.
Ahora, en el sector, antes de que el nuevo marco normativo fuera aprobado, la autoridad ya se refería al organismo rector de la política científica como el Conacyt de la 4T, también cambió el nombre de algunos programas, como el de las Cátedras Conacyt o el Padrón Nacional de Posgrados o más recientemente el SNI.
Al día siguiente de publicada la nueva ley general de ciencia, comenzó el cambio de nombre del organismo rector de la política científica en sus cuentas de redes sociales, luego en el dominio asignado en internet y más recientemente en el arco de la puerta principal de su edificio de Insurgentes sur. Ahora luce su nueva denominación: Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías; logotipo y siglas incluidas (Conahcyt).
Sin embargo, el nuevo marco normativo del sector no solamente incluye cambios nominales, también prevé nuevas instancias, estructuras y formas de regulación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Así que el asunto ya no parece tan sencillo y tampoco se pueden soslayar las consecuencias en una eventual impugnación de su legalidad.
Por ejemplo, en la nueva ley general está prevista la instauración de una Junta de Gobierno como máxima autoridad de todo el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología —no solamente del Conahcyt— y como tal tiene casi una veintena de atribuciones, entre ellas la de regular el SNI, la integración del Sistema Nacional de Posgrados, normar el programa de becas y decidir qué temas son respaldados y quiénes pueden recibir becas nacionales o al extranjero.
A la Junta también le corresponde la distribución del presupuesto anual del Conahcyt, los criterios de racionalización del gasto administrativo, la aprobación de las políticas y el programa sectorial y reconocer o desincorporar a los Centros Públicos de Investigación, entre otras responsabilidades.
La nueva Junta de Gobierno ya debe estar instalada, porque la directora del Conahcyt, Elena Álvarez-Buylla dijo que este miércoles 7 de junio les presentaría los nuevos reglamentos que “los teníamos ya muy trabajados, porque no es que ahora estemos iniciando la transformación del Consejo” (La Jornada 05.06.2023).
Así que el órgano establecerá ordenamientos secundarios y cursos de acción con efectos diferidos para todo el sistema. Sin embargo, desde el mes pasado, organizaciones como Ciencia Plural MX, Uniendo Caminos México y otras agrupaciones científicas han interpuesto amparos en contra del decreto de la nueva ley general de ciencia. De hecho, al final de la semana pasada informaron que ya se había admitido un primer amparo en Ensenada, Baja California.
A su vez, legisladores de oposición informaron que el pasado 2 de junio presentaron las primeras acciones de inconstitucionalidad, las cuales incluyen a seis de las 19 reformas aprobadas el mes pasado y este 7 de junio presentarían otro bloque en el que se incluye la ley general de ciencia (El Universal 02.06.2023). El grupo plural de cuatro senadores notificó en su cuenta oficial de Twitter que también se sumaría a la misma acción.
En fin, como se podrá advertir, la nueva ley exhibe una fragilidad legal que podría equipararse a estar sostenida con alfileres y, al mismo tiempo, fija atribuciones que serán difíciles de revertir.
¿Qué prevalecerá al final? El conflicto se dirimirá en la Suprema Corte de Justicia y por los elementos de prueba que se han mostrado es probable que la nueva ley sea invalidada. Sin embargo, eso tal vez solo retrasará la vigencia de la nueva ley porque el proceso en algún punto se repondrá y los números ahí están.
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