Durante casi 40 años, la investigación educativa ha identificado los problemas que enfrentamos los y las académicas en la universidad pública mexicana. Precariedad de nuestras condiciones de trabajo, habilitación disciplinar apresurada (Gil-Antón), esquemas de evaluación rígidos, poca atención al desarrollo intelectual y docente, estratificación, y una “participación marginal en el diseño e implementación de las políticas públicas y programas específicos que regulan [nuestro] trabajo” (Galaz y Martínez Stack).
Por esto, otros colegas sugieren “transformar las formas de gobierno” de la universidad (Ordorika, Martínez y Ramírez). Las y los académicos debemos ser partícipes de la vida universitaria y así guiar nuestra propia carrera profesional y no esperar que alguien más nos la imponga o defina. En ese sentido, las formas de representación de las y los académicos en los cuerpos colegiados de las universidades es central y deben surgir de reglas claras y procesos cuidados que aseguren confianza y otorguen legitimidad.
Lamentablemente, esto se olvidó el pasado jueves 3 de agosto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ. En primer lugar, el proceso de elección del consejero universitario docente fue apresurado. No hubo un registro previo de candidatos. Sobre la marcha se definieron los contendientes, impidiendo conocer sus propuestas de manera detallada. ¿Por qué si en nuestras clases enseñamos las características del “gobierno por discusión” (J.S. Mill) en la vida cotidiana lo olvidamos?
Segundo, el padrón de profesores no fue transparentado llamando la atención un aumento de alrededor de 60 por ciento de profesores con respecto al semestre anterior. ¿Es proporcional este exponencial crecimiento con la demanda de la matrícula de estudiantes y la tasa de ingreso? En meses previos, la directora de la Facultad, la doctora Marcela Ávila Eggleton, había reconocido en un Consejo Académico que la demanda en algunas carreras había caído. Si en nuestras clases enseñamos la necesidad de que la administración pública se conduzca con criterios racionales, ¿fue éste el caso o hay una motivación estacional por incrementar el número de maestros y maestros?
Tercero, se propuso como nuestro representante de docentes ante el Consejo Universitario al secretario académico de la Facultad. Aunque no hay impedimento legal para ello, los que propusieron y defendieron esta opción omitieron pensar que la elección iba a ser inequitativa. ¿En nuestras clases sobre teoría de la democracia y sistema de partidos justificamos esto? ¿Es el ”haiga sido como haiga sido”? Además, el secretario académico de la facultad tiene la función de asignar las clases a los profesores convirtiéndose en un recurso de poder sobre ellos dependiendo del tipo de contratación. Al participar entonces este funcionario en la elección de consejero la libertad de votar libremente se restringe. Es un hecho.
Por estas razones, un grupo de profesoras y profesores de la Facultad exigimos públicamente la restitución del proceso de la Asamblea General Anual de maestros en ejercicio para elegir a nuestro representante. Exijimos una convocatoria clara, un padrón transparentado, mecanismos de deliberación pública, una comisión electoral que asegure que se vote en libertad, y que el proceso de votación sea transparente y sistemático para que ofrezca certeza, legalidad y legitimidad. Fue preocupante que al socializar esta exigencia varios docentes apoyaron la demanda pero optaron por no hacerlo público por temor a represalías. En nuestra democracia, las y los universitarios de la UAQ debemos pensar y actuar radicalmente distinto al político tradicional. Aún tenemos esta libertad.
